Por: Cecilia Orozco Tascón

El fiscal y su peligrosa obsesión contra la JEP

“¡Último minuto!”. Así rompió RCN Televisión su programación, hacia las 11 de la mañana del viernes pasado. El sobresalto informativo, con campanillas de alarma al fondo, provenía de un aviso de los que fascinan a Néstor Humberto Martínez: espectacular. “¡Atención! El fiscal general acaba de revelar que se abrió una investigación contra funcionarios de la JEP. El ente investigador trata de establecer si se presentaron irregularidades para favorecer a exintegrantes de las Farc”. En pantalla, Martínez Neira, con gesto grave, soltó su gran noticia: “La Fiscalía tiene evidencias de que… unos inescrupulosos estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actúe… (silencio actoral)…. a partir de acciones inenarrables pero de las cuales tenemos evidencias…. (silencio actoral)”. Y su conclusión dramática: “Ese es el estado de cosas. De estos temas hay que hablar con claridad, con precisión y sin especulaciones”.

El fin de semana noticioso se llenó, precisamente, de especulaciones como debió preverlo el fiscal, personaje que sabe, mejor que nadie, cómo se mueven las aguas espesas del poder político, judicial y mediático. En cuestión de horas y con una eficiencia que ya quisiéramos los periodistas para todos los casos, un pajarito les cantó a ciertos sectores de la prensa que suelen tener “chivas” originadas en la Fiscalía, los nombres de los condenados de Martínez y su citación inmediata a interrogatorio, lo que le hizo subir el clímax al segundo capítulo de la telenovela. Se trataba de Martha Lucía Zamora, alta funcionaria de carrera judicial, y de dos contratistas externos de la Jurisdicción Especial. Para efectos publicitarios, Zamora, hoy jefa administrativa de ese sistema, era indispensable porque si se aspiraba a últimas horas, últimos minutos y extras, dos desconocidos contratistas no clasificaban. Los magistrados que componen la JEP y su propia presidenta fueron los últimos en enterarse del baldado de agua sucia que les caía encima, de seguro, si uno se atiene a su reacción y a la aclaración, esa sí no dicha por boca de Martínez, de que ninguno de ellos estaba entre los involucrados en las “acciones inenarrables” que merecieron el uso de atril y la declaración pública de la cabeza investigadora del país.

Quienes no nos rendimos de admiración ante los conceptos del fiscal omnímodo porque adivinamos otros intereses tras sus afirmaciones, esperamos que esta investigación sea seria y tenga bases sólidas. Y, sobre todo, que esté descontaminada del prejuicio ideológico de Martínez contra la JEP. Porque lo cierto es que la oposición del fiscal general frente a la creación misma de la Jurisdicción Especial de Paz es reiterativa, casi enfermizamente obsesiva. El registro noticioso está ahí, como testigo de su necia actitud política, en el Congreso, al Acuerdo de Paz y, en particular, al sistema de justicia transicional que no tiene nada del otro mundo y que es similar, en su esencia, al de todos los países que se encontraban en situación de guerra insoluble y que, por eso, procuraron soluciones pacíficas. Por supuesto, me refiero a soluciones pactadas con generosidad entre personas dispuestas a cumplir su palabra de honor, no como sucede en Colombia, torpedeando lo firmado para después caerles a quienes se esconden temerosos, entre otros, de Martínez Neira y sus manipulaciones.

Su pomposo anuncio sobre los “inescrupulosos” funcionarios de la JEP que vienen siendo, por su nivel y número, un accidente en la reputación del organismo, es solo el más reciente ataque del fiscal a esa jurisdicción. Le antecede su grosera comunicación a la Corte Constitucional pidiéndole explicaciones — como si fuera su superior jerárquico— por la sentencia de exequibilidad del sistema transicional. Por fortuna, el presidente de la Corporación lo mandó a hacer lo que es apenas lógico: leerla primero. Lo cierto es que Martínez pretende ser el único servidor que pueda tomar decisiones judiciales en Colombia: extradiciones, retención de autoridad sobre delitos del conflicto, calificación de la permanencia de ejecución de otros delitos, imputaciones abiertas contra guerrilleros desarmados, en fin, competencia total y eterna en sus manos. El uribismo no necesita hacer trizas el Acuerdo de Paz. Para eso tiene al fiscal general. (Y después se asombran de que Márquez y otros estén escondidos).

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