Emberas del Alto Baudó, sitiados por el miedo

Más de 3.400 indígenas fueron desplazados, en el último año, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en ese sector del Chocó. Los campos minados les impiden cazar y cultivar.

El año pasado el gobernador embera Narcilo Isaramaka Caisamo, desplazado de la comunidad de Docasina, murió al no recibir atención médica. Al menos 558 emberas confinados en Puesto Indio esperan desde 2014 que el Estado les garantice su regreso a La Esperanza, Puerto Tomás, Alto Tumandó, Tassi y Sarú. / Alexandra McNichols-Torroledo
Hace un año exacto, cuando se prendió la balacera en Catrú, en el Alto Baudó chocoano, el maestro Lucreciano Cahamorro regresaba de la Escuela Indígena de Piedra Mula. Al embera, del resguardo Catrú, Dubasa y Ankozó, le tocó correr hacia su casa y esconderse con el resto de su familia, para que las balas no lo alcanzaran. “Se escuchaba todo. El tiro, el bombardeo, cuando la gente sacaba todas sus pertenencias y comenzaba a agarrar en piraguas por el río Dubasa, fue en esa carrera que el anciano Mauricio Pedroza se montó en una mina, la gente corría del miedo, al anciano se le fue la vida”, recuerda.
 
Se estima que ese enfrentamiento entre las Autodefensas Gaitanistas (que son los mismos Urabeños) y el Eln provocó la huida de 2.030 personas de 28 comunidades de Catrú, Dubasa y Ankosó, casi todos indígenas emberas. Los tambos quedaron desolados. Unos se fueron selva adentro, otros hacia Catrú Central y Santa Catalina. Las casas a donde llegaron, de conocidos y parientes, se llenaron con cinco, seis y siete familias. A Lucreciano y al resto de maestros les tocó improvisar la escuela en cualquier lugar.
 
Pareciera que los 80 kilómetros de selva espesa que separan al Alto Baudó de Quibdó tuvieran la capacidad de silenciar el éxodo. La distancia se traga la angustia, el hacinamiento, el dolor, y el mensaje de que en el Chocó están desterrando indígenas y afros llega a Bogotá convertido en un cable de noticias.
 
Lo que para muchos fue verle la cara al terror, para el frente de Guerra Occidental del Eln se resumió en un reporte escueto publicado en el sitio web de la guerrilla bajo el nombre “Combates en la región Pacífico”: “Mayo 10 2014, Municipio Pie de Pato, río Catrú, quebrada Jingapirawa. 9; 30 a.m.; emboscamos durante 30 minutos a las fuerzas paraestatales. Resultados: 1 muerto; su cuerpo quedó en el campo de combate. 8 heridos. Propios sin novedad (no hubo bajas del Eln). / Mayo 11 2014, 8:30 a.m.; tendimos campo minado contra fuerzas paraestatales. Resultados: 1 muerto. 1 herido. Propios sin novedad”.
 
Sus estadísticas de guerra resumen que entre mayo de 2013 y mayo de 2014 extendieron en los márgenes del Pacífico cinco campos minados más, realizaron sesenta hostigamientos, cuatro emboscadas, tres combates, dos retenes, un asalto. Los enfrentamientos se dan con el Ejército, los Rastrojos, los Urabeños o con el clan Úsuga.
 
En junio, a dos días de camino de Catrú, la historia volvió a repetirse. Ahora los que huyeron fueron 540 indígenas de Nueva Esperanza, Puerto Tomás, Alto Tumandó, Tassi, Sarú y 271 habitantes de Puesto Indio. Los violentos entraron a dañarlo todo. A punta de bombazos acabaron con techos, paredes y tableros. Acorralaron Puesto Indio y sembraron minas antipersonales en sus alrededores para controlar a la población.
 
La gente corrió hacia el casco urbano dejando atrás casas, animales y cultivos, y se hacinaron en los tambos de los conocidos y en la escuela, que se convirtió en albergue. “Los hombres armados nos informaron que había minas antipersonales sembradas en nuestros territorios. Nosotros les preguntamos que cómo íbamos  a  trabajar, pescar, cazar y sembrar. Ellos no respondieron y se fueron dejándonos confinados”, contó Sisifredo Estragama Arce, gobernador de Nueva Esperanza.
 
El miedo los encerró casi por completo en esos tambos, narra Jorge Eliécer Sabugara, embera de 44 años y líder de la comunidad de Niacora. Dice que la gente no volvió a cazar y tampoco a pescar, ni a sembrar y, “como ocurre siempre”, el Gobierno los atendió al principio con ayudas humanitarias y luego cada quien tuvo que encontrar la manera de sobrevivir. Es uno más de esos episodios que vienen destruyendo el tejido social de los habitantes del Alto Baudó, desplazados una y otra vez por los armados, desde hace más de 15 años. Esta vez la respuesta desde el Gobierno Nacional fue enviar más y más ejército.
 
El segundo municipio más pobre de Colombia es visto por los grupos armados como una de las principales autopistas para el narcotráfico. La droga se mueve desde el Chocó hacia el Pacífico y luego viaja hacia Panamá. Sus ríos son ruta de cultivos ilícitos, laboratorios de coca y redes de tráfico de drogas.
 
Aunque este año no se han presentado desplazamientos masivos, para la población es evidente que en el Alto Baudó ya no existe calma. Hoy, en Puesto Indio, el miedo mantiene confinados al menos a 558 emberas que siguen esperando garantías para su retorno. Según el último informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), publicado en octubre de 2014, los pueblos no han regresado por temor a la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos, que fueron instalados durante los combates en zonas aledañas.
 
La última visita de Naciones Unidas pudo comprobar la gravedad de la situación en Puesto Indio: las comunidades no cuentan con atención en salud, se han identificado personas con síntomas de enfermedades respiratorias, malaria, tuberculosos e infecciones en la piel. Las dificultares para acceder a alimentos se refleja en los niños con desnutrición. “Se identifica la necesidad de acompañamiento psicosocial para los niños”, se lee en el informe.
 
La comisión de la OCHA describió como los menores que escucharon los bombardeos comenzaron, con los días, a construir juguetes de madera bélicos: “durante los combates fueron instalados artefactos explosivos en zonas aledañas a las comunidades, lo que ha impedido el regreso de las personas en situación de desplazamiento y ha obligado a las comunidades a limitar su movilidad, restringiendo el acceso a los medios de vida agrícolas y el desarrollo de otras actividades como la caza. El Ejército ha realizado acciones de desminado militar en la zona; sin embargo, esto no garantiza totalmente la seguridad para las comunidades indígenas. Por la situación actual de conflicto no es posible realizar desminado humanitario”.
 
El personero municipal, Haiver Mosquera, recibe todos los días testimonios de indígenas y de miembros de comunidades negras que se declaran desplazados. Betty Eugenia Moreno, la directora de la Unidad para las Víctimas del Chocó, asegura que el destierro se sigue viviendo a cuentagotas y los pocos funcionarios visibles trabajan bajo amenazas. “Hemos intentado atender sus necesidades, pero no hay respuesta de parte de otras autoridades. Propiciamos la llegada de la Fuerza Pública y activamos el sistema de atención a víctimas, pero son muy pocas las acciones de la Gobernación y la Alcaldía”, dice Moreno.
 
En 2014, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el Alto Baudó fueron desplazadas 3.431 personas. Ese número se eleva a 16.274 personas si se hace un recuento desde 1985. “Pero no solo son los enfrentamientos. Esta población se ha visto afectada por desastres naturales como las crecidas del río Baudó. En este municipio se reúnen todas las características de una Colombia en conflicto: la gente en la mitad de los bombardeos, las zonas aisladas que entre ríos y montañas son de muy difícil acceso. La presencia del Estado es nimia. El alcalde fue retenido por el Eln (entre el 16 de diciembre y el 28 de febrero) y desde que fue liberado no ha regresado al casco urbano de Pie de Pato, está trabajando desde afuera y con alcaldes encargados, el personero está muy solo, no hay recursos financieros, tampoco apoyo desde el gobierno departamental. La sede de la Alcaldía es como si se cayera a pedazos y así de frágil es la institucionalidad”, dice Silvya Bolliger, quien ha trabajado con las comunidades desde la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
 
La tristeza de los emberas se siente en el tono de la voz de quienes relatan esta historia. Jorge Eliécer Sabugara agarra el teléfono con pausa y hablando bajito cuenta que en su comunidad mueren unos cuatro niños al año, que la comida no alcanza, que la gente tiene brotes en la piel, que las fumigaciones aéreas con glifosato están dañando los cultivos de banano y maíz. “La gente tiene miedo de ir al monte por las minas y desde hace un año que están fumigando con esos aviones uno no encuentra animales sanos para la caza, todos se ven flacos. El arroz ya no se cría, los bananos nacen pequeñiticos”. Desde la personería municipal y desde la Alcaldía ya han enviado informes a la Secretaría de Salud sobre las afectaciones. De esto tampoco hay respuestas.
 
“Aquí la gente anda mal, desde 2001 se denuncian homicidios, secuestro y tortura, pero los problemas persisten, no existen garantías para el retorno, así que los que se arriesgan lo hacen bajo su responsabilidad. Los indígenas están pasando hambre, los suicidios son comunes, es como si estuviéramos atravesando por las siete plagas del alto baudoseño. ¡Necesitamos ayuda!”, dice Haiver Mosquera, el personero.
 
Más desplazados en Bagadó 
 
Desde el pasado 20 de abril al menos 711 personas (148 familias) de cinco comunidades indígenas de Bagadó (Chocó) se desplazaron hacia la población de Vivícora.
 
Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), debido a las operaciones militares en contra del Eln y las acciones de este grupo armado, que se presentan desde final de marzo en la zona del alto Andágueda (zona rural de Bagadó), cerca de mil personas, entre afrocolombianos e indígenas, han tenido que limitar su libre movilidad y suspender sus actividades diarias de subsistencia, lo que hace que estén en confinamiento. En estos poblados existe una fuerte presencia de minería ilegal y cultivos ilícitos.
 
* La publicación de este artículo fue posible gracias a la colaboración de la fotógrafa Alexandra McNichols-Torroledo.
 
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