Por: Arlene B. Tickner

Peor que Somoza

Hace apenas unos meses, Nicaragua era un destino popular entre los turistas de Europa y Estados Unidos, un receptor importante de inversión extranjera con una economía estable, crecimiento superior al promedio centroamericano y pobreza decreciente, y un “ejemplo” de seguridad ciudadana en medio de una subregión asediada por la violencia y el crimen organizado. Detrás de esta aparente calma y con la aquiescencia de la comunidad internacional y sectores influyentes de la población nacional, Daniel Ortega —antiguo líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional que derrocó a la larga dictadura de los Somoza en 1979— efectuó un proceso lento pero progresivo de concentración del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, erosión de las instituciones democráticas y censura de los medios. Para ello, la alianza que construyó con el empresariado fue fundamental.

La decisión inconsulta de reformar la seguridad social el 18 de abril no solo acabó con el pacto entre Gobierno y sector privado, sino que despertó una ola de descontento liderado por los estudiantes, quienes se habían manifestado días antes por los incendios desatendidos de una reserva biológica. Fiel a su conocida intolerancia y criminalización de la protesta social desde que volvió a la Presidencia en 2007, el exrrevolucionario Ortega respondió a través de la Policía Nacional y los “parapoliciales” (compuestos por policías activos vestidos de civil, miembros de la juventud sandinista y combatientes históricos leales) con un grado de brutalidad inusitado, incluso durante la dictadura. En 100 días de rebelión cívica han muerto alrededor de 350 personas, en su mayoría jóvenes, con 2.000 heridos y más de 400 presos políticos, por no mencionar la salida masiva de nicaragüenses, en especial a Costa Rica.

Ante las reacciones tibias de distintos actores internacionales —con excepción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y Estados Unidos (cuya injerencia puede empeorar las cosas en lugar de ayudar)— y la reticencia del Ejército nicaragüense de frenar la represión de la población (en la que se ha negado a participar) es difícil visualizar un posible desenlace más allá de la continuación de la violencia. Aunque la economía se ha visto afectada por la caída de la ayuda venezolana, las pérdidas por saqueo, los bloqueos de vías y la huida del turismo, organismos multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, BID y Banco Mundial siguen alimentando al Gobierno con financiación externa. Si bien la OEA debate la creación de una comisión especial para tratar de buscar una salida negociada, e incluso la aplicación de la Carta Democrática y la expulsión de Nicaragua, ello no garantiza una transición pacífica, ya que aun si Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, abandonan el poder y se convocan elecciones, la existencia de una coalición democrática capaz de ganarlas y de gobernar no es clara.

Para una generación como la mía cuyo despertar político coincidió con la Revolución Sandinista, las guerras civiles y el intervencionismo estadounidense en Centroamérica, el desmoronamiento del comunismo soviético y la esperanza de que países como Nicaragua y, luego, El Salvador ofrecían una alternativa distinta de transformación positiva, la conversión de Ortega en algo peor que los Somoza constituye un trago bien amargo.

 

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