“Enérgico llamado” de CIDH para que se garantice rol de la prensa en la pandemia

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El organismo interamericano y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión lanzan una voz de alerta por las respuestas que vienen dando distintos Estados del continente a las solicitudes periodísticas o críticas relacionadas con la atención a la COVID-19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión emitieron un comunicado desde Washington D.C. para poner sobre la mesa “su preocupación por las violaciones a la libertad de expresión y restricciones al derecho a la información a raíz de las medidas establecidas por los Estados de la región en el marco de la respuesta a la pandemia”. Con base en reportes de casi todos los países de las Américas, estos organismos señalaron que, en tiempos de la pandemia por el nuevo coronavirus, el trabajo informativo también se encuentra en riesgo. (Las dudas de la OMS sobre las "tarjetas de inmunidad")

 

— Edison Lanza (@EdisonLanza) April 18, 2020  

“De acuerdo con la información recibida, al comienzo de la pandemia varios Estados, tales como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras y México, habrían suspendido o extendido los plazos de tramitación de procedimientos administrativos de forma general y/o vinculados con solicitudes de información pública”, indicaron estas instancias. En algunos casos, los países que comenzaron a abordar la pandemia junto con restricciones a la prensa lo reversaron. Esta, sin embargo, no se convirtió en regla general. Estos son algunos ejemplos. (Dos ideas para tener claras sobre COVID-19 y aire contaminado)

Colombia

En el país, desde que quedó vigente la Ley 1437 de 2011 y se confirmó la Ley 1755 de 2015, las autoridades tienen la obligación de resolver toda petición en los 15 días posteriores a su recepción. Esa temporalidad cobija, por supuesto, los derechos de petición de información. La CIDH y la Relatoría exponen, no obstante, que el decreto legislativo 491 de 2020, el cual hace parte del paquete de normas que el gobierno Duque ha expedido para hacerle frente a la pandemia de la COVID-19, cambió esos tiempos. Las autoridades ya no tienen 15 sino 30 días para resolver peticiones, 20 días cuando se demandan documentos y hasta 35 días cuando se eleva una consulta.

“Los Estados pueden otorgar prioridad a aquellas solicitudes relacionadas con COVID-19, pero no deben establecer limitaciones generales respecto de otras solicitudes”, recomendó la CIDH, la cual señaló, a su vez, que en Colombia (y también en Argentina) se están haciendo “labores de ‘ciberpatrullaje’, que tendrían como objetivo identificar cuentas que difundan información falsa”.  Hace unas semanas el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Jorge Luis Vargas, le confirmó a este diario que en la Policía están buscando a gente que difunda información falsa en redes sociales. El sistema interamericano se cuestiona si esas funciones judiciales podrían afectar libertades individuales.

Argentina

Argentina hace parte de los países que ha replanteado las medidas tomadas sobre el acceso a la información. Según la CIDH y la Relatoría, el pasado 19 de marzo, el gobierno central “suspendió de manera general los plazos administrativos”, pero, el 14 de este mes, “la Agencia de Acceso a la Información Pública exceptuó de la suspensión de plazos a los trámites de acceso a la información pública, y citó expresamente la Resolución 1/20 de la CIDH”. Se trata de un documento titulado “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, en el que se reconoce la importancia del manejo informativo en esta coyuntura que atraviesa la humanidad.

En el país gaucho, dicen las organizaciones interamericanas, el gobierno de Alberto Fernández “exceptúo a los comunicadores, medios y trabajadores de empresas de telecomunicación del aislamiento y las restricciones de circulación” que se han decretado desde el inicio de la emergencias sanitaria. En ese país también se han abierto investigaciones por el delito de “intimidación pública” en contra de personas que divulgaron información posiblemente falsa en sus redes sociales, frente a lo cual la CIDH insiste en la necesidad de que las respuestas penales sean proporcionales a las acciones cometidas.

Por último, sobre el “ciberpatrullaje”, la ministra de Seguridad argentina, Sabina Frederic, lo resumió así en una conferencia virtual entre los ministros del gabinete el pasado 8 de abril: “Las fuerzas de seguridad monitorean las redes sociales, para ver el humor social y prevenir situaciones”. Las reacciones a esa frase no se hicieron esperar. Según la CIDH y su Relatoría Especial, el gobierno Fernández ya informó que el ciberpatrullaje se regulará con un protocolo que está en construcción, en el cual se incluirán estándares interamericanos y para el que se consultará a la sociedad civil. (Pódcast La Zaga: Madres con COVID-19 deben tomar duras decisiones para proteger a sus bebés)

Estados Unidos

En días recientes, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, una reportera de la cadena estadounidense CBS le exigió al presidente Donald Trump preguntas específicas alrededor del tiempo que, según el mandatario, él “compró” tras la confirmación del primer caso de nuevo coronavirus en EE.UU. y las seis semanas que vinieron después. En Estados Unidos, la pandemia ha golpeado especialmente duro: la potencia registra el mayor número de casos de contagio en todo el mundo (más de 719.000) y el mayor número de muertes por la misma causa (unas 38.000 a hoy).

Trump reiteraba que no decretar cuarentenas al inicio fue la mejor decisión, para evitar cerrar la economía. A lo que Paula Reid, la periodista en cuestión, le replicó: “Usted dice que compró algo de tiempo, pero, ¿qué hizo con ese tiempo? No lo usó para preparar hospitales, ni para redoblar las pruebas clínicas. Ahora mismo, unos 20 millones de ciudadanos están desempleados y millares, muertos”. Trump alzó la voz, insultó a Reid y le dijo que tanto ella como su canal eran “falsos”. (Pandemia en EE. UU.: el lado oscuro de Nueva York)

La CIDH y la Relatoría llaman la atención sobre esta actitud del presidente estadounidense, la cual ha sido repetitiva en espacios informativos como las charlas diarias que sostienen los voceros del gobierno con los corresponsales de la Casa Blanca. El FBI, sin embargo, parece estar portándose un poco mejor: “Inicialmente informó que no aceptaría -ni respondería- solicitudes electrónicas de acceso a la información debido a la emergencia del Covid-19; no obstante, más recientemente la agencia publicó en su página web que recibirá solicitudes de información y las responderá con demoras. Otras agencias anunciaron la extensión de plazos en la entrega de información”.

Otros países

-En Guatemala, periodistas han denunciado que el presidente y otros funcionarios los han “descalificado”.. Asimismo, que se han restringido los canales virtuales para dirigir preguntas sobre la respuesta al COVID-19”. De igual forma, el gobierno de Alejandro Giammattei anunció que quienes desinformen o generen “pánico” a través de las redes sociales podrían ser procesadas “incitación a la sedición”.

-“En el caso de El Salvador, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil denunciaron la imposibilidad de realizar preguntas en conferencias de prensa oficiales, y la falta de información desagregada sobre el desarrollo de la pandemia”.

-En Cuba, el decreto-ley 370, expedido en 2018 para regular la “informatización de la sociedad” en esta isla del Caribe, se ha usado para quitarles sus celulares o multar a periodistas que han criticado en redes sociales la respuesta del Estado a la pandemia.

-En Perú y Bolivia, el manejo de la desinformación se está haciendo desde un enfoque penal, tal como ocurre en Guatemala. En Bolivia se habla de delitos contra la salud pública, mientras en Perú se habla de perturbar la tranquilidad pública. En ambos países, los gobiernos se están apoyando en leyes recién proferidas a raíz de la pandemia.

 

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