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Ya fuera exhibiendo peluches o cadáveres de cachorros, distintos grupos animalistas tomaron el centro de Seúl para pedir que se prohíba el consumo de carne de perro en Corea del Sur, donde esta costumbre milenaria cuenta cada vez con menos adeptos.
La fecha elegida no es casual, ya que el 17 de julio se realizan los llamados "sambok", los tres días que se consideran los más calurosos del año y en los que la creencia popular anima a consumir carne de perro en "bosingtang", una sopa que aseguran que revitaliza e incluso potencia la libido masculina.
Se cree que en estas tres jornadas se consume más de la mitad de la carne de perro (no hay datos oficiales puesto que la ley no cataloga los cánidos como animal de cría) que se come anualmente en Corea del Sur, donde las entidades animalistas calculan que casi un millón de perros son sacrificados al año para su consumo.
La asociación CARE aprovechó la fecha para desplegar en la plaza frente al ayuntamiento 2018 peluches de perro para concienciar sobre lo que considera una industria cruel y para apoyar la adopción de los animales que suelen vivir hacinados en granjas.
Cada uno de estos peluches (llamados "Toris" en honor a Tori, el perro que el presidente surcoreano Moon Jae-in adoptó de un albergue tras llegar al poder en 2017) se puede adoptar simbólicamente.
"El dinero se usa para rescatar un perro de un criadero (se abona una cantidad al dueño de la explotación) y luego al animal se le buscará un nuevo hogar", cuenta Cho Kyung-joo, una de las integrantes de CARE.
Su organización se acaba de hacer cargo de unos 200 canes de un criadero de Namyanju que decidió cerrar, tendencia aparentemente en alza ante la progresiva disminución del consumo (se cree que en el último lustro ha caído un 50 %), el cual es casi inexistente entre menores de 30 y especialmente entre las mujeres.
Esto último se puede certificar tan solo con entrar en alguno de los miles de restaurantes de "gaegogi" (carne de perro) que hay en Corea del Sur, que atienden a una clientela eminentemente masculina y mayor y que igualmente están empezando a desaparecer.
A raíz de una demanda presentada precisamente por CARE, en junio un tribunal de la localidad de Bucheon, emitió una sentencia que establecía que es "ilegal sacrificar perros para comerciar con su carne".
Se trata de un veredicto que muchos consideran pionero y que se cree que podría abrir la puerta a abolir un sector que opera en un vacío legal y donde ni tan siquiera los criaderos -aunque sí los restaurantes- están sometidos a controles de higiene.
"Es un gran paso en la carrera para lograr que se prohíba el comercio de carne de perro", comenta satisfecha Cho, que recuerda que CARE presentará en los próximos días una petición a la Asamblea Nacional (Parlamento) para ilegalizar el sacrificio de perros para convertirlos en comida.
"Una vez logrado eso, nuestro objetivo es que se acabe prohibiendo también el consumo de carne de perro", asevera.
Mucho más gráfico fue el despliegue realizado por la asociación Animal Liberation Wave (ALW) a un kilómetro escaso del ayuntamiento, en la emblemática plaza de Gwanghwamun.
Este grupo exhibió fotos del hacinamiento en los criaderos y de los métodos empleados para el sacrificio (es común la electrocución, aunque también se ahorca o se mata a golpes a los animales) y también los cuerpos de 11 cachorros cuyo destino era convertirse en carne, pero que murieron de manera prematura.
"Queremos que la gente vea que no son solo fotos, que son animales reales que han sufrido", cuenta Lee Ji-yen, cofundadora de ALW.
Recientemente su organización ha encargado a una empresa especializada un sondeo que parece estar en línea con otras encuestas y que muestra a un país que se aleja de la cultura de comer perro y en el que más del 20 % de los hogares tiene al menos una mascota, según datos del Ministerio de Agricultura.
La encuesta muestra que solo el 18 por ciento de los surcoreanos comió perro en el último año, casi el mismo porcentaje que se muestra favorable a permitir el comercio de su carne frente a un 46,6 que dijo que debería ilegalizarse.
"Nuestra campaña va dirigida al Gobierno, que ha mantenido silencio durante décadas permitiendo el vacío legal en el que opera la industria. Ellos son los responsables de que estos 11 cachorros hayan muerto prematuramente", defiende Lee.
La activista considera además que el Ejecutivo debe empezar a crear programas y subvenciones para ayudar a que los criadores abandonen la práctica y puedan reciclarse destinando sus instalaciones a otras actividades económicas.