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hace 49 mins
Por: Salomón Kalmanovitz

Desplazamiento II

MUCHA INFORMACIÓN VALIOSA DEL libro El desplazamiento forzoso en Colombia, escrito por Ana María Ibáñez, profesora de la Universidad de los Andes y directora de su Centro de Estudios para el Desarrollo, se me quedó por fuera en la columna de la semana pasada.

A la pregunta de quiénes son los desplazados, Ibáñez encuentra que un 80% poseía tierras y cerca de un 60% ostentaba títulos de propiedad. Tan importante es el hecho de que la violencia se dirige contra aquellas personas, que han sido activas en las redes sociales de los municipios afectados: “los grupos rebeldes atacan a miembros activos de la comunidad, con el objetivo de debilitar o destruir las redes sociales” (p. 78).

Lo anterior significa que en los territorios en contienda entre guerrilla, paramilitares y Estado ha sido erradicada una buena parte de los campesinos medios y ricos, lo cual ha afectado intensamente la producción agrícola. Ibáñez calcula que el crecimiento anual del sector ha sido afectado en -3% durante los últimos 10 años. Las estadísticas recientes sobre el PIB agropecuario revelan que se ha dado una recuperación pero está basada enteramente en las industrias de animales, que crecen un 7%: ganadería, avicultura y piscicultura. El crecimiento de los cultivos no alcanza el 1%.

Con el fuerte crecimiento de la economía durante los últimos tres años y la protección de que disfrutan los terratenientes, el problema del desplazamiento ha entrado a jugar para reducir la oferta agrícola y en consecuencia para recrudecer la inflación de alimentos. De esta manera, el problema del desplazamiento, que está ahí encubierto en el inconsciente de los colombianos, se devuelve para agravar la carestía que azota a toda la población del país.

Otro impacto negativo del desplazamiento y que está siendo investigado por Ana María Ibáñez en la actualidad es el de los salarios del sector informal. Ella y su equipo han encontrado una reducción de cerca del 18% de los salarios reales de más de la mitad de la fuerza de trabajo urbana que yace en la informalidad, otro impacto oculto hasta el momento del movimiento telúrico que ha tenido sobre la población rural el conflicto interno. De contera, los salarios rurales han debido aumentar, en la medida en que muchos de los hogares desplazados proveían jornaleros en las épocas de siembra y cosecha de los cultivos.

Las consecuencias económicas del desplazamiento son entonces de tres clases: tiene un efecto negativo directo sobre la producción agrícola con el abandono de parcelas y su potrerización o abandono, contrae o encarece la oferta de mano de obra disponible antes para atender los cultivos de los que no tuvieron que desplazarse y, por último, presiona hacia abajo, y de qué manera, el salario urbano.

A la pregunta de que si estarían dispuestos a retornar a sus antiguas parcelas, sólo el 11% responde afirmativamente. Pero no es por razones económicas: su realidad es la de un aumento radical de la pobreza, apenas compensada por los programas oficiales, que son temporales y cuyo acceso es problemático. Mantienen el miedo de volver porque el nuevo orden social impuesto por los violentos está ahí y el Gobierno no está interesado en enfrentarlo. En fin, reclamar sus propiedades y pertenencias significa para los desplazados un alto riesgo de perder la vida que alcanzaron a salvar cuando huyeron.

*Decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

 

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