Las declaraciones del ex jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, las de tres ex escoltas del extraditado ex jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso y presuntos acuerdos con esos grupos ilegales para las elecciones al Congreso en 2006 y a la Gobernación de Córdoba en 2007, son las evidencias que tienen en el hoyo a la ex senadora Zulema Jattin, quien de ser una de las fichas clave del uribismo en el Senado pasó a engrosar la lista de parlamentarios investigados por la justicia.
En primer término, dentro del proceso existe una reveladora confesión de Ernesto Báez, quien ofició como ideólogo del llamado bloque central Bolívar, liderado por Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008. En su testimonio, Báez se habría referido al sitio de reuniones entre Zulema Jattin y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, en presencia de Eleonora Pineda, la ex congresista que estuvo detenida luego de comprobarse sus vínculos con las Auc y quien ya recuperó su libertad.
La Fiscalía también analiza sendas declaraciones de tres ex guardaespaldas de Salvatore Mancuso, quienes, con lujo de detalles, dan cuenta de por lo menos dos reuniones que tuvo Zulema Jattin con el propio Mancuso y con Carlos Castaño antes de que se iniciara el proceso de paz de Santa Fe de Ralito. Dicen los ex escoltas que ellos mismos fueron los encargados de llevar a la ex senadora hacia las fincas donde eran usuales los encuentros con los políticos locales, en especial en una “de las fincas de Mancuso”. Estas reuniones habrían ocurrido en Córdoba. Pero los ex escoltas van mucho más allá y revelan detalles sobre el desplazamiento de la ex senadora y de quienes la acompañaban. Asimismo revelan cuántas veces ocurrieron.
Como si fuera poco, dentro del proceso hay un capítulo especial sobre las elecciones. La primera etapa se relaciona con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía en relación con la campaña para la Gobernación de Córdoba en 2003. Se armaron dos bloques. Uno de ellos apoyaba a Libardo López Cabrales, quien fue elegido, y el otro a Juan Carlos Aldana. Aunque Salvatore Mancuso se declaró neutral con respecto a los dos nombres, puso una condición: que ganara quien ganara, su grupo tuviera acceso a dos secretarías. Ambos bandos aceptaron el trato y uno de ellos era liderado por Zulema Jattin.
La segunda parte del capítulo electoral tiene que ver con los comicios para Senado de 2006. Jattin, de quien se decía que tendría una votación suficiente para volver a llegar al Congreso, propuso como su fórmula para la Cámara de Representantes a Jairo Andrés Angarita, quien durante la década de los años 90 fue conocido en las Auc como el Comandante Andrés. Angarita, un ex piloto de la Fuerza Aérea y quien a la postre se convirtió en mano derecha de Salvatore Mancuso, fue un jefe militar que tuvo bajo su mando los bloques San Jorge y Sinú. Además de temido, el ex oficial, muy conocido en Córdoba, no ocultaba sus aspiraciones políticas que se materializaron cuando empezó a sonar como candidato a la Cámara.
Angarita, pues, era un “comandante” bastante popular en la región y fue designado, unos años después, para tomar parte de los acercamientos políticos, que no eran otra cosa que los contactos con líderes regionales y nacionales. Así como era de contundente a la hora de ordenar operativos militares, lo era cuando de política se trataba, y según algunas fuentes consultadas por El Espectador, presidía mítines en el Nudo de Paramillo con cuanto dirigente local o regional recibiera una “invitación de los paramilitares”. Andrés Angarita fue asesinado en 2006 en un restaurante en Medellín por dos hombres fuertemente armados y hasta el momento las autoridades no han logrado descubrir ni los móviles del crimen ni la identidad de los autores intelectuales del crimen.
Pese a que la ex senadora Jattin dijo luego de ser detenida y antes de renunciar a su fuero que había sido secuestrada por la Corte Suprema de Justicia y que los magistrados tuvieron más de un año para investigarla, dando a entender que no había mayores argumentos ni pruebas para ordenar su detención, las evidencias que ahora analiza la Fiscalía la tienen en aprietos y comprometen su responsabilidad. Y ese es el material que reposa en los despachos judiciales a la espera de que arranque de una vez por todas el juicio contra la ex senadora. De acuerdo con los investigadores, en el proceso también existen pruebas documentales que pondrían a dar más de una explicación a la política cordobesa que se prepara, de la mano de su abogado Pablo Elías González, ex jefe de Fiscalías, para desvirtuar estas pruebas. Pero podrían ser sólo la punta del iceberg.