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No es fácil ser niño en la Guajira. En el mejor de los casos los niños y niñas wayuus tienen que caminar hasta 2 y 3 horas desde sus rancherías hasta la escuela bajo el sol inclemente del desierto. Pero en el peor de los casos los niños no pueden ir a la escuela porque viven muy lejos, y tienen que caminar varias horas para llegar al pozo de agua más cercano.
Actualmente, la Guajira tiene la cifra más alta de mortalidad infantil por desnutrición en el país en menores de cinco años según el Instituto Nacional de Salud: mientras el índice nacional es de dos niños por cada 100.000, el de la Guajira es de 20.
En el 2016 múltiples entidades del Estado fueron objeto de una tutela, por la muerte de 266 menores entre 2015 y 2016 en el departamento por problemas asociados a la desnutrición y la falta de agua potable. Y ese mismo año la CIDH reportó que según informes remitidos por distintas fuentes, en los últimos ocho años habrían muerto 4770 niños de la comunidad Wayuu por las mismas razones, confirmando la magnitud y profundidad del problema.
Una reciente sentencia de la Corte reconoce por primera vez la vulneración de derechos fundamentales al agua, la salud y la alimentación de los wayuu por fallas en el funcionamiento de las entidades del Estado y fija unos objetivos mínimos para salir de la crisis actual. Estos incluyen el aumento de la accesibilidad y calidad del agua, así como una mejora en la calidad y cobertura de los programas de atención alimentaria como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación.
El fallo también explica la necesidad de que los programas alimentarios respeten las prácticas tradicionales de los indígenas e incluyan los alimentos que acostumbran consumir, para configurar su seguridad alimentaria y no hacerlos dependientes de productos que no hacen parte de sus prácticas cotidianas. Para la Corte “de nada sirve proveerles alimentos si estos no son acordes con sus costumbres”.
Una ayuda polémica de la empresa privada
En medio del panorama de escasez y dificultad en la Guajira en julio del año pasado Postobón anunció su nuevo programa de responsabilidad social, que incluía la donación de las bebidas endulzadas Kufu a tres escuelas indígenas de la Guajira por seis meses, y “la promoción de estilos de vida saludables” a los niños y sus familias, como explica la empresa en un informe de cierre del proyecto. Dejusticia le envió a Postobón una serie de preguntas que la empresa no quiso contestar directamente. Su jefe de prensa envió el citado documento y un informe de sostenibilidad de la empresa del 2017. (Lea: polémica por bebida alimenticia).
El programa recibió distintas críticas, pues se trataba de un producto que no contribuía a la adecuada alimentación de los menores y en cambio podía generar familiaridad con la marca y el sabor. Además de que exponía a los niños indígenas a un producto que no hacía parte de su dieta tradicional.
Organizaciones de la sociedad civil enviaron derechos de petición a distintas entidades como el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, para averiguar si en Colombia había algún tipo de supervisión a los programas de responsabilidad social. Pero no hubo ninguna respuesta contundente de las entidades, pues después de todo, las bebidas de Postobón tenían el aval del Invima. (Posición de la Sociedad de Pediatría).
En este tema en Colombia todavía no hay una legislación clara. No existe ninguna norma que prohíba la comercialización ni la donación de estas bebidas por parte de la empresa privada en las escuelas. Aunque en muchos establecimientos de educación privados en el país para proteger los derechos de los niños a la alimentación balanceada ya se ha prohibido la distribución de estos productos en sus tiendas escolares, en las escuelas públicas no.
Para entender mejor la situación decidimos viajar a la Guajira para observar directamente lo que significaban estas donaciones en las escuelas.
Problemas con el Programa de Alimentación Escolar
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es un programa del Ministerio de Educación que se volvió muy importante en el departamento. Aunque no fue creado como un programa de atención alimentaria, sino con el objetivo de incentivar el aprendizaje de los niños y disminuir el ausentismo escolar, ante la escasez de agua y alimentos en la Guajira, se convirtió en un elemento fundamental de la alimentación de los niños y niñas wayuu.
En nuestro viaje pudimos constatar que este año el PAE ha tenido una mejor cobertura, con respecto al año pasado, aunque aún sigue sin alcanzar para todos. El Programa ofrece un complemento al desayuno que debería representar un 20% o 30% de la alimentación diaria, pero que en la realidad para muchos niños y niñas en la Guajira representa más de la mitad de lo que consumen al día.
A pesar de que el Ministerio de Educación Nacional priorizó los centros educativos ubicados en zonas rurales para que se dieran allí las meriendas completas y con un menú altamente nutricional, la realidad que vimos fue muy distinta. A muchos lugares de la Alta Guajira los alimentos llegan solo mensualmente por el difícil acceso. Según la profesora de primaria Betty Almanzo de la Institución Etno-educativa Integral Rural de Puerto Estrella, esto restringe la disponibilidad de frutas y verduras en buen estado ya que no pueden mantenerse frescas por un tiempo tan largo.
Para el Padre Fabio Estupiñán, director del internado indígena de Nazareth, que cuenta con más de 200 niños internos y 800 niños externos, las donaciones ayudan, aunque no sean idóneas. “La responsabilidad, en todo caso, debería ser del Estado y no de la empresa privada” agrega.
¿Cuál es el problema?
Como señala Mercedes Mora, profesora de nutrición de la Universidad Nacional, aunque las bebidas Kufu tengan algunas vitaminas y minerales adicionados, estos no sirven de mucho, pues está comprobado que nada reemplaza el consumo de alimentos en su forma natural. Los nutrientes aislados difícilmente son absorbidos por el cuerpo.
Por otro lado, también se cuestiona que la inversión no se hubiera realizado en otros alimentos más adecuados para los niños como la leche o, incluso, en un sistema de agua potable. Un artículo publicado por Vice en febrero incluso cuestionó la intención de esta campaña que parecía estar sirviendo más para posicionar una marca y un producto.
Con directrices claras, los programas de responsabilidad empresarial podrían convertirse en un verdadero apoyo a los programas de seguridad alimentaria del Estado, en lugar de simplemente hacer distribuciones de sus productos.
La sentencia de la Corte es clara en señalar que los programas estatales deben escapar de la trampa asistencialista y procurar por que se alivien los factores que producen el hambre a largo plazo. Las donaciones privadas también podrían sumarse a esta iniciativa. Contribuyendo al derecho a la alimentación de los pueblos indígenas sin interferir con sus prácticas tradicionales.
* Abogadas e investigadoras de Dejusticia.