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Brasil es uno de los países con mayores niveles de violencia contra la comunidad LGBTI en América Latina. El año pasado, según un informe del Grupo Gay de Bahía, se registraron 445 muertes relacionadas con la homofobia y la discriminación sexual.
El miedo a demostrar afecto en público, el difícil acceso a la educación, la impunidad por los crímenes cometidos contra los miembros de la comunidad y el discurso del odio son algunas situaciones a las que las personas con sexualidad e identidad de género diversas se enfrentan en las calles de Brasil.
Si bien la falta de garantías de los derechos económicos, sociales y culturales es una denuncia colectiva de la comunidad LGBTI a escala internacional, para una persona trans esta dificultad incrementa, especialmente -aunque no exclusivamente- en Brasil. Según el informe “Dossier de asesinatos y violencias contra travestis y transexuales en Brasil”, publicado en enero por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE), con un índice del 41 %, Brasil es el país con más asesinatos a personas trans en el mundo.
“Finalmente, si eres gay o lesbiana es un tema de sexualidad y se maneja con un poco más de secretismo, mientras que construir una identidad (como lo hace una persona trans) es algo más visible y puede acarrear expulsiones del sistema. Si te expulsan de tu casa luego no podrás asistir a un colegio (en donde también te pueden expulsar) y luego no conseguirás un trabajo”, explicó Mauricio Noguera, miembro de Race & Equality a El Espectador.
Según el estudio “Muertes violentas de la población LGBT en Brasil”, realizado por el Grupo Gay de Bahía (GCB), una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de los homosexuales en Brasil, en 2018 se registraron 445 muertes (incluyendo suicidios) de homosexuales y transexuales en el país.
Asimismo, de 163 personas trans que en 2018 perdieron la vida de forma violenta, 158 eran mujeres, cuatro hombres y una era una persona no binaria (que no se identifica con ningún género).
“En Brasil, el acceso a la información de entidades como la Fiscalía es muy limitado y, aunque no es algo que pasa solo en ese país, no hay reportes oficiales. Las cifras que ofrece el Estado son limitadas o simplemente no se ofrecen.”, señaló Noguera.
Robeyoncé Lima, primera diputada trans en ser elegida para la Asamblea del estado de Pernambuco, dice que se viven momentos complejos. “Hay mucho miedo. Cuando salimos de la casa no sabemos si vamos a regresar con vida. Siempre hubo prejuicios, pero ahora son más grandes porque es como si el presidente legitimara la violencia en nuestra contra”.
Según Lima, “Bolsonaro está intentando prohibir que se hable de género y diversidad en las escuelas con un proyecto de ley que se llama ‘Escuela sin partido’. Estamos luchando contra esto, porque es necesario que la niñez converse de estos temas”.
Por otra parte, Leandro Ramos, director de programas de All Out, organización internacional que lucha por los derechos LGBTI, aseguró que el principal daño que Bolsonaro le ha hecho a la comunidad desde su llegada al poder tiene que ver con la legitimización del discurso del odio. “Él ha construido su carrera política con base en ese tipo de discursos. De alguna manera, que haya llegado a la Presidencia sugiere que la gente piensa que lo que él dice y hace es lo correcto”.
“El problema no fue su elección en sí misma, el asunto es que el nivel de violencia que aumentó después de que fue elegido presidente”, dijo Jean Wyllys, primer diputado brasileño abiertamente gay elegido en Brasil, después de renunciar a su cargo y de exiliarse por las continuas amenazas de muerte que recibió en los últimos años.
Wyllys, miembro de Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus siglas en inglés) explica cómo opera la discriminación que padece la comunidad LGBTI de Brasil. “La escuela no educa contra el prejuicio y no protege del bullying a los niños y adolescentes LGBTI por presión de los fundamentalistas religiosos. No hay buenas políticas públicas nacionales para combatir la discriminación en el mundo del trabajo. Las personas trans, por ejemplo, tienen enormes dificultades para conseguir empleo y, en muchos casos, son prácticamente obligadas a entrar en la prostitución, allí son explotadas y no tienen derecho a nada. Los discursos de odio contra las personas LGBTI circulan libremente en la política y la religión, lo que aumenta la violencia y los crímenes de odio. Hace falta mucha política pública para ayudar a cambiar todo esto”, señaló en un artículo publicado en el sitio web de Parlamentarios para la Acción Global.
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Aunque Brasil tiene una ley conocida como la “Ley antirracismo”, que prohíbe la discriminación motivada por preceptos de raza, etnia, religión y nacionalidad, pero que no incluye la orientación sexual y la identidad de género como razones de discriminación, Ramos considera que “no existe ninguna legislación para prohibir los crímenes de odio o para que sean reconocidos como tal. Si matas a una persona da igual que la hayas matado por homofobia o no”. La criminalización contra la homofobia no es nacional. En capitales como São Paulo y Brasilia es administrativa, es decir, el agresor no es aprisionado, sino que debe pagar una multa.
Pese a los grandes “peros” del sistema judicial, los LGBTI han logrado varios avances en temas de derechos, como el reconocimiento del matrimonio igualitario, que se legalizó en 2013 por decisión del Consejo Nacional de la Justicia (CNJ). Asimismo, en enero de 2018 el Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió que las personas trans podrían cambiar su nombre en el registro civil sin necesidad de atravesar procedimientos quirúrgicos de cambio de sexo.
“La comunidad se ha empezado a organizar y el instrumento de lucha de hoy son las marchas gais. Hay varias propuestas que se están debatiendo en el Congreso Nacional y que podrían cambiar el panorama de la población en el país”, aseguro Fábio Félix Silveira, asistente social, activista y diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Se dijo en la jornada inaugural del IV Encuentro de Liderazgos LGBTI
"Debemos hacer un activismo que vaya más allá de nuestras necesidades individuales. Es necesario hacerlo pensando en las necesidades de toda la población LGBTI”: Annise Parker, directora de Victory Institute.
"Hay que ir sacando de nuestro vocabulario la palabra tolerancia, pues lo que buscamos es respeto”: Coronel Sandra Mora, jefa de la oficina de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana de Bogotá.
"La población LGBTI no tiene confianza en el actual Gobierno”: Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo
