Por: Santiago Montenegro

Panorama preocupante

Las cifras del mercado laboral de octubre son preocupantes. El nivel de empleo no solo dejó de crecer, sino que se contrajo en 11.000 personas, cifra que puede parecer baja, pero es alarmante por varias razones. En primer lugar, porque la generación de empleo debe crecer al ritmo que se expande la población en edad de trabajar para mantener la tasa de desempleo constante. Dicha tasa subió tres décimas, a 8,6 %, pero solo en virtud de que la tasa de participación cayó drásticamente. Si la tasa de participación (que es una medida de la oferta laboral) se hubiese mantenido constante, la tasa de desempleo hubiese subido a más del 9,5 % en el total nacional y a 11,3 % en las 13 grandes ciudades, en donde hubo 122.000 puestos menos de trabajo. Las ciudades con mayor desempleo fueron Cúcuta, Quibdó y Armenia, todas por encima del 14 %.

Estas cifras son consistentes con la desaceleración general de la economía, que crece por debajo del 2 %. Con una población que se expande a un 1 %, esta es una pésima noticia para un país que, en teoría, sigue gozando del llamado “bono demográfico”.

¿Qué sucede? ¿Por qué este crecimiento tan precario? Hay razones de corto plazo y hay otras más estructurales. Las razones de corto plazo tienen que ver con la forma en que se ha dado el ajuste en el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual alcanzó una cifra de 6,5 % del PIB en 2015, monto insostenible y que forzosamente teníamos que corregir. Infortunadamente, el peso de dicho ajuste cayó sobre el sector privado (las empresas y los hogares), así como sobre las entidades territoriales, porque el Gobierno central, en lugar de ayudar al ajuste, incrementó su déficit entre el 2015 y el 2016 en un punto del PIB, alcanzando un 4 %. En el curso del presente año, el ajuste continúa recayendo primordialmente sobre el sector privado.

Otra característica que ha tenido el ajuste es que se ha sustentado sobre la demanda (consumo e inversión) y no en la expansión de la oferta de la economía, pese a los incentivos que han tenido los sectores transables, con la depreciación de la tasa de cambio.

La producción no responde por la inseguridad jurídica que se ha acentuado por la intervención de Electricaribe, el escándalo de Odebrecht, los referendos contra la actividades minero-energéticas, el desbordamiento de las consultas populares y algunos proyectos de ley y decretos relacionados con la implementación del acuerdo de La Habana, como la intención de convertir a más de mil comunidades indígenas en autoridades ambientales. Todos los grandes propósitos por transformar y modernizar el campo han quedado paralizados hasta que no se defina, y el Congreso no apruebe, la nueva ley de reforma rural, que por ahora está engavetada. A estos factores, que no son pocos, se podría agregar la incertidumbre que siempre generan las elecciones al Congreso y a la Presidencia.

Y todo esto sucede en una economía cuya productividad está estancada desde hace muchos años, la informalidad laboral alcanza un 64 % y las empresas enfrentan una de las tasas de impuestos más altas del continente. El Consejo Gremial Nacional acierta cuando plantea la urgente necesidad de alcanzar un gran acuerdo nacional para enfrentar estas graves dificultades, tanto las de corto plazo, como los serios problemas estructurales de la economía.

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