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hace 1 hora
Llamado a fortalecer implementación de sustitución de cultivos ilícitos y tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores

"El proceso de paz está por encima de la política", dice Comisión Global de Políticas de Drogas

A propósito de las elecciones del próximo domingo en Colombia, pronunciamiento en carta abierta de este grupo de notables internacionales, encargado, junto con Naciones Unidas, del monitoreo y verificación del punto 4 del Acuerdo de paz con las Farc.

La Comisión informó que su mensaje de apoyo al Acuerdo de Paz es independiente de quien resulte electo como nuevo Presidente de Colombia este 17 de junio. / sensiseeds.com

Por: Jorge Sampaio, expresidente de Portugal, Helen Clark, exprimera Ministra de Nueva Zelandia y Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Aleksander Kwasniewski, expresidente de Polonia; miembros de la Comisión Global de Políticas de Drogas*.

Colombia está a punto de finalizar sus elecciones presidenciales y legislativas de 2018 y hasta ahora estas han sido las elecciones menos violentas en décadas. De hecho, 2017 fue el año menos violento en cuatro décadas. En agosto pasado, el desarme de las FARC concluyó con 12,000 combatientes entregando sus armas y reubicándose a las zonas veredales de normalización. La relación entre el número de combatientes desmovilizados y el número de armas decomisadas fue la mejor de todos los que procesos de paz que se han adelantado hasta ahora – una indicación de que las armas no fueron retenidas- . Desde afuera, parece que Colombia se está moviendo en la dirección correcta. Sin embargo, muchos en Colombia no parecen satisfechos. (Lea: Advertencias a Colombia).

En nuestra opinión, el estado y el pueblo colombiano deben superar tres desafíos principales para que la paz sea sostenible: proporcionar seguridad, incluso en las zonas rurales; reintegrar a los ex combatientes; y proporcionar alternativas económicas para convencer a los agricultores de sustituir los cultivos de uso ilícito. El proceso de paz le ha dado al Estado colombiano la oportunidad, pero también la obligación, de proporcionar seguridad y servicios básicos en todo el país, incluso en las zonas que nunca tuvieron una presencia estatal efectiva. Esto ha sido difícil, y en muchos casos los grupos armados han llenado el vacío de poder dejado por las FARC. La reintegración de excombatientes también se ha movido lentamente y hay información de ex guerrilleros que han abandonados las zonas de concentración para regresar a los bosques y montañas debido a la frustración.

Una mirada más cercana al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ilustra que también hay problemas en esta área. Hace un año, Colombia anunció el empeño de sustitución de coca más ambicioso de la historia. A la fecha, al menos 123.225 familias han firmado convenios colectivos, y más de la mitad también han suscrito a acuerdos individuales.  Sin embargo, el marco legal para este programa de sustitución de cultivos, la ley del tratamiento penal diferencial, todavía no está listo. Esta ley es necesaria para otorgar beneficios penales   a los pequeños cultivadores de coca que no pertenecieron a organizaciones delictivas y que están dispuestos a erradicar sus plantas. Con esta ley, el estado finalmente reconocería que la criminalización no es la respuesta para los agricultores que cultivan coca debido a la pobreza y la falta de oportunidades en su región. Esta es una de las más de 30 leyes que el Gobierno quería tramitar a través del mecanismo en fast track, para implementar el acuerdo de paz. A pesar de ello, a finales del año pasado solo 10 de ellos habían sido aprobados por el Congreso.

Esto situación está causando serios problemas para los agricultores que han confiado en el proceso y se han suscrito al programa. Luz Dary, de la región de Putumayo, solía cultivar 3 hectáreas de coca. En agosto pasado firmó un acuerdo individual y arrancó voluntariamente su plantación. Ella al igual que el 89 por ciento de los beneficiarios, todavía no ha recibido asistencia técnica ni asesoramiento. Para tener ingresos, Luz Dary siguió adelante con un cultivo comercial con el que no tenía experiencia y sin saber si su tierra es apta para cultivarlo: sacha inchi (una planta antigua que está regresando al mercado y de la cual se puede prensar aceite). Cuando se inscribió en el PNIS, tuvo que admitir haber cometido un delito, es decir, haber cultivado 3 hectáreas de coca. En este momento, le dijeron que las personas que tuvieran cultivos de menos de 3.8 hectáreas recibirían beneficios penales. La medida de 3.8 hectáreas es lo que los expertos consideran que era necesario para ganar un salario mínimo cultivando coca en su región de Putumayo. Sin embargo, el nuevo borrador de la ley de tratamiento diferencial actualmente en discusión en el Congreso establece un límite de solo 1.78 hectáreas, lo que significa que Luz Dary no podría recibir los beneficios de la ley y sería crimininalizada. Hay muchos pequeños cultivadores de coca, que como ella, están atrapados en lo que es esencialmente una falta de coordinación entre las diferentes ramas del gobierno, la cual les podría traer graves impactos. Cambiar las reglas para acogerse al tratamiento penal diferenciado cuando los pequeños cultivadores de coca ya se han comprometido, socava la confianza en el estado como un socio confiable, confianza que se necesita con urgencia. La relación con el estado ya se encuentra bastante deteriorada debido a que la erradicación forzada, planificada y llevada a cabo por el ejército, se ha superpuesto con áreas donde las autoridades civiles estaban trabajando en la sustitución voluntaria de cultivos. El congreso debe actuar rápido y en interés de los más afectados dando trámite a este proyecto de ley. Y el ejecutivo debe garantizar que se cumplan las promesas del programa de sustitución de cultivos, y que las buenas intenciones se traduzcan rápidamente en un progreso palpable sobre el terreno.

Es comprensible, dado este contexto, que haya insatisfacción con la implementación  del proceso de paz hasta el momento. Pero al tiempo que observamos los problemas, debemos   reconocer que este proceso sigue siendo la mejor oportunidad de Colombia para terminar un conflicto que ha durado más de cinco décadas. El proceso de paz ya ha logrado reducir el nivel de violencia y tiene el potencial de consolidar la paz en pueblos y veredas que no la han conocido desde hace generaciones. En un cálculo desapasionado, los aspectos positivos del proceso de paz superan con creces los agravios que algunos albergan al respecto. La paz es fundamentalmente más importante que los desacuerdos entre izquierda y derecha.

Instamos a todas las fuerzas políticas a cumplir el acuerdo de paz y trabajar para mejorar su implementación en vez de revertir el proceso. Todo el país necesita abrazar la paz para que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no se convierta en otro referéndum sobre el acuerdo de paz. Las elecciones deben ser una decisión sobre la mejor forma de llevar los beneficios del desarrollo a todos los colombianos, no uno entre la paz y el regreso a las armas. Se necesita tiempo para construir la paz. Instamos a los colombianos a permitirse ese tiempo.

* La Comisión Global de Políticas de Drogas es una organización independiente conformada por 24 miembros, incluyendo 12 Ex Jefes de Estado, un Ex Secretario General de las Naciones Unidas, y tres premios Nobel de la paz. Su misión es promover reformas a las políticas de drogas basados en evidencia a nivel nacional, regional e internacional. Estas reformas deben también abordar los problemas de salud pública, la integración social y la seguridad, con estricto apego a los derechos humanos.