El campo: una apuesta de país

La seguridad alimentaria constituye, entonces, una urgencia para el país. La sociedad ha reaccionado solidariamente y ha salido a comprar a las vías.

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La pandemia y el confinamiento dejaron al descubierto la gran desigualdad en el país, pero, sobre todo, las amplias brechas que siguen existiendo entre las zonas rurales y urbanas. Desde La Salle, capitalizando la experiencia de décadas de trabajo en y por la ruralidad, hemos planteado la necesidad de establecer un compromiso de la ciudad con el campo, como un acto de responsabilidad con quienes han debido soportar la guerra y la ausencia de todo el país.

Hoy los campesinos viven afugias para poder vender sus cosechas. Al problema ocasionado por la importación de alimentos se suma una fuerte caída de la demanda interna; todo esto atenta no solo contra la rentabilidad de las economías campesinas y del campo en general, sino de la propia calidad de vida rural.

Las políticas comerciales que han prevalecido en las últimas tres décadas dejaron a las economías campesinas al libre albedrío de los mercados, aunque, aun siendo productivas, no tienen los recursos tecnológicos y financieros necesarios para competir abiertamente con las grandes empresas multinacionales, que incluso gozan de las bondades de las políticas públicas proteccionistas y de promoción en sus países de origen.

La seguridad alimentaria constituye, entonces, una urgencia para el país. La sociedad ha reaccionado solidariamente y ha salido a comprar a las vías. También lo ha empezado a hacer de forma directa a productores, mercados campesinos que van marcando el camino de una nueva forma de distribución.

Los circuitos cortos se convierten en una alternativa para la comercialización; sin embargo, no son suficientes. El país debe organizar sus ofertas, su distribución interna y viabilizar las exportaciones agropecuarias como un camino posible y viable para mejorar la balanza deficitaria, interna y externa. Esto solo se puede lograr a través de una acción conjunta entre el Estado, los productores y los consumidores.

Los aprendizajes de este duro año deben conducirnos a tener acciones estratégicas definidas frente al campo: un pacto social por la ruralidad colombiana que resignifique el valor de la seguridad y la soberanía alimentaria, que nos conduzca a hacer de las economías campesinas el soporte de una oferta vigorosa de bienes para el consumo interno, pero también para participar activamente en los mercados internacionales. No obstante, esto no se hace de la nada; se requieren acciones públicas y privadas decididas, de una apuesta de país que debe pasar por el acceso a la propiedad, al financiamiento, al trabajo conjunto y a la asociatividad, al logro de procesos logísticos que garanticen una adecuada distribución y, en definitiva, garantizar los ingresos y la calidad de vida para los pobladores rurales. Se trata de hacer de la ruralidad el soporte de la nueva Colombia, en democracia, con desarrollo y en paz.

*Director del Centro de Estudios e investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle.