“La pedofilia no mata a nadie, el aborto sí”, afirmó sacerdote estadounidense

Fotograma de la entrevista difundida por NBC.

Los extremos suelen ser un refugio a la hora de opinar.  El cura Richard Bucci concedió unas polémicas declaraciones a la NBC. El clérigo que ofrece misas en la Iglesia del Sagrado Corazón del pueblo de Kent, en el estado Rhode Island, criticó con dureza el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo.

“No estamos hablando de ningún otro problema moral, donde algunos pueden hacer una comparación entre pedofilia y aborto. La pedofilia no mata a nadie y esto lo hace”, dijo Bucci, un sacerdote que es conocido por poner las ideas de la iglesia católica por encima de las leyes.

En la entrevista manifestó que estar en contra del aborto "es parte de la enseñanza de la Iglesia. La Ley Canónica de la Iglesia, el Concilio Vaticano II y el Primer Catecismo de la Iglesia. No sé qué más evidencia debería presentar".

Sus declaraciones vinieron acompañadas de una sanción a 44 legisladores que votaron a favor de una ley estatal proaborto. Según Bucci, de ahora en adelante no podrán recibir la comunión ni ser padrinos ni testigos de bodas católicas.

Abogados defensores de víctimas de pedófilos y activistas a favor de los derechos reproductivos autónomos le salieron al cruce. Carol McEntee, activista de una ley de privacidad reproductiva, fue entrevistada en la CBS: "Cuando Bucci dice que la pedofilia no mata a las personas… claramente no entiende este flagelo. Debería haber venido al recinto y escuchar los testimonios, porque hay muchas víctimas que ya no están con nosotros".

La penalista Julie Casimiro aprovechó la coyuntura para criticar a la institución que Bucci representa. “La Iglesia Católica necesita mirarse a sí misma y preguntarse por qué están cerrando iglesias y perdiendo fieles. Necesitan poner su propia casa en orden”.

En Estados Unidos los territorios de Georgia, Alabama, Misisipi y Kentucky condenan el aborto incluso en casos de violación y malformación del feto. En estos estados criminalizan la práctica con penas de 99 años de prisión al médico que acceda a interrumpir un embarazo.