:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/4sUZXJOjznwiLuuchxTjmULvoA4=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/TQ5G36KQ65HDLEWSRAE6BHHGU4.jpg)
El ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, Íñigo Méndez de Vigo, aprovechó ayer la firma de un acuerdo de cooperación cultural con México en Madrid para decir que está de acuerdo con las críticas que hizo la Unesco sobre el proceso de contratación que adelanta el gobierno colombiano para el rescate del galeón San José y lanzó esta advertencia: “es hora de que Colombia reconsidere su postura sobre el pecio San José”.
Esto en referencia a los intereses que tiene ese país en que le reconozcan parte, o todos, los derechos sobre la embarcación hundida en el mar Caribe colombiano el 8 de junio de 1708 y cuya localización, y el valor del tesoro a bordo, ha desatado una pugna internacional desde que el gobierno de Juan Manuel Santos anunció su hallazgo a finales de 2015 y luego la convocatoria de una Asociación Público Privada internacional para su rescate y supuesta conservación. (Lea más sobre la licitación).
Las razones que mueven a los españoles son varias: primero que el San José portaba bandera y tripulación española, por lo que alegan que se trataba de una nave de Estado cuyos derechos están cobijados por las leyes internacionales del mar. Sin embargo, ese tipo de disputas se dirimen a través de la Convención sobre Patrimonio Sumergido de la Unesco, organismo cultural de la ONU, a la que Colombia no se suscribió, hecho que impide a España plantear una demanda formal. Por esta razón ha venido utilizando todos los canales diplomáticos posibles, incluido diálogo de cancillerías, y el gobierno colombiano sólo ha accedido a abrirles la puerta de compartir el conocimiento cultural. Nada en lo económico que se sepa hasta ahora puesto que el gobierno Santos declaró el tema secreto de Estado apoyado en la figura APP.
La segunda molestia española tiene que ver con que las dos firmas que hasta ahora figuran como proponentes y aspirantes al contrato definitivo para intervenir el galeón, que está en el lecho marino cercano a las Islas del Rosario, a unos 700 metros de profundidad, tienen respaldo británico. Se trata de Maritime Archaeology Consultins Switzerland AG (MACS), a la que se cree se le otorgará porque trabaja en el caso con el gobierno colombiano desde 2015, y Géminis Consultores SAS, que apareció a última hora para participar en una licitación que se cierra el próximo 25 de mayo.
Doble paradoja: en 1708 los españoles se llevaban en el San José y en el San Joaquín las riquezas (oro, plata, piedras preciosas, entre otros) del Virreinato de Perú y de los comerciantes de Panamá y Colombia y los piratas ingleses interceptaron al primero y en su codicia lo hundieron. Ahora, en pleno siglo XXI, finalmente estos últimos definirían el destino de la riqueza avaluada hasta en diez mil millones de dólares. Eso teniendo en cuenta que las leyes colombianas, desde la Constitución hasta las Cortes, insisten en que el patrimonio cultural sumergido es de la Nación y de sus ciudadanos. Pero la ley que regula el tema (1675 de 2013) permite la contratación y que los cazatesoros financien los proyectos y tengan derecho hasta la mitad de lo que se considere comercializable a bordo de galeones como el San José. (Galeón es de los colombianos).
Como Colombia está fuera del alcance jurídico de España, ese país se apoya en su antigua alianza con la Unesco en este tema. Por eso esta semana esa entidad de la ONU emitió una resolución del Consejo Consultivo Científico y Técnico en la que acusa al gobierno de Santos de feriar el tesoro. Santos y sus funcionarios a cargo insisten en que defienden los intereses nacionales y culturales con un proceso transparente, en lo que no están de acuerdo las universidades que saben de arqueología submarina.
El ministro de cultura español respaldó ayer el pronunciamiento de la Unesco, porque “denuncia y critica en términos muy duros los planes que pretende llevar a cabo Colombia”. Ese tipo de presión les ha funcionado con otros países y citó como ejemplo “la buena disposición” de México frente al caso del galeón El Juncal. Según él, este es un “espejo” en el que debiera mirarse Colombia para “reconsiderar” su postura.
Y se apoyó en investigaciones de medios de prensa españoles, como el diario ABC, en las que quedan en evidencia los intereses económicos y no científicos de los posibles rescatadores del San José. El ministro Méndez de Vigo dijo: “numerosos miembros de la empresa elegida por el gobierno colombiano han estado implicados en operaciones de caza tesoros”. Y los acusó del “menosprecio constante por las normas arqueológicas”.
El ministro español insistió en que a ellos sólo los mueve el afán cultural: "los gobiernos debemos primar por encima de todo la conservación de los tesoros del patrimonio histórico cultural, tal y como nos recuerda la UE en este Año Europeo del Patrimonio Histórico Cultural”.
Además, se podrían sumar reclamaciones de estados como Perú y Panamá, pues los documentos de la época de la Colonia muestran que la mayoría del tesoro del San José provenía de Lima y Portobello. Eso sin contar las que ya cumplen más de 35 años, hoy a nombre de la firma estadounidense Sea Search Armada, que defiende derechos sobre la mitad del tesoro apoyada en un fallo de la Corte Suprema de Colombia que la reconoció como posible descubridora del naufragio, a partir de documentos expedidos desde los años 80 por la Dirección Marítima de la Armada Nacional.
Y eso que todavía no hemos visto emerger la primera moneda del San José desde fondo del mar. (El libro sobre este galeón).