La abogada detrás del caso PIP

Nathalie Lozano cuenta cómo logró que la empresa alemana Tüv fuera obligada a indemnizar a las mujeres afectadas por las prótesis mamarias fabricadas en Francia.

Nathalie Lozano es abogada de la Universidad del Rosario y socia fundadora de la firma Lozano Blanco & Asociados. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Los tres días previos a la lectura del fallo, la abogada Nathalie Lozano durmió muy poco. Acababa de llegar de Bogotá a Marsella (Francia) con un disco duro en la maleta donde almacenaba los expedientes de 1.486 colombianas, 28 inglesas y una venezolana. Todas son víctimas de los defectuosos implantes PIP (Poly Implant Prothèse) y hacía parte del proceso que el abogado francés Laurent Gaudon comenzó hace un año en contra de la certificadora alemana Tüv Rheinland, acusada de permitir la venta de las defectuosas prótesis, sin previa vigilancia. (Lea: 1.486 mujeres colombianas serán indemnizadas por implantes PIP)

En Marsella, Lozano intentaba alargar las horas repasando en francés los detalles del caso, conociendo a otras mujeres interesadas en adherir a la demanda, especulando sobre el futuro del juicio: ganar, perder, celebrar, apelar. “Confiaba en el poder de nuestros argumentos, pero sabía que nos enfrentábamos a una poderosa multinacional”, dice.

La compañía alemana Tüv Rheinland no sólo había avalado la calidad del proceso de la fabricación y el uso médico de las cuestionadas prótesis francesas PIP (Poly Implant Prothèse), por más de diez años. Luego de ser fundada en 1872, la empresa se convirtió en una de las certificadoras más poderosas de ese continente. Con más de 100 filiales en 60 países, Tüv se encarga de darle el visto bueno a la elaboración de cientos de dispositivos médicos que se comercializan en el mundo, automóviles y hasta centrales nucleares.

“Respirábamos temor. Los cuatro minutos que duró la lectura del fallo se convirtieron en uno de los cinco momentos más impactantes de mi vida”. A las dos de la tarde del jueves 14 de noviembre, el Tribunal de Comercio de Toulon (Francia) entregó el veredicto: Tüv deberá indemnizar a las 1.672 mujeres demandantes por permitir que las prótesis PIP fueran vendidas sin ser sometidas a estrictos protocolos de control y vigilancia que certificaran su calidad.

En principio, la empresa deberá pagarle “inmediatamente” a cada víctima 3.000 euros (unos $7,7 millones), mientras el tribunal calcula —dependiendo de los perjuicios individuales— cuánto será el monto total de dinero que recibirá cada mujer.

Con la sentencia vinieron las lágrimas, la alegría, los abrazos y los mensajes de agradecimiento de las mujeres que confiaron. “Sabía que podíamos ganar. Era inadmisible que la empresa que certifica la calidad de las prótesis no haya actuado ante los mensajes de alerta. Desde el año 2000, Estados Unidos rechazó la importación de los implantes y en 2002 Inglaterra retiró miles de prótesis PIP. La pregunta que queda es por qué los médicos tampoco actuaron”.

Ante estas advertencias, Lozano no duda en rechazar la actuación de muchos cirujanos que no informaron a sus pacientes sobre los riesgos de las prótesis francesas. “Si voy a un concesionario a comprar un carro, espero que me atienda alguien que conozca el mercado, que sepa las últimas noticias sobre el producto que está vendiendo. Pero esto no ocurrió con estas prótesis. A muchas mujeres les dijeron que las PIP eran mejores, que además les durarían de por vida. Los médicos han fallado. Repiten que el que debería ser investigado es el Invima, por dejar entrar los implantes, pero ellos como especialistas deberían asumir la responsabilidad de recomendar un producto rechazado por otros países”.

Además, la abogada asegura que varios médicos se han convertido en un obstáculo para que las mujeres adelanten las demandas. Cuenta que muchas afectadas han intentado acceder a sus historias clínicas, sin que los médicos se las faciliten, pues “les dilatan la entrega de un documento al que tienen derecho, con excusas como no tener tiempo para buscar en las bases de datos. Me ha impactado el papel de los cirujanos en este problema. Ellas necesitan sus historias clínicas para acceder a la reparación”.

La vida de Nathalie Lozano y de su equipo de trabajo no es la misma después de haber asumido este caso. La rutina laboral de esta abogada bogotana, hija de una inmigrante francesa, se transformó por completo.

A mediados de 2012 los ecos del escándalo mundial por las prótesis PIP llegaron a Colombia y algunas interesadas se acercaron a su oficina para pedir asesoría. Llegaron dos, luego cuatro, seis y después fueron los abogados los que se interesaron por buscar a los grupos de mujeres afectadas.

Ante la cantidad de testimonios que comenzaron a aparecer, la firma de abogados implementó un sistema de base de datos que permitió digitalizar, archivar las historias y atender de manera personalizada a cada mujer. “Todas las historias guardan situaciones muy difíciles. Muchas mujeres no tienen dinero ni siquiera para realizarse una mamografía y saber si están bien. Ni pensar en pagar un abogado. Son historias de desesperación. En el Eje Cafetero, una mujer consternada le pidió a un hospital público que le quitara las prótesis sin tener otras para reemplazárselas; quedó desfigurada. Teníamos que ayudar y sabíamos que aquí había un caso viable”.

Luego de una campaña difundida por medios de comunicación, en la que se invitó a las afectadas a unirse —de manera gratuita— a una demanda colectiva, los casos se multiplicaron. Al mismo tiempo, Lozano se contactó con los abogados franceses que pretendían llevar a los tribunales de ese país las acusaciones contra la firma PIP y las compañías aliadas.

“Las negociaciones con ellos no fueron fáciles, les parecía increíble que una abogada colombiana, que además les hablaba perfecto en francés, les dijera que tenía 1.500 casos para sumarse a su causa, cuando ellos estaban abrumados con 30 mujeres afectadas que querían defender. Lo veían como algo exótico. Creo que sólo me creyeron cuando llegué a Marsella con todos los expedientes”, dice la abogada, quien aprendió a hablar francés antes que español. Su mamá, una inmigrante francesa, había llegado a Colombia en los 70, enamorada de el líder izquierdista Germán Lozano.

De su padre heredó y aprendió a luchar por los más débiles. Recuerda que en la adolescencia lo acompañaba a visitar barrios populares de Bogotá. La defensa de causas comunes continuó después de graduarse como abogada de la Universidad del Rosario junto a su esposo Miguel Gandour.

El respeto de sus colegas está ganado. “Pudimos demostrarles que estamos hablando entre iguales”, asegura con una sonrisa interminable. Hace dos días, a la sede principal de Tüv Rheinland llegó una carta firmada por Lozano y los demás defensores. Le recuerdan a la empresa que los pagos de estas indemnizaciones iniciales deben hacerse “inmediatamente” y le exigen que las transacciones comiencen el 22 de noviembre.

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@angelicamcuevas