“Hay que reconstruir la confianza”: Álvaro Jiménez

Cree que el Acuerdo de Paz firmado con las Farc les da garantías a las víctimas de minas, contrario a lo que ocurrió en el proceso con los paramilitares. Ahora el reto está en optimizar recursos y trabajar más por los civiles.

Álvaro Jiménez es analista político y del conflicto armado colombiano. / Cortesía
Álvaro Jiménez es analista político y del conflicto armado colombiano. / Cortesía

¿Cómo está el Acuerdo de Paz en cuanto a desminado?

Bastante bien, a mi juicio. En cuanto a minas antipersonal, tiene dos ejes como guía: primero, no habrá repetición, y esto se garantiza con el compromiso de las Farc de poner fin a su accionar armado, comprometiéndose a no volver a poner minas, ni a fabricarlas, transportarlas o desarrollar técnicas asociadas al uso de éstas. El segundo es que la guerrilla participará en el proceso de acción contra las minas, tanto en los cultivos ilícitos, como en lo relacionado con el punto de víctimas y justicia. Está previsto que haga reparación mediante acciones que la incorporan en el desminado. Las Farc, al igual que el Eln, de quienes aspiramos una rápida vinculación al momento de fin de la guerra que vive el país, son parte importante del proceso de solución del problema de las minas, porque, como bien se dice, si son parte del problema, son parte de la solución.

¿Cómo funciona hoy la justicia para las víctimas de minas antipersonales?

Este es el aspecto con menos avances. Durante la anterior Fiscalía, le indicamos al fiscal Montealegre que no había registro (luego de la ley producida en 2002) de ningún enjuiciamiento o condena por tenencia, fabricación, uso, transferencia o desarrollo tecnológico de las minas antipersonal. El entonces fiscal manifestó preocupación e indicó medidas, pero los avances no han sido muchos y en las anteriores fiscalías el Estado tampoco hizo mucho. Si se revisa, los registros de prensa muestran que en el proceso con los paramilitares se habla de captura de material de guerra, que incluye minas antipersonal. Recuerdo un caso en el Meta en el cual aparecen 2.000 minas antipersonal en un depósito, pero no hay capturas. Este es un hecho del 2005. Y por ejemplo, a pesar de que los grupos paramilitares desmovilizados fueron usuarios de minas, en ese proceso el tema no se tocó. El comisionado para la Paz de esa época, Luis Carlos Restrepo, en reunión formal en la Gobernación de Antioquia, cuando le requerí sobre la ausencia del tema minas antipersonal en el proceso con los paras, me contestó con toda tranquilidad: “Álvaro, ese tema se nos olvidó...”.

¿Cómo se determina a los responsables de la explosión de una mina antipersonal?

Es muy difícil, porque en la guerra uno más uno no da dos. La información de los medios o de las autoridades dice dónde explotó y lo adjudica a una guerrilla como un genérico, pero no se puede determinar un responsable concreto. Esas acusaciones generalizadas no sirven en procesos judiciales individuales porque se requieren pruebas, pero debo decir que, para nosotros como Campaña Colombiana Contra Minas Antipersonal, lo importante hoy y siempre ha sido cómo superar el problema y los retos que plantea. Por ello siempre hemos buscado compromisos para que se abandone el uso de estas armas, tanto por parte del Estado, como se logró en el 2001, como por parte de los actores armados no estatales, llámense guerrillas, paras, bacrim, etc. Por esa razón, desde 2001 planteamos la necesidad de acuerdos especiales sobre las minas antipersonal entre el Gobierno y los actores armados no estatales.

¿Qué tan avanzado está el país en atención a las víctimas?

Somos eficientes en la atención médica de emergencia. Pero, hay dificultades para la provisión de prótesis, rehabilitación psicológica, reintegración social y laboral. En una sola frase, no estamos garantizando la atención integral que mandan la ley y los acuerdos internacionales que hemos firmado, y, en especial, lo que manda la responsabilidad social e institucional frente a las víctimas, que son nuestros compatriotas y compañeros de viaje en este nuestro país.

¿Hay ejemplos efectivos en otros países que se puedan seguir?

La verdad, y es doloroso decirlo, es que los estados ponen más énfasis en sacar las minas que en garantizar la atención a las víctimas, por tanto, nuestra situación es buena cuando se contrasta con lo que ocurre en el mundo. Lo otro es que en Colombia las víctimas civiles están en peor situación que las que pertenecieron a las Fuerzas Armadas. Esto no está bien. Todos los sobrevivientes y las familias de las víctimas deben recibir los beneficios de la ley. Ese es el reto.

¿Sí ha funcionado el trabajo de desminado en El Orejón?

Desde luego, se han retirado minas del territorio, lo que es un resultado concreto. Son 19.000 m² liberados en un proyecto que va más allá de sacar minas, porque con el piloto se pretendía construir confianza en la comunidad, sobre sí misma, sobre su territorio y las autoridades y, por otro lado, estimular la confianza entre Farc y Ejército y entre los integrantes de la mesa de negociación de La Habana. Haberlo logrado es relevante en una sociedad con tantos dolores, odios e incomprensiones por superar. Ver al Ejército trabajando junto con las Farc, acompañados de Ayuda Popular Noruega, dio confianza a las partes y mostró un mundo no imaginado por las comunidades de esa zona y por el país.

¿Qué hay por hacer con el Eln?

Impulsar y acompañar a que avance en el diálogo, tanto a ellos como al Gobierno, y adicionalmente, recordarles que ellos ya tuvieron una experiencia de acuerdo humanitario con comunidades y ONG para limpiar de minas 13 kilómetros de una vía, lo que resultó positivo para las comunidades en Micoahumado, sur de Bolívar. Ese esfuerzo lo acompañamos con mucha dificultad, en medio de acusaciones por parte de la inteligencia estatal, pero fue positivo e impulsor de condiciones para el proceso de conversaciones con el Eln, que se tradujo en la experiencia de Casa de Paz en Medellín y la mesa de conversaciones en La Habana que se suspendió desafortunadamente en 2007.

¿Sería viable repetir esa experiencia?

Repetir sería desperdiciar todo lo aprendido. Pienso que hay que desarrollar una experiencia nueva y poner fin a la confrontación para cerrar estos ciclos de violencia que repetimos los colombianos generación tras generación. Hoy se trata de superar nuestra historia, la de todos, y a partir de esa convicción poner manos a la obra para reconstruir los escenarios comunitarios con paz y con desarrollo en las diferentes zonas. Para ello, el desminado humanitario, y en general la acción contra minas, ha demostrado desde hace muchos años ser una buena herramienta.

¿Qué es lo más difícil del desminado?

La cantidad de información falsa que circula. Recomiendo el ABC de las minas que construimos con la revista “Semana” para la Campaña Letras de Apoyo, porque permite comprender paso a paso el fenómeno. Lo otro es avanzar con precisión en los planes nacionales, sin generar expectativas para que las comunidades y los gobiernos locales confíen, porque a veces vendemos humo y en esto tanto administradores públicos como medios de comunicación, y nosotros como operadores de la acción contra minas, damos la sensación de que el problema se resolverá mañana, y no es así.

¿En qué debe actuar el Gobierno?

En todo, pero especialmente en su coordinación interna. Lo que hemos visto es que el problema, más que de dinero, es de optimizar recursos y para ello se requiere un liderazgo con capacidad y contexto favorable a la coordinación institucional entre lo nacional, lo departamental y lo local. Espero que el fin del conflicto armado lo permita. El otro elemento es la participación de las comunidades, algo de lo que se habla mucho, pero que es complejo de implementar, porque la confianza es lo primero que se debe reconstruir en zonas de conflicto. Allí tenemos que actuar todos, no sólo el Gobierno, esto es un asunto del conjunto de la sociedad, cada uno con su palito empujando en la misma dirección. Construir condiciones para que se rompa la exclusión, se construya democracia y se fortalezca una institucionalidad que nos proteja a todos. Para eso trabajamos y en eso creo.

¿De dónde nace su interés por liderar estas acciones?

Era gerente regional de la Gobernación en el nordeste de Antioquia, una función creada para fortalecer la institucionalidad en el departamento. En ese entonces los paramilitares del bloque Metro decidieron que les estorbaba mi presencia en la zona y me hicieron un atentado y tuve que irme a Bogotá. Estando aquí restablecí mi contacto en el tema de minas antipersonal, que era embrionario, y a partir del 2000, con un equipo pequeño, y el apoyo de la Dirección para la Reinserción de aquella época, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Unicef y los gobiernos de Noruega y Canadá, extendimos la campaña a todo el país.

¿Cuál es su anécdota en la vereda El Aporreado de Segovia?

Durante mi trabajo como gerente del nordeste Antioqueño en la Gobernación de Antioquia, en 1999, una de mis funciones era orientar, acompañar los procesos en los municipios impulsados por esa región. Segovia es un municipio donde la minería de oro ha hecho desaparecer la cultura campesina del pancoger. Allá promovía el establecimiento de estanques piscícolas para mejorar la capacidad alimenticia de la población. Un día, la Junta de Acción Comunal mencionó un accidente por explosión, por lo que me puse en la tarea de explicarles los riesgos haciendo una reunión con la comunidad en la vereda. Ingresar a esa zona se hacía luego de recibir una ficha por parte del Ejército y dejar la cédula en un puesto de control.

Cuando el comandante del Ejército supo de mi visita a la comunidad y su gente de inteligencia le dijo que había hablado sobre minas, insinuó que yo era guerrillero infiltrado en la Gobernación y le estaba enseñando a hacer minas a la gente de la comunidad. El viejo prejuicio que mata en Colombia. El alcalde, Alberto Cuassi, me puso en conocimiento de la situación, por lo que le pedí que habláramos directamente sobre el tema con el oficial, pero que nadie que no fuera guerrillero o militar sabía de minas porque era un tema de la guerra. Creo que eso influyó en definir que debía trabajar sobre el tema, porque la guerra afectaba esencialmente a los civiles y debían conocer sobre las minas.

¿Cómo nació la campaña Letras de Apoyo?

De la necesidad de hacer visibles a las víctimas civiles de las minas antipersonal. La Campaña Colombiana Contra las Minas Antipersonal, con Reconciliación Colombia, Caracol y Semana, impulsa esta iniciativa para visibilizar a las víctimas civiles que están desprotegidas, que tardan más de seis meses peleando con una EPS o con la unidad de víctimas para que les reconozcan sus derechos a una prótesis o a un subsidio acorde con la ley. Para que los planes de vivienda del Gobierno y de los gobiernos locales las reconozcan e incluyan con casas adecuadas para ellas. Para que las organizaciones de las víctimas de minas se fortalezcan y puedan desarrollar proyectos productivos que les permitan una inclusión digna y reparadora dentro de la sociedad. No se trata de limosnas sino de asumir que, si bien el acuerdo de paz se centra en las víctimas, también deben ser la base de la implementación.

¿En qué consiste?

Letras de Apoyo busca que las personas se vinculen a www.letrasdeapoyo.com y aporten económicamente a un fondo que administrará Reconciliación Colombia para proyectos que mejoren la calidad de vida de los sobrevivientes y sus familias.

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