La China ejecutada

Más de 200 mil chinos han sido ejecutados desde que en 1983 el Estado implantó el ‘Yanda’.

Aún llevaba el dolor de la muerte de su esposo prendida hasta en los huesos, cuando un agente del correo oficial chino le entregó una caja de madera con la bala que lo había asesinado, y una orden de pago para las siguientes 36 horas. La señora de Hu Changging canceló los 15 dólares del cartucho de bala media hora más tarde, tal vez para olvidar lo más rápido posible un asunto que jamás podría olvidar: su marido había sido declarado culpable por el Tribunal Popular Supremo de haber aceptado desde su cargo de vicegobernador de Jiangxi la suma de 657.200 dólares en sobornos, y de algunos otros cargos más. Su juicio duró 21 días, y en él se le condenó a la pena de muerte.

La noticia fue difundida al mundo entero el 8 de marzo del 2000, para que ese mundo viera cómo el Gobierno de la República Popular China luchaba contra la corrupción y la vencía. Antes y después, miles de chinos fueron ejecutados. Unos en público con un disparo en la nuca; otros con una inyección letal, en oscuros sótanos recorridos por ratas y todo tipo de alimañas. La agencia de prensa estatal, Xinghua, ha dicho que por año, las ejecuciones no van más allá de 1.200. Los investigadores de Amnistía Internacional han informado decenas de veces que las muertos de la pena capital han superado los 10 mil, año tras año.

Diecisiete ejecuciones por día. Más de 500 procesos por mes. Quince días en promedio para dictar sentencia. Setenta y seis delitos castigables, el último de ellos, cortar la energía pública. Desde que el Estado implantó su campaña Yanda, “golpe contundente”, en 1983, 208 mil chinos perecieron por orden de los jueces. Ha habido estafadores, asesinos, corruptos y simples ladrones a quienes jamás se les comprobó su delito, como Huan Jingting, quien fue arrestado el 21 de mayo, dos años atrás, acusado de haberse robado un automóvil.

Tres días más tarde había sido ya procesado y condenado a muerte. Su abogado apeló. Sin embargo, sus recursos fueron rechazados en el término de 12 horas. El último día de mayo fue ejecutado. Algunos de sus parientes dijeron que el proceso se había adelantado porque desde la aprobación de las inyecciones letales, en 1996, los órganos de la mayoría de ejecutados eran vendidos a Japón y Europa. Un riñón, a razón de 500 mil dólares. Un corazón, a 750 mil.

Alarmados por la situación, algunos periodistas aprovecharon en julio del 2005 una gira europea del viceministro de Salud, Huang Jiefu, para interrogarlo sobre ese tráfico de órganos. Muy tranquilo, el funcionario respondió que  la mayoría de los órganos que se utilizan para trasplantes en China provenía de presos ejecutados. Luego fue más preciso: recalcó que el  99 por ciento de los cuerpos de los ejecutados eran reutilizados. Entre líneas, quería aclarar que la pena de muerte no sólo “limpiaba” a la sociedad de hampones, tránsfugas, malversadores, asesinos, drogadictos, traficantes y psicópatas, sino que servía a la salud de los decentes y honorables ciudadanos chinos. 

Pocos días después, el Gobierno informó que a partir de la fecha aquel que divulgara secretos de Estado o robara información confidencial por medio de la internet sería sentenciado a muerte. A los dos días, una banda de hackers fue desmantelada, y sus componentes, ejecutados. Sus cadáveres fueron expuestos para que el pueblo aprendiera de su propio dolor. Una semana más tarde, cuatro monjas fueron aisladas por “delitos religiosos”. A la mañana siguiente las encontraron muertas en la prisión de Drapchi. Las autoridades emitieron un comunicado según el cual se habían suicidado.


“Uno de los mayores problemas del sistema es la celeridad de las investigaciones, y la velocidad con la que deben decidir los jueces”, decía por aquellos tiempos el abogado Xu Zhou. Relataba para sustentar su apreciación que hacía poco, un narcotraficante de Chengdu, acusado de vender 2,1 kilogramos de heroína, había sido  condenado a muerte porque al juez le pareció que no demostraba arrepentimiento.

“La impresión del juez de que Chen Zhishi no suplicara ni protestara en el juicio influyó en la sentencia. Yo traté de objetar eso, pero fui interrumpido. Después se me vienen encima porque pierdo el 90 por ciento de mis casos y algunos clientes hasta me exigen que les devuelva su dinero”. Este año, el gobierno de Hu Jintao dictaminó que el Yanda debería aplicarse en dos fases. Durante  los primeros seis meses, tanto la Policía como la justicia y los ajusticiamientos tendrían que multiplicarse para reprender a todo aquel que violara las leyes. La orden de limpieza debía irradiar al territorio y a los más de 1.200 millones de chinos, para que en agosto el mundo viera y sintiera la pulcritud del régimen comunista.

Por ello, a comienzos de junio entró en vigencia la ley del artículo 119 para condenar a quienes “saboteen de forma negligente” las instalaciones de energía eléctrica. En los primeros días de julio los tribunales de justicia condenaron a la pena capital a tres sospechosos de haber atentado contra un oleoducto. ¿El móvil? Robo submarino de petróleo. ¿Las pérdidas? Cincuenta millones de dólares. ¿Las pruebas? Según grupos de defensa de derechos humanos, testimonios sobre testimonios delicadamente acomodados.

El próximo 8 de agosto, cuando el estadio de Beijing rompa en luces y espectáculos, en bailes y cantos, y la televisión y los diarios y los periodistas acreditados allí digan que jamás en la historia se vio una ceremonia más grandiosa en una apertura olímpica, cientos de miles de chinos estarán rigurosamente vigilados en sus casas y trabajos por oficiales de los distintos ejércitos, para que no salgan a decir lo que ya se sabe: que los Juegos son un negocio del mundo con China y viceversa, un supuesto show de juego limpio que atropelló la más mínima dosis de dignidad humana, y la más alta también: la vida.