Gobierno pidió perdón a abogado que tuvo que exiliarse por amenazas

Por recomendación de la Comisión Interamericana, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, pidió perdón a Óscar Alfonso Morales Díaz, quien se radicó en Canadá tras recibir hasta un atentado por sus denuncias de corrupción en el IDU de Bogotá.

Camilo Gómez Alzate (izquierda), director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, presidió el acto de reconocimiento por la vulneración de sus derechos a Óscar Alfonso Morales DíazANDJE

A finales del año 2000, el abogado Óscar Alfonso Morales Díaz empezó a recibir llamadas intimidantes. Le decían que, "por sapo", iba a morir. En julio, denunció, fue víctima de un atentado: le dispararon desde una moto. Las balas impactaron su carro, no lo alcanzaron a herir. En la URI donde denunció, dijo, los policías se burlaron de su tragedia. Después del atentado vinieron los sufragios y, finalmente, el exilio en diciembre de ese alo. Por ese viacrucis que vivió Morales Díaz, el Estado le pidió reconocer su responsabilidad.

"Este acto se realizó en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe de Fondo No. 62/18 y en presencia de los familiares de la víctima, funcionarios de distintas entidades estatales y del Gobierno de Canadá. El Estado colombiano lamenta estos hechos y espera que este acto contribuya a la reparación del dolor causado. El Gobierno tiene (entre) sus prioridades la lucha contra la corrupción", señaló la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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"No quiero solamente hacer un reconocimiento formal de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", dijo el director de la Agencia, Camilo Gómez Alzate. "Quiero también resaltar la valentía y la importancia ética que significa que un ciudadano denuncie la corrupción", agregó el alto funcionario, en referencia a la génesis de los problemas del abogado Morales Díaz: una denuncia que presentó en mayo de 2000 contra funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano por corrupción.

La denuncia la llevó a todos los estamentos de control e investigación: la Procuraduría, la Fiscalía, el Programa contra la Corrupción de la Presidencia, la Defensoría del Pueblo. Las intimidaciones en su contra, sin embargo, comenzaron a intensificarse. El DAS evaluó su situación de seguridad y lo mismo hizo el Programa de Protección de Testigos, el cual le recomendó salir de Bogotá. Para él, sin embargo, era inconveniente: estaba terminando de hacer su especialización y era donde tenía un buen trabajo.

Las amenazas continuaron y el atentado lo agravó todo. Morales Días prefirió irse a Canadá para proteger su vida y la de su familia. La investigación por el atentado en su contra se archivó un año después del hecho, en julio de 2001. Para ese momento, Morales Díaz ya había presentado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que, el año pasado, le dijo al Estado colombiano que reconociera su responsabilidad por no haber garantizado la vida e integridad del abogado en el país.

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De ahí el acto de reconocimiento de responsabilidad. "El Estado colombiano lamenta estos hechos y espera que este acto contribuya a la reparación del dolor causado", señaló la Agencia.

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Redacción Judicial

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