Desacuerdo por nombramiento de los delegados de las víctimas en proceso por chuzadas

La diligencia judicial cumple más cinco horas y se espera que la fiscal General, Viviane Morales presente el escrito de acusación.

Más de una hora y media cumple el debate en la Corte Suprema de Justicia entre los representantes de las víctimas y los magistrados de la Sala Penal para lograr el nombramiento de los dos delegados de las víctimas que cumplirán funciones de voceros ante el alto tribunal en el proceso de las chuzadas.

El debate se presenta principalmente porque los abogados de las víctimas de los seguimientos e interceptaciones ilegales no están conformes con el nombramiento de solamente dos representantes y no piensan delegar el poder que les ha sido entregado por sus clientes.

Ante este hecho, los magistrados manifestaron la posibilidad de realizar un sorteo para escoger los dos representantes, situación que significó un nuevo aplazamiento para que los abogados pudieran debatir sobre este caso.

A primera hora de este martes los dos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema y los siete conjueces ratificaron su decisión de no avalar como víctimas de las chuzadas al partido Polo Democrático, Colectivo de Abogados José Alvear, la Fundación Internacional para los Derechos Humanos y al periodista Carlos Lozano.

Según la decisión del alto tribunal, estas personas naturales y jurídicas no están presentes en el escrito de acusación que presentará en la tarde de este martes la fiscal General, Viviane Morales, en contra de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno.

Sin embargo, pese a esta decisión los magistrados hicieron un llamado a la calma señalando que “no están excluidos para procesos futuros” advirtiendo que, según lo manifestado por la Fiscal General, en el momento se están adelantando otras investigaciones para que se les reconozcan como parte de un plan sistemático de desprestigio, así como de seguimientos ilegales e interceptaciones ilegales sin orden judicial.

No obstante, la Sala Penal decidió otorgar la condición de víctima a la destituida senadora Piedad Córdoba, así como a los excongresistas Gustavo Petro y Yidis Medina y a los magistrados Sigilfredo Espinoza, Augusto Ibáñez, Marina de Pulido, María del Rosario González y José Alfredo Escobar.

En la tarde de este martes, la jefe del ente investigador presentará ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación en contra de la exdirectora del DAS y el ex secretario general de Presidencia por su presunta responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales en contra de magistrados, congresistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

A Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública por su presunta participación en los seguimientos e interceptación ilegales.

La exdirectora del DAS, quien se encuentra cobijada con asilo territorial en Panamá, también tendrá que responder por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Ante esta situación, los abogados de las víctimas le solicitarán al alto tribunal que se emita una orden al Gobierno de Panamá para levante el asilo e igualmente se pedirá que se eleve a la consideración de delitos de lesa humanidad la actuación de la exdirectora del organismo de inteligencia.

En este caso no actúan siete de los nueves magistrados titulares de la Sala Penal pues se consideraron afectados por los seguimientos e interceptaciones, por lo que fueron designados conjueces.