Alistan $10.4 billones para blindar al país ante amenazas externas

El impuesto al patrimonio aprobado por el Congreso se utilizará en buena parte para proteger al país.

Simultáneo a la aprobación del llamado impuesto de guerra en el Congreso de la República, el Gobierno decidió reasignar las partidas presupuestarias para un rubro al que ahora el país le está poniendo mayor atención: la amenaza externa.

Fuentes consultadas por Elespectador.com comentaron que el alto Gobierno decidió tomar las precauciones necesarias luego del llamamiento del presidente Hugo Chávez a los venezolanos a prepararse para la guerra.  

No obstante, los altos mando militares y el Ministerio de Defensa mantienen la decisión en reserva e insisten en que los recursos serán destinados para proteger a los colombianos de una amenaza que siempre ha existido, es decir, la guerrilla.

"El impuesto al patrimonio se requiere para garantizar la Seguridad Democrática y fortalecer las capacidades estratégicas de Colombia frente a amenaza que no teníamos en epocas anteriores", señaló el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján.

El jefe de la cartera de la Defensa dijo que los recursos serán discutidos con el presidente Álvaro Uribe y con el Ministro de Hacienda y se buscará principalmente fortalecer la consolidación de la Seguridad Democrática, con énfasis en la Seguridad Ciudadana, incrementando el pie de fuerza de la Policía, más vehículos, más inteligencia, mejores equipos de comunicaciones, más tecnología para enfrentar la delincuencia urbana.

Sin embargo, Silva reconoció que la Fuerzas Armadas necesitan incrementar sus capacidades estratégicas.

El proyecto está compuesto por tres grandes partes: mantener el impuesto al patrimonio durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; reducir del 40 al 30 por ciento la deducción por compra de activos productivos y dejar como único beneficio para las zonas francas la tarifa de renta del 15 por ciento.

En el caso de las tarifas del Impuesto al Patrimonio, el Congreso aprobó un 0,6 por ciento para los patrimonios líquidos gravables entre 3 mil y 5 mil millones de pesos; y una tarifa del 1,2 por ciento para los patrimonios mayores de 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con las cifras manejadas por el Gobierno, este gravamen será pagado por cerca de 9.300 grandes contribuyentes sean personas naturales o jurídicas, los sectores más pudientes del país, y no afecta a la clase media ni a los sectores populares de la población.