El símbolo del maltrato indígena

Había sido encarcelado injustamente durante 13 años por la matanza de varios policías. La libertad fue inmediata.

Hector Patishtán muestra un cartel con la foto de su padre, Alberto Patishtán, quien luego de 13 años encarcelado injustamente fue indultado. / EFE

La historia de Alberto Patishtán Gómez, un maestro originario de Chiapas (México) está llena de injusticias: estuvo encarcelado 13 años injustamente acusado de haber participado en la matanza de varios policías. Nunca pudo recibir la visita en prisión de su madre por problemas de salud y falta de recursos. Sus derechos fundamentales fueron violados en un proceso injusto lleno de irregularidades judiciales. Como si esto fuera poco, los médicos le descubrieron un tumor en la cabeza, del que ya fue operado hace dos años, pero que no ha sido extirpado en su totalidad.

Patishtán fue detenido en el año 2000 tras la muerte de siete policías en una emboscada de hombres armados en el municipio de El Bosque, una zona montañosa del estado de Chiapas (sur), en tiempos de enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Ese mismo año fue condenado a 60 años de prisión por homicidio, pese a que su defensa y diversas ONG alertaron que en el juicio no se tuvieron en cuenta pruebas que demostraban su inocencia, incluidos varios testimonios que aseguran que no estuvo en el lugar de la masacre.

Este jueves, 13 años después, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto le otorgó el indulto por considerar que su proceso fue irregular. "El presidente ha determinado otorgar el indulto al profesor Alberto Patishtán Gómez y notificarle su libertad inmediata", dijo en un mensaje a medios el secretario (ministro) de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El mandatario ya había anunciado que tomaría esta medida coincidiendo con la entrada en vigor de una reforma al Código Penal que permite al gobierno indultar a una persona sentenciada cuyos derechos humanos fueran violados durante el proceso y que haya agotado todo sus recursos judiciales en el país.

En el caso de Patishtán, de la etnia tzotzil, "se detectaron indicios de violaciones graves a derechos humanos, particularmente del debido proceso", explicó Osorio Chong. El indulto de Peña Nieto constituye una fuerte llamado de atención al poder judicial por su trato hacia los indígenas y los colectivos más pobres, advierten expertos y activistas. Los poderes Ejecutivo y Legislativo "le enmendaron la plana al judicial, que ha incumplido con sus obligaciones", dijo a la AFP Julio Hernández, experto en derecho de la privada Universidad Iberoamericana.

El pasado 12 de septiembre, un tribunal de Chiapas le denegó a Patishtán el último recurso de apelación ante la justicia mexicana, luego de que la Suprema Corte de Justicia rechazara la competencia del caso. Tras el fin de la vía judicial en México, el Congreso aceleró la aprobación de la reforma al Código Penal que permitió el indulto.Amnistía Internacional recordó este jueves que, aunque se haya admitido la injusticia que se cometió con Patishtán, no se trata de un caso aislado en el país. "Las cárceles de México están pobladas por incontables casos como el de Patishtán. Su liberación debe ser sólo el primer paso hacia una revisión total de los casos y la adopción de medidas que pongan fin a la discriminación e inequidad en el acceso a la justicia", dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional, en un comunicado.

La ONG, con base en Londres, reclamó también que rindan cuentas las personas responsables del "juicio injusto" y encarcelamiento del profesor. Una de las irregularidades denunciadas en el juicio a Patishtán fue la falta de acceso a un traductor en su lengua, el tzotzil. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena, hay al menos 8.300 encarceladas en México que sólo hablan su lengua autóctona y que en su mayoría han carecido de un defensor y de un intérprete al español durante sus procesos judiciales. Osorio Chong recalcó que este gobierno, que tomó posesión en diciembre, tiene el "compromiso de fortalecer las instituciones de procuración de justicia" sobre todo en casos de población vulnerable e indígenas.

Durante su paso por cinco cárceles, una de ellas de máxima seguridad, Patishtán creó dos organizaciones de presos indígenas pobres para protestar por las irregularidades que muchos habían sufrido, con acciones que incluyeron huelgas de hambre. Sus dos hijos, Gabriela (22 años) y Héctor (17 años) encabezaron una fuerte campaña activista en favor de la liberación de su padre.

Así nace en México la Ley Patishtán en una nación donde existen incontables casos como el suyo. Su tenacidad y el apoyo de multitud de organizaciones sociales que han tomado como propia su lucha influyeron en la decisión del presidente Peña Nieto de reformar el Código Penal y buscarle una salida a su desgraciada historia. En estos años de prisión, donde ha enseñado a leer y a escribir en el Cereso 5 de San Cristobal a multitud de presos analfabetos que no podían entender sus sentencias, se ha convertido en un espejo en el que mirarse para los parias. El subcomandante Marcos, el ideólogo y líder del Ejército zapatista, un movimiento con el que Patisthán simpatizaba, y los obispos de la zona se volcaron en su defensa.
 

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