Estudiantes consiguen libertad de presos inocentes y desprotegidos

El Proyecto Inocencia, de la U. Manuela Beltrán, está aportando a la solución del hacinamiento carcelario. Cada día ingresan a las cárceles del país unos 92 internos nuevos.

Luz Miriam Vanegas fue condenada a 13 meses por supuestamente dañar una estufa y un tapete. / Fotos: Luis Ángel

Cada día ingresan a las cárceles del país 92 internos nuevos, en promedio. El hacinamiento sobrepasó el 56%. Sólo por poner un ejemplo: la cárcel Modelo de Bogotá, que tiene capacidad para 3.000 personas, hoy alberga a unas 15.000. Doce estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán (de derecho, psicología e investigación criminal) y cuatro abogados del mismo centro tienen ahora en sus manos la tarea de hallar una parte de la solución a este mal. Así se los encomendó la Vicepresidencia de la República.

Todos son miembros del Proyecto Inocencia, que desde 2007 les ha devuelto la libertad a 14 personas condenadas injustamente. Ese era el objetivo en un principio. Hoy, además de inocentes, están asesorando a otros internos que, si conocieran sus derechos, ya podrían estar en libertad.

Luego de que el Proyecto Inocencia recibiera una mención de honor en el Premio Excelencia en la Justicia, la Vicepresidencia los buscó, les abrió las puertas de todas las cárceles del país y les pidió que “no los dejaran solos” con el problema del hacinamiento.

Juan Carlos Cárdenas, líder del proyecto, asegura que este mal podría explicarse así: por un lado está “el desconocimiento por parte de los funcionarios judiciales de mecanismos para solucionar los conflictos diferentes al proceso penal. La salida penal debe ser la última opción, en cambio en nuestro país es la primera”.

Por otro lado, dice Cárdenas, está la falta de asesoría jurídica para los más pobres. “En La Picota, donde hay 5.000 internos, sólo existen tres defensores públicos para atender estas consultas”. Luego de tres meses de que el Proyecto Inocencia haya empezado a trabajar con unas nuevas reglas de juego, ya tres personas han recobrado su libertad. Estas son sus historias.

Luz Myriam Vanegas

Delito: abuso de confianza.

Condena: 13 meses.

Tiempo de reclusión: 5 meses.

Liberación: 2 de septiembre de 2013.

El viernes 5 de abril, después de pasar dos días en el calabozo de un CAI en el centro de Bogotá, le llegó la orden de remisión a El Buen Pastor. Luz Miriam ingresó a las 6:00 p.m. al patio 1, a una celda con 40 mujeres. Llevaba una colchoneta y una cobija. Sólo pensaba en Laura, su hija de siete años.

Cinco meses pasó Vanegas en prisión porque el dueño del apartamento en el que vivió once años, en el barrio Fontibón, la demandó por abuso de confianza. Dice el señor que Vanegas le quemó un tapete. Que le dañó una estufa eléctrica. Que le robó la ropa. Que le causó daños por $415.000. Ella cree que quizá la estufa sí pudo haberse estropeado; del resto de acusaciones se declara inocente.

A la demandada nunca la notificaron. O sí: cuando vivía en una habitación a una cuadra de su antigua casa, recibió una llamada de un estudiante de derecho que le informó que había una denuncia en su contra por daños y perjuicios. “Nunca me volvieron a llamar, nunca me citaron”, dice Vanegas entre sollozos.

La historia revivió en marzo de este año. Recibió otra llamada. Decían que la requerían en un juzgado. “Pensé que era por una demanda de alimentos que le había puesto al papá de mi niña”. El 2 de abril “se hizo efectiva la captura”. El primer día en El Buen Pastor tuvo un ataque de nervios, perdió el conocimiento. Apenas empezaba la pesadilla. “Ellas no toleran que uno llore. Allá no hay sentimientos. Casi no compartí con ninguna porque si uno hablaba tenía que someterse a su ley”.

En junio conoció a los abogados del Proyecto Inocencia. “Lo primero que hicimos fue recuperar su libertad y ahora seguimos revisando el proceso para demostrar que no hubo una investigación integral. Hubo una ausencia absoluta de pruebas fundamentadas y se condenó sólo con testimonios de la parte demandante”.

Giovanni Antonio Aguirre Sánchez

Delito: hurto calificado.

Condena: 6 años y 1 mes.

Tiempo de reclusión: 3 años y 8 meses.

Liberación: 5 de septiembre de 2013.

Los primeros 26 meses de condena los pagó en la cárcel Bellavista de Medellín, cerca de su mamá Olga y de sus tres hijos: Sebastián, de once años, Anderson, de seis, y Michel, que “va para los diez”. Luego —no sabe por qué— ordenaron su traslado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá: el reclusorio que fue creado para albergar a los extraditables y ahora aloja a los miembros de las peores bandas criminales. Allá llegó Giovanni Aguirre condenado por hurto calificado. Se había robado un equipo de sonido en El Peñol, Antioquia (“un delito ni agravado ni calificado”, explican los abogados del Proyecto Inocencia), había aceptado su responsabilidad y allá fue a parar.

Nunca estudió “por estar con los amigos que me pagaron mal”, dice al otro lado del teléfono, desde el barrio Enciso, de Medellín. Responde apenas lo necesario. Dice que terminó robando por “un amigo que conocí y que me llevó a eso. Era la primera vez y me cogieron”. Lo trasladaron a la estación de Policía y después de un trámite demorado lo dejaron ir. Le advirtieron: “Váyase del pueblo para que los ‘paracos’ no lo vayan a matar”.

Tres años después, mientras trabajaba en construcción en Yolombó, Antioquia, fue capturado. Un viernes, el 3 de diciembre de 2009, llegó a Bellavista. “Fue una pena muy alta”, comenta, y luego cuenta que los dos primeros meses tuvo que dormir en el baño. Dos años después fue trasladado a Cómbita.

“Ahí cumplí las dos terceras partes de la condena”, explica. Sólo debía pagar $138.000 de una póliza judicial para ser libre, pero no tenía dinero. En esas condiciones conoció al Proyecto Inocencia. “Me dieron para pagar y para los pasajes”, dice. “Él no tenía antecedentes. Se debió haber buscado una alternativa para la dosificación de la pena o un acuerdo con quien sufrió el perjuicio para que se repararan los daños”.

Ricardo David Montes Bello

Delito: estafa simple.

Condena: 7 meses.

Tiempo de reclusión: 4 meses.

Liberación: 5 de septiembre de 2013.

Diez años atrás Ricardo Montes pagó con un cheque una factura de $40.000 en la farmacia del barrio. Estaba enfermo de los riñones, necesitaba las medicinas con urgencia y tenía sólo un cheque de $300.000 que había recibido por la venta de unos sellos (a eso se dedicaba). Su vecino aceptó el cheque y le entregó los $260.000 restantes en efectivo. Ese acto lo llevaría a pasar 119 días en la cárcel La Picota de Bogotá. Sería condenado por estafa simple porque el documento provenía de una chequera robada.

“Nunca supe que se trataba de un cheque robado. Al mes me cambié de barrio y nunca recibí ninguna notificación”, dice Montes. El 20 de mayo pasado fue capturado “por judiciales de la Sijín”. Lo habían contactado a través de los vecinos de su antigua casa.

Montes alegó que era padre cabeza de familia, que su hijo Sebastián, de 14 años, lo tenía sólo a él. No lo escucharon. Lo trasladaron a un CAI y tres días después, a La Picota. Vinieron largos días para entender por qué estaba allí. Para encontrar un abogado. Para reunir la plata de las multas.

“En un pasillo alcanzábamos a dormir 125 hombres. Yo permanecía callado. Dos veces trataron de ahogarme en el baño por ‘sapo’, decían ellos”, cuenta Montes. Y repite que nunca fue notificado, que de haber sido así hubiera conciliado con su vecino.

“Una conciliación era lo más lógico. ¿Para qué llevar estos casos a un desgaste tan grande de la justicia?”, se preguntan los abogados del Proyecto Inocencia.

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