Sudán, entre la violencia en Darfur y la inestabilidad de los golpes de Estado
La más reciente ola de violencia en Darfur, en el oeste de Sudán, muestra la continuidad de una conflicto que se vive, por lo menos, desde principios del siglo. La inestabilidad política, reflejada en varios golpes de Estado, empeoran el panorama del país africano.
El 29 de mayo se conoció que el jefe del Ejército de Sudán, Abdel Fattah al Burhan, levantó el estado de emergencia que regía el país desde el golpe de Estado del año pasado, cuando los militares despojaron del poder a los civiles, con quienes habían pactado hacer la transición a la democracia en el país africano en 2019, tras treinta años de la dictadura de Omar al Bashir. Además, en las primeras semanas de junio, se llevó a cabo el diálogo entre los militares, Naciones Unidas, la Unión Africana (UA) y la organización de cooperación regional del este del continente, IGAD, calificado por el general Burhan como “una oportunidad histórica”, pero boicoteado por las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FLC), que encabezaron la revuelta de 2019, y el Partido Umma, dada la ausencia de los civiles en el encuentro. En medio de ello, la nueva ola de violencia que tomó lugar en Darfur, dejando a más de cien personas muertas, muestra que el conflicto en Sudán, que sufre de pobreza, inestabilidad y enfrentamientos raciales, está lejos de cesar.
Una historia atravesada por golpes de Estado, por la inestabilidad política
Apenas en 2019, Sudán vivió un golpe de Estado con el que los militares removieron del poder a Omar al Bashir, quien, gracias a otro asalto de la mano de los militares, estuvo a la cabeza del régimen por treinta años. Desde entonces, el país experimentó una transición en la que militares y civiles compartían el poder.
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Según el profesor Felipe Medina Gutiérrez, “la era Al-Bashir dio paso a una transición dominada por los militares, a pesar de que la presión de diferentes comités de resistencia y sectores de la sociedad civil, especialmente a raíz de la masacre del 3 de junio de 2019, donde las fuerzas de seguridad mataron a más de 100 personas, hizo que se acordara un gobierno de transición conjunto entre militares y civiles, con el objetivo de celebrar elecciones en 2022, pero rechazado nuevamente por una pluralidad de sectores políticos y sociales del país. Así, la violencia permaneció”.
Fruto de las tensiones entre dichos actores, se dio el más reciente golpe de Estado, en octubre de 2021, con el que se disolvió la cúpula civil del gobierno de transición. Así, tras el anuncio del general sudanés Abdel Fattah al Burhan, la mayoría de los miembros civiles fueron detenidos. Frente a ello, la sociedad civil no se quedó callada. La Asociación de Profesionales, una de las cabezas de la revuelta de 2019, llamó a la desobediencia civil en Jartum, la capital. El sindicato de médicos y bancarios también se unió a las protestas en la ciudad, hundida ya en el caos, sin internet y con las calles repletas de gente, en un contexto de gran inestabilidad. Los niveles de tensión alcanzaron tal punto que tres manifestantes murieron y al menos 80 resultaron heridos, según reportes médicos. Esto, luego de que el ministerio de Información diera a conocer que “los soldados dispararon con balas reales sobre manifestantes opuestos al golpe de Estado militar frente al cuartel general del Ejército”.
Ocho meses después de lo ocurrido, los civiles permanecen excluidos en el manejo del país, y prueba de ello es que mientras que el diálogo que se llevó a cabo entre los militares e instancias internacionales excluyó a las organizaciones civiles, la represión a los manifestantes prodemocracia ha provocado la muerte de más de una centena de ellos.
Un conflicto violento de décadas
El conflicto de Darfur es un enfrentamiento armado con razones raciales entre milicianos árabes y tribus negras africanas. Comenzó en 2003 cuando grupos étnicos africanos se rebelaron contra el gobierno de mayoría árabe y lo acusaron de discriminación, lo que, en ese entonces, dejó 300.000 personas muertas y obligó a 2,5 millones de habitantes a abandonar sus hogares, según datos de Naciones Unidas. Desde entonces, la violencia continúa.
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En la última semana, más de 100 personas murieron en enfrentamientos interétnicos en el oeste de Sudán, según informó un líder tribal. “Los combates mataron a 117 personas y dejaron 14 aldeas quemadas en la localidad de Kolbus, en Darfur Occidental”, dijo Ibrahim Hashem, líder de la etnia africana Gimir.
Ahora bien, en abril también se vivió un hecho similar. Adam Regal, portavoz de la Coordinación General para los Refugiados y Desplazados de Darfur, informó en ese entonces que, al menos, 168 personas murieron en enfrentamientos entre grupos rivales. En esa ocasión, el último estallido de violencia se produjo después de que hombres armados de una tribu árabe atacaran a los pueblos de la minoría Massalit, en represalia por el asesinato de dos miembros de su tribu, informó la Coordinación General para los Refugiados y Desplazados de Darfur.
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El 29 de mayo se conoció que el jefe del Ejército de Sudán, Abdel Fattah al Burhan, levantó el estado de emergencia que regía el país desde el golpe de Estado del año pasado, cuando los militares despojaron del poder a los civiles, con quienes habían pactado hacer la transición a la democracia en el país africano en 2019, tras treinta años de la dictadura de Omar al Bashir. Además, en las primeras semanas de junio, se llevó a cabo el diálogo entre los militares, Naciones Unidas, la Unión Africana (UA) y la organización de cooperación regional del este del continente, IGAD, calificado por el general Burhan como “una oportunidad histórica”, pero boicoteado por las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FLC), que encabezaron la revuelta de 2019, y el Partido Umma, dada la ausencia de los civiles en el encuentro. En medio de ello, la nueva ola de violencia que tomó lugar en Darfur, dejando a más de cien personas muertas, muestra que el conflicto en Sudán, que sufre de pobreza, inestabilidad y enfrentamientos raciales, está lejos de cesar.
Una historia atravesada por golpes de Estado, por la inestabilidad política
Apenas en 2019, Sudán vivió un golpe de Estado con el que los militares removieron del poder a Omar al Bashir, quien, gracias a otro asalto de la mano de los militares, estuvo a la cabeza del régimen por treinta años. Desde entonces, el país experimentó una transición en la que militares y civiles compartían el poder.
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Según el profesor Felipe Medina Gutiérrez, “la era Al-Bashir dio paso a una transición dominada por los militares, a pesar de que la presión de diferentes comités de resistencia y sectores de la sociedad civil, especialmente a raíz de la masacre del 3 de junio de 2019, donde las fuerzas de seguridad mataron a más de 100 personas, hizo que se acordara un gobierno de transición conjunto entre militares y civiles, con el objetivo de celebrar elecciones en 2022, pero rechazado nuevamente por una pluralidad de sectores políticos y sociales del país. Así, la violencia permaneció”.
Fruto de las tensiones entre dichos actores, se dio el más reciente golpe de Estado, en octubre de 2021, con el que se disolvió la cúpula civil del gobierno de transición. Así, tras el anuncio del general sudanés Abdel Fattah al Burhan, la mayoría de los miembros civiles fueron detenidos. Frente a ello, la sociedad civil no se quedó callada. La Asociación de Profesionales, una de las cabezas de la revuelta de 2019, llamó a la desobediencia civil en Jartum, la capital. El sindicato de médicos y bancarios también se unió a las protestas en la ciudad, hundida ya en el caos, sin internet y con las calles repletas de gente, en un contexto de gran inestabilidad. Los niveles de tensión alcanzaron tal punto que tres manifestantes murieron y al menos 80 resultaron heridos, según reportes médicos. Esto, luego de que el ministerio de Información diera a conocer que “los soldados dispararon con balas reales sobre manifestantes opuestos al golpe de Estado militar frente al cuartel general del Ejército”.
Ocho meses después de lo ocurrido, los civiles permanecen excluidos en el manejo del país, y prueba de ello es que mientras que el diálogo que se llevó a cabo entre los militares e instancias internacionales excluyó a las organizaciones civiles, la represión a los manifestantes prodemocracia ha provocado la muerte de más de una centena de ellos.
Un conflicto violento de décadas
El conflicto de Darfur es un enfrentamiento armado con razones raciales entre milicianos árabes y tribus negras africanas. Comenzó en 2003 cuando grupos étnicos africanos se rebelaron contra el gobierno de mayoría árabe y lo acusaron de discriminación, lo que, en ese entonces, dejó 300.000 personas muertas y obligó a 2,5 millones de habitantes a abandonar sus hogares, según datos de Naciones Unidas. Desde entonces, la violencia continúa.
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Ahora bien, en abril también se vivió un hecho similar. Adam Regal, portavoz de la Coordinación General para los Refugiados y Desplazados de Darfur, informó en ese entonces que, al menos, 168 personas murieron en enfrentamientos entre grupos rivales. En esa ocasión, el último estallido de violencia se produjo después de que hombres armados de una tribu árabe atacaran a los pueblos de la minoría Massalit, en represalia por el asesinato de dos miembros de su tribu, informó la Coordinación General para los Refugiados y Desplazados de Darfur.
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