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En 2017, la palabra corrupción se convirtió en sinónimo de política en casi todos los continentes y enmarcó la acción gubernamental en países tan diferentes como China, Arabia Saudita y Brasil. La corrupción y los escándalos relacionados derribaron a presidentes y primeros ministros, inhabilitaron a dirigentes políticos opositores, e impulsaron revueltas “populistas” en todo el mundo. Nuestra era actual de turbulencia política no se puede entender si no se tiene en cuenta la inconducta sistemática de los funcionarios.
En Brasil, continúan las investigaciones sobre lo que un juez describió como un “esquema de corrupción sistemática” montado entre funcionarios públicos y la megapetrolera brasileña Petrobras. Las investigaciones llevaron al juicio político y la destitución, en agosto de 2016, de la presidenta Dilma Rousseff, y en julio de este año el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió una condena a prisión.
En Corea del Sur, un escándalo de corrupción provocó el juicio político y la destitución en marzo de la presidenta Park Geun-hye y el encarcelamiento en agosto de Lee Jae-yong, heredero natural de Samsung.
En Pakistán, la Suprema Corte destituyó en julio al primer ministro Nawaz Sharif, acusado de corrupción por presuntas compras de propiedades en Londres en los años noventa a través de empresas offshore y a nombre de sus hijos, que estuvieron ocultas hasta la filtración de los Papeles de Panamá en 2015.
En la Rusia del presidente Vladimir Putin, la corrupción florece en el nexo entre la política de Estado y las grandes empresas: oligarcas leales son también los más fiables ejecutores de la agenda política de Putin. Pero la corrupción también es producto de exportación: Putin está difundiendo su fórmula de antiliberalismo, nacionalismo y autoritarismo a exrepúblicas soviéticas, a Europa e incluso a Estados Unidos.
Y en Hungría, acusaciones de favoritismo persiguen al primer ministro Viktor Orbán, quien fortaleció su poder cultivando estrechos vínculos con los oligarcas del país.
Como vengo registrando hace un decenio, la corrupción no es sólo cuestión de sobornos o transacciones ilícitas. También incluye conductas legales que son una falta contra la confianza pública, a menudo cometidas por “élites secretas” que asumen un entramado de funciones en los sectores público y privado, a veces en forma simultánea.
La multiplicación de conductas impunes de funcionarios que actuaban en beneficio propio no pasó inadvertida para el ciudadano de a pie. En Estados Unidos, lo que denomino la “nueva corrupción” fue una inquietud central tanto del Tea Party, a la derecha, cuanto de Occupy Wall Street, a la izquierda. Ambos movimientos cuestionaron los rescates a Wall Street tras la crisis de 2008 y los vieron como prueba de que el sistema está arreglado.
Ya van tres años consecutivos que en una encuesta sobre inquietudes de los estadounidenses realizada por la Universidad Chapman la corrupción figura como principal preocupación, incluso más que el delito, el terrorismo o la muerte de algún familiar. Fue en parte explotando estas inquietudes como Donald Trump obtuvo la presidencia en 2016.
Pero a pesar de su promesa de “limpiar la ciénaga” de la política de Washington, dedicó 2017 a ampliarla y profundizarla. Un sinnúmero de socios de Trump encontraron trabajo y subieron su cotización en la famosa “K-street”, centro neurálgico del cabildeo en Washington. Algunos buscaron empleo como lobbistas de potencias extranjeras (pese a que el Trump candidato había acusado a su rival de dejarse influir por otros países).
Además, Trump armó un equipo de asesores con conexiones financieras directas con los sectores que supuestamente deben controlar, así como exlobbistas, incluidos algunos que trabajan para regímenes extranjeros. Él mismo llevó la corrupción pública a un nivel de exhibición prácticamente inédito en Estados Unidos.
Entre sus muchas faltas a la confianza pública, Trump se negó a desprenderse de sus inversiones empresariales o publicar sus declaraciones de impuestos, e instaló a familiares en poderosos cargos oficiales y extraoficiales.
Además, algunos miembros de su gabinete se valieron de recursos públicos para uso personal y privado. Hasta ahora, el único funcionario que tuvo que rendir cuentas de este proceder fue Tom Price, quien en septiembre renunció al cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos después de que la prensa informó que había cargado numerosos vuelos privados a la cuenta de los contribuyentes.
Puede que en algún momento Trump y sus socios enfrenten graves acusaciones de corrupción, según lo que el exdirector del FBI, Robert Mueller, descubra en su cada vez más amplia investigación de la interferencia rusa en la elección de 2016. Mueller ya acusó formalmente al ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y a un viejo socio de Manafort, Rick Gates. Muchos observadores dudan de que el gobierno de Trump llegue al final del mandato electoral en 2020.
Pero los ciudadanos deben saber que cuando las campañas anticorrupción alcanzan a funcionarios de alto nivel, suele seguir un largo período de incertidumbre. Por ejemplo, aunque la vasta investigación anticorrupción en Brasil cosechó el elogio internacional, no logró recuperar la estabilidad política o financiera. Por el contrario, según el Consejo de Relaciones Exteriores, Brasil padece una “inédita insatisfacción de los votantes” y no hay a la vista un líder capaz de reconstruir la confianza pública.
El resultado de las investigaciones anticorrupción depende en gran medida del contexto político y económico del país. Por ejemplo, en Pakistán es habitual que el poder político pase de manos entre miembros de una misma familia; tras ser depuesto, Sharif intentó nombrar a su hermano como sucesor; y en septiembre, su esposa fue electa para ocupar el escaño que dejó vacante en el parlamento.
En otros países, regímenes autoritarios usan esas mismas investigaciones para neutralizar a la oposición. En julio, el gobierno de Polonia, controlado por el partido antiliberal Ley y Justicia (PiS), tuvo cierto éxito en su intento de poner el sistema judicial bajo control de la política, con el argumento de que los tribunales habían sido corrompidos por las “élites”.
Y en China, el presidente Xi Jinping usó con destreza una campaña anticorrupción para purgar a rivales políticos y saldar cuentas (algo que el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salmán, parece estar imitando, en un intento de concentrar el poder en sus manos). El sistema unipartidista permitió a China mantener una apariencia de estabilidad durante la cada vez más intensa campaña represiva. Pero algunos analistas sostienen que bajo la superficie bulle un extendido malestar, y que la corrupción endémica de las élites gobernantes está quitando base de sustentación al sistema político del país.
Esto apunta en definitiva a la tendencia visible este año: los ciudadanos oponiéndose a la corrupción en todas sus formas. En Polonia, amplias protestas obligaron al presidente a vetar gran parte de los intentos del PiS de avanzar sobre el poder judicial. En Venezuela, hubo protestas contra la corrupción todo el año. Y en Rusia, miles de ciudadanos salieron a las calles para manifestarse contra el régimen cleptocrático de Putin, inspirados en parte por el activista anticorrupción Alexei Navalny, que lleva tiempo movilizando a la oposición rusa con su campaña contra “corruptos y ladrones” dirigida al partido Rusia Unida de Putin.
Puede que hoy en muchos países falte activismo cívico en la mayoría de los temas. Pero la corrupción no es uno de ellos. Tanto interesó a la gente como para trastocar la política en 2016 y otra vez en 2017, y no hay motivos para creer que 2018 vaya a ser diferente.
*Antropóloga y profesora universitaria en la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason.
Traducción: Esteban Flamini.
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