Percepción de inseguridad no se debe manejar con armas

Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, está de acuerdo con el gobierno nacional en la necesidad de desarmar a todos los ciudadanos para bajar los índices de violencia. / Archivo particular

Hugo Acero, Secretario de Seguridad de Bogotá:

“LA GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA AFECTA LA SEGURIDAD”

Por iniciativa de la senadora María Fernanda Cabal y del representante Christian Garcés, del Centro Democrático, se radicó un proyecto en el Congreso que, según Garcés, busca “facilitar el derecho a la legítima defensa”. Él y Cabal quieren tumbar el permiso especial, creado en el gobierno Santos, que restringe el porte legal de las armas. ¿Qué piensa de ampliar o facilitar la tenencia de armas en un país como Colombia?

Compartimos la posición del Gobierno en cuanto a que “el país debe avanzar hacia el desarme general de los ciudadanos”. Pero facilitar la tenencia de armas en manos de los ciudadanos incrementa los niveles de violencia. Y, de otro lado y por encima del “derecho a la legítima defensa”, está el derecho a la vida como bien lo estableció la Corte Constitucional en su Sentencia 038 de 1993: “Prevalecen los principios básicos constitucionales de los derechos humanos por encima de cualquier derecho individual”… “Los ciudadanos deben abstenerse de circular con armas de fuego, porque ello viola el derecho a ser iguales y genera un mayor riesgo para la comunidad de que esa arma sea usada para resolver un conflicto y no para procurarse una eficiente protección individual”. Por lo tanto, prevalece el derecho a la vida y a la integridad, el espíritu de convivencia, el derecho a la paz, la búsqueda de la seguridad y de la no violencia.

La senadora Cabal dice, por su parte, que con el “permiso especial” que se exige ahora, el porte legal de armas se restringió en un 95 % o, lo que es lo mismo, que “solo el 5 %” de quienes tienen salvoconducto pueden llevarlas consigo. ¿Esto es cierto?

La restricción al porte de armas, que comenzó hace cerca de siete años, contempla la posibilidad de que algunos ciudadanos puedan tener permisos especiales dados por la dependencia de control de armas de las Fuerzas Militares. Creo que los permisos especiales, hoy, no superan el 10 %; el resto de los permisos de porte están restringidos.

Luego la respuesta es que sí hay una disminución significativa de armas legales en circulación. Precisamente, para justificar el proyecto, la promotora de la iniciativa sostiene que el 99 % de los homicidios se cometen con armas ilegales. ¿La tasa de homicidios urbanos se reduciría si se facilita la tenencia y el porte de elementos mortales en poder de los ciudadanos?

No existen cifras oficiales que soporten esa aseveración. El único dato que hasta ahora existe se logro durante la primera administración de Antanas Mockus, cuando se cruzó un listado de más de 700 armas de fuego decomisadas y con las cuales se habían cometido homicidios, con los registros de permisos de porte de armas. El resultado fue que el 32 % de esas armas tenían permiso. Contrario a la que plantea la senadora, distintos estudios y experiencias de desarme ciudadano demuestran que la restricción al porte de armas de fuego contribuye a la reducción de la tasa de homicidios.

¿Qué sucede con la tenencia de armas entre los civiles de zonas rurales? Se cree, con razón, que el alejamiento de los centros urbanos hace más vulnerable la seguridad de los habitantes, por ejemplo, de pequeñas veredas o sitios en donde no hay presencia de la autoridad del Estado. Permitir que ellos se defiendan a sí mismos, ¿es buena o mala idea?

Con el proceso de paz y la reducción del conflicto armado en muchas regiones del país los niveles de violencia disminuyeron, especialmente en zonas rurales. Reconociendo que siguen activos distintos grupos delincuenciales en algunas partes, es el Estado al que le corresponde hacer presencia en esos territorios y garantizar la seguridad de sus habitantes. No se puede promover que los ciudadanos se armen en esas ciertas zonas para que se defiendan. El país tiene suficiente y dolorosa experiencia con la conformación y accionar de grupos paramilitares.

Así es: de autodefensas a paramilitares. Por razones de seguridad nacional, uno supone que hay un registro único de armas. ¿Existe este tipo de controles en Colombia?

Sí existe un registro único de todas las armas legales y lo maneja la Oficina de Control de Armas de las Fuerzas Militares.

En cuanto a Bogotá, en un año atípico por las medidas de aislamiento social impuestas por la pandemia, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos es muy alta: 76 % de los consultados por la Cámara de Comercio, de febrero pasado, contestaron que la inseguridad aumentó. Esta cifra, dice el informe, es la mayor en cinco años. Usted no cree en los resultados de este y otros sondeos que indican lo mismo. ¿Por qué?

Sí creo en los resultados de las encuestas de percepción y victimización. Sin embargo, hoy tenemos, en dos importantes encuestas, resultados opuestos. Mientras la de la Cámara de Comercio de Bogotá establece que la percepción de inseguridad aumentó 16 puntos porcentuales, al pasar del 60 % en 2019 al 76 % en 2020, la encuesta anual de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE determinó que este indicador disminuyó en 2020: pasó del 8 4% en 2019 al 69 % en 2020. Es decir, disminuyó en 15 puntos porcentuales. ¿A cuál le creemos?

En su más reciente columna, el exministro de Justicia Yesid Reyes afirma que controvertir la percepción ciudadana como errada por darle credibilidad al reporte oficial de delitos cometidos es “una interpretación equivocada de los datos”, porque los números que conocen la Policía, la Fiscalía y la Rama Judicial corresponden a hechos denunciados formalmente. Y, en Colombia, muchos no se judicializan. ¿Qué piensa usted?

Primero, no consideramos los datos de percepción ciudadana de inseguridad como errados, son ciertos. Segundo, también es cierto que las cifras de denuncias que manejamos las autoridades en el país tienen y han tenido, históricamente, un subregistro que se ha venido reduciendo en Bogotá: la ciudad pasó del 23 % de personas que pusieron denuncia cuando fueron víctimas de un delito en 2015 al 44 % en 2019. Y siguió aumentando al 48 % en 2020, de acuerdo con la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Pero volviendo al informe de la Cámara de Comercio, este registra que el 17 % de los encuestados han sido víctimas directas de algún delito en 2020. Y que en 2019 ese porcentaje era del 15 %. En cuanto al hurto, la encuesta encontró que 132 ciudadanos de cada mil fueron atracados (41 %) o víctimas de raponazo (27 %). ¿Se puede combatir la inseguridad con el retroceso económico producido por la pandemia?

Hay que reconocer que la grave situación económica afecta también la seguridad de la ciudad y del país. En este caso, hay que profundizar las acciones sociales de atención hacia las poblaciones vulnerables, como lo ha hecho Bogotá, especialmente con jóvenes y mujeres que han sido los más afectados, económicamente, por la pandemia y por eso están en alto riesgo de ser utilizados por organizaciones criminales. Además, para seguir reduciendo los hurtos, desde finales del año pasado, estamos aunando esfuerzos con la Policía, la Fiscalía y otras instituciones distritales en los sitios de mayor concentración de hurtos, aplicando modelos predictivos del crimen con buenos resultados. A la fecha tenemos una reducción del 24 % de los hurtos: de 26.037 hurtos registrados el año pasado, pasamos a 17.740, es decir, 6.297 casos menos.

El tema es espinoso, pero hay que examinarlo: ¿la alta migración de extranjeros recibida por Bogotá tiene que ver con el incremento de la inseguridad de la ciudad, y de ciertos barrios en particular?

La gran mayoría de población migrante que está llegando a Bogotá es buena y busca oportunidades. La administración distrital la está atendiendo con programas de inclusión social. En términos de cifras, en 2018, de 42.099 personas detenidas por presuntamente haber cometido delitos, 2.739 fueron migrantes (7 %), y en 2020, de 22.694 detenidos, 3.989 fueron migrantes (18 %). Estas cifras incluyen migrantes de distintos países.

La alcaldesa pareciera no tener buenas relaciones con la Policía de Bogotá por casos de orden público que se han presentado y que son conocidos. ¿Este hecho complica el manejo de la seguridad de la ciudad?

La alcaldesa, la Secretaría de Seguridad y, en general, la administración han tenido y tienen una buena relación con las instituciones de seguridad y justicia, en especial con la Policía. Desde el primer día de gobierno se trabaja en equipo con la Policía, la Fiscalía y la XIII Brigada: todos los martes, en la mañana, hay consejo de seguridad y estamos atendiendo 24 horas durante los siete días de la semana para garantizar la seguridad.

Tengo una percepción personal que puede ser equivocada: usted y la alcaldesa no son muy afines. ¿Esto es cierto o falso? ¿Cómo maneja usted la Secretaría? ¿Consulta con ella o no?

Tengo una relación cercana con la alcaldesa. Todas las mañanas le entrego los resultados del día anterior y el acumulado del mes y del año. Y durante el día, hasta altas horas de la noche, le informo todo lo que acontece en la ciudad. Recibo órdenes claras entre las que está la de ser transparente con la entrega de información de las cifras de violencia y delincuencia que son acopiadas por la Policía y la Fiscalía, desde hace muchos años, en la ciudad. La Secretaría solo las difunde a través de su página.

El exministro Yesid Reyes afirma, en su columna, que el escaso nivel de denuncia de la ciudadanía sobre la comisión de los delitos de que es víctima, se debe a la falta de confianza en la justicia y a la ineficiencia de esta ¿Cómo puede aproximarse la Secretaría a la realidad sobre niveles de seguridad, sin denuncias formales?

Como lo muestran las propias encuestas, en Bogotá se ha venido reduciendo el subregistro de delitos lo que hace que las cifras sean cada vez más confiables. Nuestra meta es que sigan aumentando las denuncias. Para saber qué está pasando en materia de seguridad y definir acciones y políticas con el fin de enfrentar los problemas de violencia y delincuencia, en la administración López, además de las cifras sobre denuncias de delitos, tenemos en cuenta los datos y microdatos de las encuestas; realizamos estudios sobre el comportamiento de los delitos en las localidades y barrios; trabajamos con las comunidades y autoridades locales; realizamos recorridos nocturnos y diurnos en las zonas donde se presentan los delitos y hacemos análisis de medios virtuales para poder interpretar, en tiempo real, y en coordinación con las instancias de investigación criminal, de Inteligencia y operativas lo que sucede”.

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Jerónimo Castillo, director de E. de Seguridad, Fundación Ideas para la Paz (FIP)

“LA CIUDAD NO ESTÁ FUERA DE CONTROL PERO PUEDE PARECERLO”

En los años 80 se usó, para liberar el porte de armas, una argumentación parecida a la que se propone ahora en el Congreso, en especial, la de que los ciudadanos de bien tienen derecho a protegerse. Como se sabe, las autodefensas degeneraron en paramilitarismo en esa época ¿Hoy, los resultados podrían ser los mismos?

Armar a los ciudadanos nunca es una buena opción y, en cambio, la restricción produce resultados positivos. La Fundación Ideas para la Paz hizo, en 2015, un análisis sobre la restricción al porte de armas, analizando datos durante diez años, en Bogotá. Ese trabajo demuestra cómo esa restricción tuvo efectos positivos en cuanto a homicidios, reduciéndolos en 19 casos mensuales; en lesiones personales, bajando la cifra en 30 casos; y en materia de hurtos, hubo una reacción especial: se sustituyeron las armas de fuego por armas blancas. De otra parte, armar a los ciudadanos cuando la percepción de inseguridad ha aumentado a partir de algunos casos o videos que aparecen en las redes, y cuando se sobredimensiona la situación de inseguridad en los medios de comunicación o en ciertas entidades del orden nacional por antagonismos políticos, no protege sino que pone en riesgo a muchos ciudadanos tanto en las zonas urbanas como en las rurales del país.

Hoy existen herramientas tecnológicas con las que no se contaba en el pasado. En Colombia, ¿hay plataformas desde donde hacerles seguimiento a los propietarios de armas y a estas mismas, más allá del simple registro del ministerio de Defensa?

El debate de la trazabilidad de las armas es un asunto internacional. La FIP, el año pasado, hizo un análisis del comercio de armas de fuego en el país y encontró que, desde hace un par de años, se ha producido una sustitución de armas de fuego por armas de fogueo, que son con pólvora y sin balas. Es decir, estamos importando el mismo número de armas en promedio, solo que ahora se importan las de fogueo. Estas no tienen un control definido y, por el contrario, son fácilmente adaptables para convertirlas en armas de fuego. Este es uno de los puntos en los que la administración López insistió hace poco (regular armas de fogueo) y que consideramos como una discusión moderna de su política de seguridad ciudadana. En la falta de controles y trazabilidad, Colombia está en mora de darle cumplimiento a los acuerdos internacionales sobre la materia. El Estado no ha querido adherir al “Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones”.

¿Por qué? ¿Tal vez debido a que hay personas jurídicas autorizadas por el ministerio de Defensa, desde hace años, para importar armas?

No lo sé con exactitud. Lo que sí es cierto es que aquí hay preguntas que no se han respondido. Por ejemplo, de dónde salen las municiones.

En cuanto a la seguridad de Bogotá, la gente siente, a veces, que no hay autoridad policial en las calles. La semana pasada, por ejemplo, hubo saqueos en el barrio Los Mártires ¿Cree que la ciudad está fuera de control?

No, la ciudad no está fuera de control pero puede existir esa sensación. La actividad delictiva se redujo, de manera significativa, el año de pandemia. Las tasas están por debajo de los promedios de los últimos diez años: la tasa anual de homicidios es de 13 por cada 100 mil habitantes, la más baja de las 5 grandes ciudades capitales. Cali tiene una tasa cuatro veces mayor, Barranquilla tiene una tasa del doble y la nacional es de 24. Sin embargo, la pregunta es si esto es producto de la política pública. La respuesta es no: señalar que los indicadores se han reducido, no es suficiente y hay que establecer cómo se van a mantener estos indicadores cuando se suspendan las medidas de confinamiento obligatorio. El otro aspecto importante es la percepción de seguridad que, en principio, se ha deteriorado. Pero no podemos saberlo, realmente, porque la Cámara de Comercio de Bogotá que tiene la encuesta más antigua de América Latina, cambió su metodología. Los bogotanos perdimos, ahí, uno de nuestros capitales. Es claro que no hay una estrategia orientada a controlar la percepción.

Las manifestaciones públicas de la alcaldesa, cuando expresa desacuerdo con actos policiales, ¿incide o no en la seguridad de la ciudad y en el desempeño de la Policía?

Mire, este es otro de los aspectos modernos de la política de seguridad ciudadana de la alcaldesa: tener una relación crítica con la Policía para proteger a los ciudadanos, es una de las obligaciones del poder civil. Responde también a una de las preocupaciones de los ciudadanos. La encuesta de percepción de la Cámara en 2016, 2017 y en el 2020 señala, que más del 40% de los ciudadanos piensa que la principal opción para mejorar la seguridad de la ciudad, es acabar con la corrupción de la Policía. La relación crítica alcaldesa-Policía parte de la dinámica que debe existir entre la mandataria, como máxima autoridad de Policía y de la ciudad, y el cuerpo de la Policía que opera en la ciudad. No hay estudios que midan el impacto de esas diferencias, pero no debería incidir.

¿Cuál es su percepción sobre la relación y acuerdos en seguridad, de la alcaldesa con su secretario Hugo Acero? Tengo la impresión de que tienen conceptos diferentes aunque Acero lo niega en estas páginas....

Eso es como meterse en un matrimonio. Lo que sí le puedo decir es que la política de seguridad de la alcaldesa se debate entre la posición conservadora que va tras los sospechosos habituales como los jóvenes, las drogas y, recientemente, los migrantes; que habla del incremento de pie de fuerza, que aumenta cámaras, es decir, las recetas de siempre; y la visión moderna, presionando a la fuerza pública para que cumpla con sus objetivos, con respeto por los ciudadanos. No se le olvide que fue la alcaldesa la que protegió el derecho a la vida de los bogotanos y de los colombianos, en general, hace un año, al enviarnos a la casa para evitar los contagios por Covid-19. Lo que siguió, después, es otra historia. Pero ella responde a una visión moderna de seguridad, que atiende los riesgos. En resumen, creo que hay un problema de definición entre una política conservadora y una moderna, pero también puede haber una imposición de la realidad. Y, entonces, ahí, ellos tienen la mejor relación del mundo.