Propuestas de la sociedad civil para reformar la política de drogas en Colombia

Mientras se realiza la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas (Ungass 2016) en Nueva York, en la que Colombia es protagonista por su discurso progresista en la materia, organizaciones de la sociedad civil llaman al Gobierno colombiano a profundizar a nivel interno las reformas que pide en el debate global. Esta es su declaración.

Bogotá D.C.

Abril de 2016

Un conjunto de actores de organizaciones de la sociedad civil, (ONG, organizaciones de base, sectores académicos, centros de pensamiento, e investigadores) nos hemos reunido con el propósito de conformar una coalición nacional a favor de reformas a la política de drogas en Colombia.

Esta coalición valora el liderazgo del Gobierno colombiano en el debate global que ha desembocado en la realización de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), que se llevará a cabo del 19 al 21 de abril en Nueva York. También destacamos el esfuerzo diplomático desplegado en la negociación del documento de resultados y la voluntad de informar a la sociedad civil sobre sus posiciones en estos escenarios.

Resaltamos la importancia de la suspensión de la aspersión aérea, el avance en la reglamentación del uso medicinal de la marihuana y la consideración de alternativas al encarcelamiento para delitos menores de drogas, así como el fortalecimiento del papel de los sectores Justicia y Salud en las decisiones relacionadas con la política de drogas.

Consideramos que es el momento propicio para avanzar en la profundización de las reformas para alinear la política nacional en materia de drogas con las posiciones defendidas a nivel internacional, priorizando las obligaciones en derechos humanos, el desarrollo integral en los territorios y la construcción de paz.

Los cambios deben propender hacia los siguientes objetivos. Primero, la descriminalización y el cese de toda clase de persecución de los pequeños productores y de los usuarios de las sustancias declaradas ilícitas y el reconocimiento de sus derechos. Segundo, al abordaje del fenómeno de las drogas bajo un enfoque de desarrollo humano, de salud pública e integración social, que garanticen la materialización de derechos fundamentales para las comunidades afectadas, así como el acceso a servicios adecuados de prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños integrados al sistema de salud para quienes voluntariamente requieran acceder a ellos. Tercero, a la adopción de medidas para reducir el encarcelamiento por estos delitos y a afrontar los determinantes sociales que explican la vinculación de la población a estas actividades. Cuarto, a adelantar estrategias más inteligentes de política criminal, en coherencia con otras políticas, que permitan desmontar el crimen organizado y sus alianzas con otros sectores. Quinto, a mejorar el entendimiento y la implementación del enfoque diferencial para jóvenes, mujeres y poblaciones indígenas, campesinas o afrocolombianas. Y sexto, a eliminar las barreras para el acceso efectivo de las sustancias fiscalizadas con fines médicos y a potenciar los usos industriales y científicos de la coca, la amapola y la marihuana.

Hacemos un llamado a que se exploren nuevos enfoques en la política de drogas y se permita a las entidades territoriales innovar en este sentido, bajo escenarios de experimentación controlada, donde prevalezcan la toma de decisiones basadas en evidencia y no en prejuicios. Solicitamos al gobierno dar un mandato claro para que las autoridades en los diferentes niveles del Estado y de acuerdo con las competencias establecidas en la ley, garanticen el respeto de los derechos humanos en la implementación de las políticas de drogas. Específicamente, solicitamos que las políticas para reducir los cultivos de uso ilícito se sustenten en un enfoque de desarrollo humano regional y participativo, por lo que consideraríamos un grave retroceso y error que, después del rol jugado por Colombia en el debate internacional, la respuesta a los informes sobre el aumento de los cultivos de coca fuera la reactivación del programa de erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida Glifosato, u otra molécula, que puedan continuar afectando a ecosistemas y comunidades.

Colombia ha pagado un alto costo por haber priorizado un enfoque de guerra contra las drogas en términos de vidas pérdidas y arruinadas, marginación de comunidades, deterioro del Estado de derecho y otros daños e injusticias evitables. Es tiempo de realizar reformas internas acordes con una interpretación adecuada e integral de derecho internacional a la luz de los nuevos desafíos y realidades para llevar a la próxima cita de la Asamblea de Naciones Unidas en 2019 una experiencia acumulada que muestre la superioridad ética y práctica del cambio de paradigma que se ha defendido hasta hoy.

Las organizaciones y personas firmantes ratificamos nuestra intención de contribuir, desde nuestra capacidad y experticia, a la construcción colectiva de las políticas que desde un enfoque de salud, desarrollo y derechos humanos faciliten la implementación de los acuerdos de paz, el tránsito de políticas de guerra hacia políticas de paz y la reforma integral de la política de drogas. Esperamos, con esta iniciativa, continuar el diálogo e intercambio entre la sociedad civil y el Gobierno Nacional.

A título institucional:

Indepaz

Mujeres por el cambio de la política de drogas.

Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT).

Acción Técnica Social

Elementa DD.HH.

Humanas Colombia

Dejusticia

Vivamos Humanos

Fundación Ideas para la Paz

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

Oservatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos 

Firman a título personal

Javier Cuadros. Investigador tema de cultivos de coca y territorio.

Catalina Niño. Directora del Programa de Seguridad Regional en América Latina y del Proyecto de Reforma a la Política de Drogas de la Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Aura María Puyana. Investigadora del Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos.

Camilo Segura Álvarez. Editor de ¡Pacifista!

Juan Camilo Maldonado. Director de contenidos de Vice Colombia.

Luis Eduardo Celis. Analista en temas de conflicto y paz.

Ignacio Landa. Evaluador de proyectos cannábicos. Investigador en cultivos de uso ilícito.

Yamile Salinas Abdala. Analista temas de derechos humanos.

Daniel Pacheco. Periodista.

Henry Salgado. Investigador en desarrollo rural y alternativo.

Marcela Muñoz. Líder social del Putumayo e Investigadora en asuntos agrarios.

Fabiola Piñacué Achicué y David Curtidor Argüello. Representantes legales de Coca Nasa.

Julián Wilches. Investigador, ex director de política de drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia.

César Jeréz. Coordinador Nacional de ANZORC.

Ricardo Vargas. Investigador en tema de política de drogas.

Hernando Zuleta González. Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas - CESED

Mientras se realiza la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas (Ungass 2016) en Nueva York, en la que Colombia es protagonista por su discurso progresista en la materia, organizaciones de la sociedad civil llaman al Gobierno colombiano a profundizar a nivel interno las reformas que pide en el debate global. Esta es su declaración.

Bogotá D.C.

Abril de 2016

Un conjunto de actores de organizaciones de la sociedad civil, (ONG, organizaciones de base, sectores académicos, centros de pensamiento, e investigadores) nos hemos reunido con el propósito de conformar una coalición nacional a favor de reformas a la política de drogas en Colombia.

Esta coalición valora el liderazgo del Gobierno colombiano en el debate global que ha desembocado en la realización de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), que se llevará a cabo del 19 al 21 de abril en Nueva York. También destacamos el esfuerzo diplomático desplegado en la negociación del documento de resultados y la voluntad de informar a la sociedad civil sobre sus posiciones en estos escenarios.

Resaltamos la importancia de la suspensión de la aspersión aérea, el avance en la reglamentación del uso medicinal de la marihuana y la consideración de alternativas al encarcelamiento para delitos menores de drogas, así como el fortalecimiento del papel de los sectores Justicia y Salud en las decisiones relacionadas con la política de drogas.

Consideramos que es el momento propicio para avanzar en la profundización de las reformas para alinear la política nacional en materia de drogas con las posiciones defendidas a nivel internacional, priorizando las obligaciones en derechos humanos, el desarrollo integral en los territorios y la construcción de paz.

Los cambios deben propender hacia los siguientes objetivos. Primero, la descriminalización y el cese de toda clase de persecución de los pequeños productores y de los usuarios de las sustancias declaradas ilícitas y el reconocimiento de sus derechos. Segundo, al abordaje del fenómeno de las drogas bajo un enfoque de desarrollo humano, de salud pública e integración social, que garanticen la materialización de derechos fundamentales para las comunidades afectadas, así como el acceso a servicios adecuados de prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños integrados al sistema de salud para quienes voluntariamente requieran acceder a ellos. Tercero, a la adopción de medidas para reducir el encarcelamiento por estos delitos y a afrontar los determinantes sociales que explican la vinculación de la población a estas actividades. Cuarto, a adelantar estrategias más inteligentes de política criminal, en coherencia con otras políticas, que permitan desmontar el crimen organizado y sus alianzas con otros sectores. Quinto, a mejorar el entendimiento y la implementación del enfoque diferencial para jóvenes, mujeres y poblaciones indígenas, campesinas o afrocolombianas. Y sexto, a eliminar las barreras para el acceso efectivo de las sustancias fiscalizadas con fines médicos y a potenciar los usos industriales y científicos de la coca, la amapola y la marihuana.

Hacemos un llamado a que se exploren nuevos enfoques en la política de drogas y se permita a las entidades territoriales innovar en este sentido, bajo escenarios de experimentación controlada, donde prevalezcan la toma de decisiones basadas en evidencia y no en prejuicios. Solicitamos al gobierno dar un mandato claro para que las autoridades en los diferentes niveles del Estado y de acuerdo con las competencias establecidas en la ley, garanticen el respeto de los derechos humanos en la implementación de las políticas de drogas. Específicamente, solicitamos que las políticas para reducir los cultivos de uso ilícito se sustenten en un enfoque de desarrollo humano regional y participativo, por lo que consideraríamos un grave retroceso y error que, después del rol jugado por Colombia en el debate internacional, la respuesta a los informes sobre el aumento de los cultivos de coca fuera la reactivación del programa de erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida Glifosato, u otra molécula, que puedan continuar afectando a ecosistemas y comunidades.

Colombia ha pagado un alto costo por haber priorizado un enfoque de guerra contra las drogas en términos de vidas pérdidas y arruinadas, marginación de comunidades, deterioro del Estado de derecho y otros daños e injusticias evitables. Es tiempo de realizar reformas internas acordes con una interpretación adecuada e integral de derecho internacional a la luz de los nuevos desafíos y realidades para llevar a la próxima cita de la Asamblea de Naciones Unidas en 2019 una experiencia acumulada que muestre la superioridad ética y práctica del cambio de paradigma que se ha defendido hasta hoy.

Las organizaciones y personas firmantes ratificamos nuestra intención de contribuir, desde nuestra capacidad y experticia, a la construcción colectiva de las políticas que desde un enfoque de salud, desarrollo y derechos humanos faciliten la implementación de los acuerdos de paz, el tránsito de políticas de guerra hacia políticas de paz y la reforma integral de la política de drogas. Esperamos, con esta iniciativa, continuar el diálogo e intercambio entre la sociedad civil y el Gobierno Nacional.

A título institucional:

Indepaz

Mujeres por el cambio de la política de drogas.

Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT).

Acción Técnica Social

Elementa DD.HH.

Humanas Colombia

Dejusticia

Vivamos Humanos

Fundación Ideas para la Paz

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

Oservatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos 

Firman a título personal

Javier Cuadros. Investigador tema de cultivos de coca y territorio.

Catalina Niño. Directora del Programa de Seguridad Regional en América Latina y del Proyecto de Reforma a la Política de Drogas de la Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Aura María Puyana. Investigadora del Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos.

Camilo Segura Álvarez. Editor de ¡Pacifista!

Juan Camilo Maldonado. Director de contenidos de Vice Colombia.

Luis Eduardo Celis. Analista en temas de conflicto y paz.

Ignacio Landa. Evaluador de proyectos cannábicos. Investigador en cultivos de uso ilícito.

Yamile Salinas Abdala. Analista temas de derechos humanos.

Daniel Pacheco. Periodista.

Henry Salgado. Investigador en desarrollo rural y alternativo.

Marcela Muñoz. Líder social del Putumayo e Investigadora en asuntos agrarios.

Fabiola Piñacué Achicué y David Curtidor Argüello. Representantes legales de Coca Nasa.

Julián Wilches. Investigador, ex director de política de drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia.

César Jeréz. Coordinador Nacional de ANZORC.

Ricardo Vargas. Investigador en tema de política de drogas.

Hernando Zuleta González. Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas - CESED