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Pese a haber sido sancionado por el mismo procurador Alejandro Ordóñez por no evitar el descalabro de la comisionista Interbolsa —intervenida por el gobierno el 2 de noviembre de 2012— el superintendente financiero, Gerardo Hernández Correa, permanecerá por ahora en su cargo. El alto funcionario fue sancionado en primera instancia con 12 años de destitución e inhabilidad porque —en palabras castizas— no hizo mayor cosa para evitar las maniobras irregulares en la firma comisionista. Y que, cuando intervino, ya era tarde.
Tras el anuncio del procurador, el superintendente Hernández dijo, por medio de un escueto comunicado, que dejaba al Gobierno “en total libertad de tomar la decisión que considere más conveniente sobre la permanencia en el cargo que desempeña desde 2010”. Así mismo informó que iba a pedir que se revisara el fallo de primera instancia porque tiene la convicción “de haber actuado conforme a la ley y oportunamente para garantizar la protección de los inversionistas”.
No obstante, el Ministerio Público consideró que el Estado fue negligente, que no evitó una tragedia anunciada y que Interbolsa no era otra cosa distinta que “una pirámide de estrato seis”, como hace varios meses la calificó el propio Ordóñez. En criterio del organismo de control, Hernández tuvo conocimiento desde septiembre de 2011 de la posible manipulación de precios de las acciones de la textilera Fabricato a través de las maniobras financieras de Alessandro Corridori, pues así se lo informó un grupo de expertos, pero no reaccionó a tiempo, ni interpuso la denuncia penal en la Fiscalía.
Según la decisión, Hernández no evitó las repercusiones de la manipulación de la acción de Fabricato —fue inflada de 20 a 90 pesos— y por lo tanto fue omisivo en sus funciones. Por este caso nueve protagonistas del caso Interbolsa fueron imputados esta semana en los juzgados de Paloquemao (ver nota anexa). La Fiscalía calcula que $340 mil millones se perdieron por la debacle de la firma comisionista.
En respuesta al fallo, el Gobierno salió a defender a Hernández. El presidente Juan Manuel Santos dijo que, aunque acataba la decisión, no la compartía porque Hernández era “la persona mejor capacitada del país para hacer lo que está haciendo”. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostuvo que el superintendente se mantendrá en su cargo mientras se revisa el fallo en su contra, por el que también fueron sancionados Diego Mauricio Herrera, superintendente delegado de Riesgos de Mercado, y Rosita Esther Barrios, superintendente delegada adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado.
Mauricio Cárdenas agregó que el alto funcionario —hoy en entredicho— “ha sido artífice de la construcción y consolidación de la institucionalidad monetaria y financiera vigente en el país”. Por último insistió en que esta decisión no fue sino por una “diferencia de criterio respecto a la interpretación del ejercicio de las funciones de supervisión por parte de la Superintendencia Financiera” y que, contrario a lo señalado por la Procuraduría, Hernández “tomó las medidas necesarias para evitar el contagio al resto del sistema financiero”.
El procurador deberá definir si confirma su fallo y ratifica que ese dinero se esfumó porque el superintendente financiero no actuó a tiempo o si, como dijo el ministro Cárdenas, todo es un problema de diferencias de criterio.
jjimenez@elespectador.com
@juansjimenezh