Por: Columna del lector

Las migrantes venezolanas son ciudadanas de derecho, no una amenaza social

Por Julián Alfredo Fernández Niño*

El día 28 de agosto de 2018, la página de un medio radial en Bucaramanga titulaba una noticia como: “Aumentan casos de infidelidad por masiva llegada de venezolanos”. Esta nota, publicada en un medio de prestigio, permite ejemplificar lo que es una tendencia en la mayoría de medios de comunicación, que es considerar la migración como una amenaza: sanitaria, social y ahora, por lo visto, moral.

La migración humana es un proceso complejo que ha existido desde siempre, motivado por factores que van desde los cambios climáticos, la guerra, las crisis políticas y la búsqueda de oportunidades económicas. Los migrantes no deben ser vistos como amenazas sociales. Se trata de personas en condición de vulnerabilidad, y en el caso de esta última oleada desde Venezuela, comenzada en el 2016, en su mayoría son personas con bajos ingresos, en condición irregular, con limitado acceso al sistema de salud.

Las migrantes venezolanas irregulares constituyen, según el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), 155.238 adultas, más 58.667 niñas, a julio de 2018. Sin embargo, la cifra real es mucho mayor, dado que muchos migrantes no se registraron en el RAMV y que cada día llegan más personas a través de la frontera. Adicionalmente, debe considerarse que a esa fecha había 8.209 gestantes venezolanas migrantes registradas en el país, cuya gestación puede ser circunstancial a la migración, pero en algunos casos es de hecho la motivación para migrar. Por otro lado, existen, además de las migrantes con vocación de permanencia, migrantes en tránsito a otros países, y pendulares, que cruzan cotidianamente entre ambos países para trabajar, visitar familiares o comprar medicamentos y alimentos.

La sociedad colombiana, y dentro de ella los medios de comunicación, tiene que entender de una vez por todas que la comunicación asertiva es indispensable para evitar el estigma, la discriminación y la violencia contra las migrantes. Estas personas deben ser integradas armoniosamente a nuestro sistema social, camino que pasa por la regularización, la formalización laboral y el acceso a derechos sociales, y también deberes, como residentes de Colombia.

No podemos permitir de ningún modo que se siga sugiriendo veladamente que los migrantes ponen en riesgo el sistema social. No existe un solo hecho estadístico que demuestre, como algunos han sugerido, que los migrantes venezolanos sean más propensos al delito que los locales. Evidencia internacional incluso sugiere que, en promedio, los migrantes tienden a ser más respetuosos de la ley que los ciudadanos de las sociedades receptoras. De hecho, si bien en todos los grupos humanos hay criminales, muchos migrantes más vulnerables son insertados en el crimen por las redes criminales locales de colombianos. Seguir publicitando, sin criterios estadísticos, los crímenes cometidos por ciudadanos venezolanos contribuye al estigma y la exclusión social.

De hecho, las mujeres migrantes están expuestas durante la salida, el tránsito y la llegada a la violencia física y sexual, la explotación laboral y los embarazos no deseados. Dada la baja densidad de redes sociales, y su bajo ingreso, tienen dificultades de acceso al sistema de salud, riesgos psicosociales, bajo acceso a anticoncepción y, en general, sus derechos reproductivos están en riesgo. Alguien tiene que decirlo: no podemos estigmatizar como objetos sexuales a las migrantes diciendo que son una amenaza a la estabilidad de los hogares. Esta es una afirmación ridícula y sexista, que nadie debería atreverse a pronunciar y, si me tomo el tiempo para señalarlo, es porque nos urge comenzar a hablar de los migrantes desde una perspectiva humanitaria, y en el marco del respeto de sus derechos como nuestros iguales.

* M.D., MPH, M.Sc., Ph.D. Profesor, Departamento de Salud Pública, Universidad del Norte.

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