Ordenan revolcón a planes de salud para víctimas de la violencia

La Corte instó al Gobierno a diseñar toda una plataforma para garantizar atención especializada.

Un agresivo revolcón a los planes de atención en salud para las familias golpeadas por la violencia socio política que vive el país fue ordenado por la Corte Constitucional, tras amparar los derechos fundamentales de cuatro mujeres víctimas de la masacre de El Salado, Bolívar, que sufrieron graves afecciones siquiátricas, sin que hasta ahora hayan obtenido la debida atención médica.

En el propósito de que se haga efectivo este requerimiento, la Corporación le ordenó al Gobierno Nacional que en el término de seis meses establezca el mecanismo necesario para que se garantice la generación de tales programas de atención especializada, inlcuyendo la adquisición de recursos para la financiación de los diferentes programas.

Para la Corte, es evidente que las condiciones de excepcionalidad que viven estas personas, a causa de los vejámenes típicos de la guerra de la que pudieron ser víctimas o testigos, por cuanto los tratamientos a los que deben acceder en materia de salud, tendrían contar con herramientas específicas, ausentes en los sistemas de salud convencionales, que incluso deben ser apoyadas por una formación del personal médico, en materia de conflicto socio político.

"Este Tribunal ordena al Ministerio de la Protección Social que, en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de esta providencia, en coordinación con las entidades encargadas de prestar los servicios de salud a nivel territorial, diseñe e implemente los protocolos, programas y políticas necesarias de atención en salud que respondan a las necesidades particulares de las víctimas del conflicto armado sus familias y comunidades, especialmente en lo referido a la recuperación de los impactos psicosociales, producidos por su exposición a eventos traumáticos desencadenados por la violencia sociopolítica en el país", advirtió la Corporación en su decisión.

Así mismo, ordenó que un plazo no mayor a 15 días empiecen a adelantar las gestiones tendientes a garantizar los tratamientos siquiátricos y sicológicos y algunos elementos complementarios, como los eventuales desplazamientos y alojamientos en otras ciudades para las víctimas de la masacre de El Salado, que, representadas por la Comisión Colombiana de Juristas, presentaron la tutela.

Esta decisión, proferida a través de la sentencia T-045 de 2010, amparó los derechos fundamentales de Diana Carmenza Redondo, Argénida Torres, María Romero y Juana Cárdenas, quienes, en vano, habían acudido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala de decisión Civil de Familia.

La Corte Constitucional revocó la dennegación inicial por parte del Tribunal y ordenó que en no menos de tres semanas se valore el estado de salud mental y física que afrontan las víctimas, luego de haber sido testigos de las inenarrables crueldades perpetradas por los grupos paramilitares que ejecutaron la masacre.

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