La deuda del Gobierno con los humedales

La Contraloría revisó qué promesas consignadas en el actual Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) se han cumplido en materia ambiental. Ningún humedal ha sido delimitado a escala 1:25.000.

El polígono del humedal Ramsar incluiría los tradicionales cerros de Mavicure, en Guainía. / Tomás Cárdenas

En enero la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, viajó hasta Guainía para prometer que en menos de tres meses Colombia tendría su sexto humedal Ramsar, una convención que convertiría esta zona en un área protegida de interés mundial.

La ministra se comprometió a que 253.000 hectáreas conocidas como la Estrella Fluvial del Inírida (uno de los más importantes sistemas hídricos de Colombia) quedarían blindadas contra la minería y las actividades productivas que a futuro podrían poner el peligro la oferta de agua que esa zona le entrega al continente. También aseguró que la declaratoria estaba casi lista. (Lea: Estrella Fluvial del Inírida por fin será área protegida).

Pero la promesa no se cumplió y la Contraloría acaba de publicar un extenso informe en que, entre otras cosas, le recuerda al Gobierno que esa deuda está pendiente, así como el mapeo de todos los humedales del país a una escala detallada (de 1:25.000), necesaria para que se tomen medidas para conservarlos.

“Aunque el Ministerio de Ambiente desarrolló estudios económicos, sociales y ambientales para delimitar los complejos humedales asociados a la cuenca baja del río Guaviare, aún no se ha delimitado ni se ha declarado sitio Ramsar”, se lee en el informe en el que la Contraloría criticó que el Minambiente haya dilatado por más de dos años este trámite, por esperar un concepto, que no era vinculante, del Ministerio de Minas en el que se describía el potencial que tenía esta zona para hacer minería. (Lea: El Orinoco, a la espera de una firma).

“La protección de ecosistemas de alto valor ambiental no puede quedar supeditada a un concepto técnico emitido por una entidad con intereses contrarios (en este caso el Minminas), porque esto condiciona la competencia del Minambiente como suprema autoridad ambiental del país’, dice el informe. (Lea: Minminas no apoya protección del Orinoco).

Pero la deuda del Gobierno con la delimitación de humedales es mucho más grande que las 253.000 hectáreas de la Estrella Fluvial del Inírida. En total los humedales del país suman unas 2’589.000 hectáreas que necesitan ser mapeadas bajo escalas precisas para que cada autoridad ambiental local formule estrategias de preservación adecuadas.

Al ser elegido presidente, Juan Manuel Santos consignó en su plan de desarrollo que entre 2010 y 2014 el 100% de los humedales del país estarían mapeados a escala 1:25.000, pero a la fecha, a pesar de que el Instituto Humboldt y algunas corporaciones autónomas regionales han adelantado parte del trabajo de campo, según la Contraloría los resultados en el cumplimiento de esta meta son preocupantes, “no existe ningún humedal delimitado a esa escala”, lo que “está impidiendo que se adopten medidas necesarias para su zonificación y conservación. Los resultados en el cumplimiento de esta meta son preocupantes”, concluye el documento.

Según las proyecciones de la Contraloría, será imposible que el Gobierno cumpla con la delimitación total. Al ritmo que va, dice el órgano de control, a 2015 sólo se alcanzarán a mapear a escala 1:25.000 el 44% de los humedales colombianos.

Áreas estratégicas mineras

Hay otro punto sobre la protección de servicios ecosistémicos que para la Contraloría es preocupante: la decisión que tomó en 2012 el presidente Santos cuando en plena Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas Río+20, en Brasil, anunció que declararía 17’089.000 de hectáreas del Amazonas como ‘áreas estratégicas mineras’, donde las compañías interesadas en extraer recursos podrían solicitar permisos de exploración y futura explotación de minerales.

“Resulta alarmante que no se desarrollaron estudios ambientales previos a esta decisión, teniendo en cuenta que el 48,21% de estas áreas se sobreponen con la zona de reserva forestal de la Amazonia”, dice la Contraloría y a la vez respalda la decisión del Minambiente que frenó la decisión del presidente al suspender las solicitudes de sustracción de esta reserva hasta el momento en que se termine su ordenamiento y zonificación.

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