Por: Yesid Reyes Alvarado

Cadena perpetua: verdades a medias

COMENZÓ LA DISCUSIÓN SOBRE LA posibilidad de implantar cadena perpetua para quienes cometan delitos sexuales en contra de niños.

Los defensores de la iniciativa afirman que la única posibilidad de evitar que el autor de uno de estos crímenes reincida, es recluyéndolo en una prisión por el resto de su vida. Sin embargo, no se le ha dicho a la opinión pública que conforme a nuestra tradición legislativa, las normas penales fijan para cada delito una pena mínima y otra máxima, dejando así la posibilidad de que el juez se mueva en ese rango para dosificarla de acuerdo con las características particulares de cada hecho punible.

En palabras simples, esto significa que aun después de que se apruebe la implantación de la cadena perpetua para estos delitos, se seguirán imponiendo penas de duración limitada. ¿Qué van a decir los promotores del proyecto cuando un juez decida que en un caso concreto la sanción imponible es de un número fijo de años? ¿Aceptarán la decisión y con ello renunciarán a su teoría conforme a la cual esta clase de delincuentes sólo pueden ser castigados con reclusión hasta su muerte? ¿O promoverán una nueva modificación legal para quitarles a los jueces toda discrecionalidad en la aplicación de la pena y forzarlos a que en todos los casos se aplique la prisión de por vida?

Se ha aprovechado la publicidad que se otorgó al caso del llamado “monstruo de Amstetten” para ponerlo como ejemplo del tratamiento que deben recibir los violadores de niños. Pero no se le ha explicado suficientemente a la opinión pública que este austríaco será sometido a un tratamiento siquiátrico, que al cabo de 15 años se evaluará su recuperación y que, en caso de que ésta se demuestre, podrá salir de prisión.

Los defensores del referendo omiten esos detalles del caso Fritzl porque demuestran algo que han ocultado de manera reiterada: que la cadena perpetua no es necesariamente perpetua. Citan como apoyo a su propuesta el caso de Estados Unidos y de algunos países europeos en los que esa medida existe, pero omiten señalar que en todos ellos está previsto que después de un tiempo que oscila entre los 10 y los 15 años, los condenados sean objeto de una evaluación sobre su rehabilitación que, en caso de ser favorable, les permite recuperar su libertad.

El Fiscal General afirmó que al implantarse la reclusión perpetua se evitaría que los condenados por esos delitos recibieran beneficios jurídicos. Pero olvidó precisar que desde el 2006 existe una ley que prohíbe el reconocimiento de los mismos en casos donde las víctimas sean menores de edad. Aseguró que por no existir esa sanción en nuestro país, hace poco un hombre acusado de violar a una niña recuperó su libertad por ser mayor de  72 años. Pero olvidó aclarar que la excarcelación por razones de edad no es obligatoria, sino tan sólo potestativa de los jueces en atención a cada caso concreto.

La discusión sobre este tema es indispensable para conocer las ventajas y desventajas de la propuesta; pero es importante que en el afán de obtener respaldo popular para el proyecto no se digan verdades a medias, porque ellas pueden conducir en el futuro a mayores frustraciones.

 

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