Por: Luis Felipe Henao

La política criminal de Tola y Maruja

La política criminal antidrogas en el mundo está compuesta por un complejo grupo de normas internacionales que incluyen la Convención de Ginebra de 1988, Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, los Principios de Basilea y numerosos tratados bilaterales. Día a día los organismos especializados en la lucha contra la criminalidad avanzan en tecnología y recursos para la detección de redes y expendios de sustancias ilícitas. Sin embargo, en Colombia la nueva propuesta de política criminal antidrogas del Ministerio de Justicia parece sacada de una conversación entre Tola y Maruja (con mi respeto y admiración por la inteligencia de ambas).

El Ministerio ha propuesto con bombos y platillos que cuando la policía encuentre que una persona tiene la dosis personal de droga se le debe iniciar un proceso policivo en el cual, para defenderse de recibir una sanción, debe acudir con su papá y su mamá. Sí, no es una broma. El decreto está proponiendo que se inicie un proceso para determinar si la persona es adicta, pero, en vez de que pueda probar su afección a través de un certificado médico, lo tendrá que hacer compareciendo a la estación de policía con sus papas como testigos. En palabras textuales de la ministra de Justicia: “Los médicos no pueden expedir recetas de drogas que no son legales. Para demostrar que es un adicto la persona puede acudir al testimonio de sus padres. La policía, en el proceso verbal, definirá si le cree o no”.

Bastaba con haber consultado la regulación en materia de drogas de otros países para establecer un protocolo serio para determinar cuándo una persona es adicta. Pero no. Pareciera que hubieran consultado con Tola a la que se le ocurrió una brillante idea: “Oíme, Maruja, qué tal si para luchar contra los grandes carteles del narcotráfico obligás a los adictos a ir con sus papás a las estaciones de policía y que les den unas buenas nalgadas”. Mientras los líderes de las ollas de microtráfico modernizan día a día su negocio ilícito utilizando redes sociales y recursos tecnológicos, el Estado propone medidas de política criminal que nos harán el hazmerreír de los narcotraficantes.

En el apartado jurídico los inventores de la genialidad al menos hubieran debido tener en cuenta que la limitación de las libertades en Colombia (como el libre desarrollo de la personalidad) tiene reserva legal (e incluso en muchos casos de ley estatutaria) y que por ello hacerlo en un decreto es una de las propuestas más inconstitucionales que se hayan dado en la historia de Colombia. Pero si la norma ni siquiera reconoce que las únicas personas autorizadas para establecer el estado de salud de una persona son los médicos, pues poco podía esperarse del análisis constitucional.

Solo esperamos que ahora no le vayan a consultar a Tola y Maruja sobre la política anticorrupción, porque remplazarían las penas de los corruptos por unas 1.000 planas en cuaderno ferrocarril. Al final, en materia de políticas públicas la realidad confirma que la experiencia no se improvisa.

P.D. No me cabe duda de que las conversaciones con el Partido de la U fueron 100 % ideológicas y de programas de gobierno, y no se habló nada de una dosis mínima de mermelada naranja; como decía mi abuela, mijo, cambiaron fue de pote.

 

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