Por: Pascual Gaviria
Rabo de ají

Vicios electorales

El uribismo ha convertido en vicio su intención reiterada de acabar con la figura de la dosis personal, reconocida desde 1994. La obsesión tiene algo de tara moral y mucho de oportunismo electoral. Esa promesa es una golosina irresistible para los votantes que consideran una solemne alcahuetería que no haya cárcel para los consumidores de “semejantes porquerías”. La idea, un tanto arrevesada, se resume en que el Estado debe proteger a los ciudadanos de los estragos de la droga con una dosis apropiada de cárcel. En el referendo fallido de 2003, Uribe incluyó el tema como una de las preguntas claves para incluir razones sencillas y vendedoras entre su galimatías de caprichos administrativos, penales y presupuestales. Para la campaña reeleccionista en 2006 reiteró la propuesta con la vehemencia de quien lucha contra una epidemia. Uribe y muchos de sus seguidores no pueden entender que haya límites a la actuación punitiva del Estado frente a conductas que solo causan un daño a quien las practica. Piensan igual a quienes lideraron la hegemonía conservadora hace 100 años en Colombia: “El mal no tiene derechos”.

La frase que es ya una especie de promoción de campaña se oyó en boca de su pupilo durante el primer semestre del año: “Vamos a acabar con la dosis personal para el consumo de drogas para proteger a nuestros jóvenes”. Dicha prohibición es casi un imposible constitucional. Tiene múltiples respaldos jurisprudenciales de las altas cortes y, por supuesto, sustento en diversos artículos de nuestra Carta de derechos. En 2009, tal vez uno de los momentos de mayor respaldo del Congreso al gobierno Uribe, se aprobó un acto legislativo que incluyó en el artículo 49 de la Constitución la prohibición del “porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. El Congreso se negó a aprobar los textos más duros y punitivos que proponía el presidente. Pasaron cinco proyectos de reforma y muchos cambios en el legislativo hasta encontrar una fórmula que prohíbe el consumo y dispone “medidas administrativas de orden pedagógico, profiláctico, terapéutico con el consentimiento informado del adicto…”. Se impuso, pues, una prohibición de la que no se sigue un castigo.

Para las cortes es claro que los portadores y consumidores de una dosis personal (20 gramos de marihuana, 1 de cocaína y 2 de metacualona) conservan su protección constitucional y “es posible tener por impunes las conductas de los individuos dirigidas al consumo de estupefacientes en las dosis mínimas. Lo anterior, en razón al respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, y a la ausencia de lesividad de conductas de porte de estupefacientes encaminadas al consumo del adicto dentro de los límites de la dosis personal, pues éstas no trascienden a la afectación, siquiera abstracta, del bien jurídico de la salud pública…”. De modo que los cambios requeridos para llevar a los consumidores a la cárcel podrían constituir una sustitución de la Constitución. El uribismo, experto en el tema, lo sabe muy bien.

La prueba reina de que la cantaleta del Centro Democrático es sobre todo una argucia en busca de votos es un proyecto de ley presentado en 2016 por la bancada de ese partido en la Cámara y respaldado por Iván Duque como autor en el Senado. El proyecto entregaba protección a la dosis personal y definía la dosis de aprovisionamiento, además proponía la creación de centros de consumo controlado con suministro de drogas a los adictos por parte del Estado. Se aprobó en plenaria de la Cámara y estaba listo para ir a Comisión Séptima del Senado. Pero no casaba con el discurso de campaña y decidieron retirarlo en silencio, con razones entre mentirosas y risibles.

Detrás de la mano dura, hay sobre todo una postura frívola y manipuladora, una utilización del castigo como carnada electoral y un desprecio por los derechos de los consumidores y las evidencias de los investigadores contra las estrategias del castigo.

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