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“La primera catástrofe tecnológica para los ciegos fue la invención de la imprenta”, dice Dean Lermen, profesor de la Universidad Externado de Colombia, donde dicta un curso sobre derecho para personas con discapacidad y otro más con el paradójico título de TV para Ciegos.
Dean es ciego desde los siete años. Perdió la vista por un glaucoma que el oftalmólogo al que lo llevó su mamá no diagnóstico a tiempo. Si ahora se remonta al siglo XV, cuando Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, es sólo para poner en contexto el proyecto de ley que él, junto con el senador Juan Manuel Galán y otros defensores de derechos de personas ciegas, han intentado sacar adelante en el Congreso de la República.
En resumen, el proyecto pretende que las personas ciegas no tengan que pedir permiso a las editoriales ni a los autores para escanear libros y usar software de lectura de pantalla para convertirlos en señales de voz. Además propone que el Estado colombiano financie la compra del software para que esté disponible en lugares públicos, como universidades y bibliotecas, entre otros.
“Antes de la imprenta dominaba la tradición oral y la diferencia entre ciegos y los demás era más o menos equilibrada”, argumenta Dean. Desde ahí hasta nuestros días comenzaron los problemas para acceder al conocimiento que circula en letra impresa. Según una investigación realizada por Google, en la que se cruzaron bases de datos de librerías, bibliotecas, editoriales, catálogos y registros internacionales, en el mundo existen 129’864.880 títulos diferentes. Ese monumental universo de conocimientos está cifrado en un código al que los ciegos no tienen acceso, y que convertir al sistema braille no sólo es dispendioso sino costoso.
Dean saca de su bolsillo un iPhone. Su dedo se desliza con cuidado sobre la pantalla. El teléfono tiene activado el comando voice over y una voz electrónica lo guía por las posibilidades de navegación: correo, teléfono, internet, aplicaciones, etc. Entra a uno de los correos electrónicos y la voz comienza a leer el mensaje. El sueño de cualquier persona ciega desde que se inventó la imprenta.
Por si fuera poco, cuando Dean quiere escribir un mensaje a sus estudiantes o amigos usa Siri, el programa de reconocimiento de Apple. Cada una de sus palabras se convierte instantáneamente en caracteres escritos.
No hay duda de que la tecnología está derribando barreras para las personas ciegas. Pero paradójicamente han surgido otras. Los programas de lectura, se queja Dean, no sirven de mucho si las personas ciegas no tienen libertad para acceder a los libros. En su caso, para ser competitivo en la vida académica necesita estar actualizado sobre nuevas publicaciones. El problema es que los libros recientes que le interesan, como El poder de la neurodiversidad, de Thomas Armstrong, publicado en 2012, quizás nunca sea traducido al sistema braille. “No es justo que no pueda escanearlo y usar un lector de pantalla para saber de qué se trata”, dice.
Según el censo de 2005, 1’143.992 colombianos son ciegos o tienen baja visión. El 82% de ellos vive en condiciones de pobreza y su índice de analfabetismo triplica la tasa del país. Pero, además, menos del 2% de ellos accede a internet (la taza general es del 38%) y sólo tienen acceso a un libro por cada 1.000 publicados.
Convencido de que Dean y la comunidad de personas ciegas o con baja visión en Colombia tienen razón en su reclamo, el senador Juan Manuel Galán decidió presentar un proyecto de ley para respaldarlos. Todo iba bien hasta esta semana, cuando el proyecto, luego de ser aprobado en Senado, llegó a la Cámara de Representantes. Allí le colgaron un ‘mico’: el libre acceso al conocimiento para las personas ciegas y con baja visión sería una realidad, pero solamente “a través de un tercero de confianza”. En otras palabras, sólo algunas instituciones previamente aprobadas por el Gobierno podrían facilitar los libros a los ciegos.
“Eso es una restricción absurda —explica Galán—, limita a las personas para acceder al contenido en las mismas condiciones de alguien que puede ver”.
De acuerdo con Galán, los representantes de la industria editorial, la Cámara Colombiana del Libro, están confundiendo las cosas, “no sé si de buena o mala fe. Ellos argumentan que estamos promoviendo la piratería. Pero no es cierto”. El senador aclara que una cosa son los audiolibros, en los que un actor o alguien con una voz entrenada lee una obra, y otra muy distinta es un programa que genera una voz robótica que traduce caracteres en audios.
¿Quién que no sea ciego quisiera tener libros leídos por un programa de software que además genera entre un 10 a 15% de errores? Ese es el principal argumento en contra de quienes creen que abrir esa puerta es estimular la piratería. En páginas como Tiflolibros.com.ar, una biblioteca digital para ciegos creada en Argentina, lo que cualquier lector vidente encuentra al elegir un libro es simplemente una pantalla negra. El libro se ha convertido en audio.
Carolina Botero, experta en tecnología y miembro de la Fundación Karisma, dice que el “lobby empresarial metió el gol en el último segundo evitando la discusión, impidiendo visibilizar los múltiples intereses. Es decir, no estoy de acuerdo con ellos, pero lo incorrecto no es que las editoriales, y los congresistas que las apoyan, piensen diferente sino que usen ‘atajos’ para evitar la opinión de los otros”.
Su fundación acompañó el proceso de conciliación entre la industria y la comunidad de personas ciegas que promovió el doctorado en derecho de la Universidad del Rosario. Una iniciativa que se frustró porque los representantes de la Cámara Colombiana del Libro decidieron dejar de asistir. Y, como lo indica la suerte del proyecto en el Congreso, apostar por una estrategia más eficiente: el lobby para colgar ‘micos’.
“Nuestra pelea no es con los autores ni con los derechos de autor —insiste Dean—, sino con la industria. Queremos que se garantice el acceso a la información y la comunicación”. Para explicar su punto, la brecha de acceso al conocimiento entre personas ciegas y las que no tienen problemas visuales, retoma el ejemplo del libro sobre neurodiversidad que quiere leer. Primero debe ir a la librería y pagar unos $70.000. Después escanearlo y convertirlo en texto. Una tarea que le puede tomar unos cinco días. Necesita además un programa como JAWS (iniciales de Job Access with Speech), que cuesta entre 2 y 3 millones de pesos, para que traduzca los textos en audios. “Es injusto”, dice.
El Espectador quiso hablar con los representantes de la Cámara Colombiana del Libro para conocer sus argumentos en contra de este proyecto de ley, pero la jefa de comunicaciones informó que ninguno de ellos estaba disponible. El proyecto irá ahora a conciliación.
pcorrea@elespectador.com