¿Qué tiene que ver Machu Picchu, la ciudad sagrada de los incas, con el Tesoro Quimbaya, entregado a España en 1893 por el entonces presidente Carlos Holguín Mallarino? La respuesta: un largo litigio entre la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y Perú por miles de piezas arqueológicas sacadas de Machu Picchu por el explorador Hiram Bingham, y posteriormente llevadas a ese centro educativo, puede ayudar a resolver el enredo en el que se ha convertido el futuro de este tesoro.
En 2011, tras un largo proceso, las autoridades peruanas lograron que Yale les devolviera miles de piezas llevadas a Estados Unidos por Bingham en 1912 y que estuvieron en ese centro educativo durante casi 100 años. Perú alegaba que Yale violó el acuerdo al que habían llegado Bingham y el entonces presidente peruano, Augusto Bernardino Leguía, quien le permitió al explorador llevarse algunas de las piezas halladas en Machu Picchu, con la condición de que las devolviera pronto. Lo que no ocurrió.
Hubo, incluso, una denuncia penal contra Yale por este hecho. Pero, al final, la universidad y Perú llegaron a un acuerdo que se finiquitó en 2011 con la repatriación del último lote de piezas arqueológicas que se encontraba en la universidad. Este caso, pese a sus diferencias con lo ocurrido con el Tesoro Quimbaya, puede ser de gran ayuda para decidir la suerte de estas 123 piezas de oro encontradas en el Eje Cafetero en 1890 y entregadas a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, en reconocimiento a la labor adelantada por España para ponerle fin a un litigio fronterizo entre Colombia y Venezuela.
La Corte Constitucional estudia, actualmente, una tutela interpuesta por el ciudadano Felipe Rincón para que la Corte le ordene a la Cancillería que adelante todas las medidas necesarias para traer de regreso el lote, descrito por el arqueólogo español José Ramón Mélida, como el presente “más valioso” que España había “recibido hasta el día, de sus hijas allende el Atlántico”.
Fue por ello que el alto tribunal convocó el jueves pasado a una audiencia pública para escuchar al Gobierno, a los organismos de control y a expertos en la materia sobre si se debe pedir la repatriación del tesoro, comprado por el Gobierno a un comerciante, Fabio Lozano, por $10.000. Por el lado del Gobierno la posición es clara: no hay mecanismos para pedir la repatriación del tesoro.
“No existe un mecanismo que permita a Colombia unilateralmente y de manera coercitiva obligar al Estado español a restituir las piezas que están en Madrid”, sostuvo la vicecanciller Patti Londoño Jaramillo, según ella, porque la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, creada para este tipo de litigios, fue ratificada por Colombia, apenas, en 1983 y por ello no sería el mecanismo idóneo.
La funcionaria dijo, igualmente, que la donación por parte de Holguín, tío bisabuelo de la canciller María Ángela Holguín, fue legítima. Según la funcionaria, fue “una manifestación de voluntad de la República de Colombia, dentro del marco normativo interno vigente, la ser el jefe de Estado el representante natural y legítimo ante los demás Estados. Se trató así de un acto legítimo y revestido de legalidad”.
En la otra orilla, la Defensoría y la Procuraduría se mostraron de acuerdo con que se pida la repatriación del tesoro, con la ayuda de la Unesco. “Las 122 piezas constituyen un elemento enriquecedor de la identidad cultural de nuestro país, en el sentido de posibilitar a los pueblos indígenas que perviven en Colombia y la sociedad en general, una relación con sus memorias ancestrales que sin duda deben ser recuperadas”, dijo el defensor delegado Esneider Cifuentes.
Algo similar dijeron varios expertos convocados por la Corte, incluso un ciudadano español, el director del área de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, Fernando Vicario, quien indicó que lograr la repatriación del Tesoro podría ser un paso para “consolidar un espacio cultural iberoamericano en un mundo en el que los símbolos deben tener más fuerza que los asuntos burocráticos y legislativos”.
Además, señalaron que, a diferencia de lo dicho por el Gobierno, sí hay mecanismos para la repatriación. Y pusieron de ejemplo el artículo 15 de la Convención de París, que señala “las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de bienes culturales”.
Esta norma de 1970 sostiene que “ninguna disposición de la presente Convención” impedirá que los Estados que forman parte de ella “concierten entre sí acuerdos particulares o sigan aplicando los ya concertados sobre la restitución de los bienes culturales salidos de su territorio de origen, cualquiera que fuere la razón, antes de haber entrado en vigor la presente Convención”. Por lo que, en teoría, sería un mecanismo válido para la resolución de este intríngulis.
Advirtieron que aunque es cierto que no se puede forzar a España a devolver el tesoro, esto no impide que, mediante negociaciones, se llegue a acuerdos que permitan eventualmente la repatriación del Tesoro Quimbaya. Y recordaron el ejemplo de Machu Picchu, prueba de que el traslado de estas piezas a Colombia no es necesariamente imposible. Pese a las diferencias que hay, por supuesto, entre el caso peruano y el colombiano.
Lo dijo el historiador Pablo Gamboa: “El Tesoro de los Quimbayas significa para Colombia lo que la Nefertiti, del Museo Egipcio de Berlín, para Egipto; lo que los frisos del Partenón, del Museo Británico, son para Grecia. O lo que para España significó la Dama de Elche, antes de ser devuelta por los franceses, en 1936; o el Guernica de Picasso”. En palabras castizas: una muestra de “identidad y patrimonio nacional”, pero lejos del territorio patrio. Seguramente, esta controversia no va a finalizar cuando la Corte entregue su veredicto.