Declaraciones de ex oficiales y suboficiales, muchas rendidas meses después del Holocausto de noviembre de 1985 —con un saldo trágico de no menos de un centenar de muertos y 11 desaparecidos—, revivieron la tesis según la cual la Fuerza Pública sabía que un comando del M-19 iba a tomarse el Palacio de Justicia y no sólo no hizo nada para impedirlo, sino que, al parecer, pretendía tenderle una celada que terminó en barbarie; así como pruebas forenses evidenciaron posibles ejecuciones extrajudiciales de rehenes y guerrilleros. Son los coletazos que la justicia pide investigar a fondo y que se leen en la sentencia en que se le impuso una pena de 30 años de prisión al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien en sus tiempos de comandante de la Escuela de Caballería, al ser cuestionado por el papel de las autoridades en la retoma volvió célebre la frase “aquí, defendiendo la democracia, maestro”.
La sentencia de 302 páginas, conocida por El Espectador, fue calificada por las víctimas como histórica. Se probó que hubo un estratégico pacto de silencio entre los militares que participaron en la retoma para que no se investigara la ola de crímenes que se perpetraron “amparados bajo el presunto interés de salvaguardar la democracia”, y que además se desplegaron amenazas y acciones intimidatorias “con el fin de extender un manto de impunidad alrededor de los funestos acontecimientos, prevaliéndose de una estructura de personas y medios estatales que operó al margen del Estado de Derecho”. Sostuvo la jueza penal tercera especializada de Bogotá, María Stella Jara, que “la negativa a brindar información del paradero de los desaparecidos por parte del coronel Plazas (...) queda en evidencia cuando se pretende implantar la tesis de que ellos murieron calcinados en el Palacio, desconociendo todas las evidencias de que salieron con vida”.
Lo primero que analizó la jueza Jara fue que la mayoría de los testigos en el expediente sufrieron hostigamientos por parte de uniformados que les advertían que no insistieran en averiguar la suerte de sus familiares. Por eso concluyó que muchos de ellos no hubieran contado todo en su momento o que no declararan entonces de manera libre y espontánea. El despacho puso como ejemplos los casos de César Sánchez Cuesta, ex asesor de la Alcaldía Mayor de Bogotá, o de familiares de los desaparecidos como Óscar Anzola Mora, hermano de Gloria Anzola, y Jorge Eliécer Franco, hermano de la integrante del M-19 Irma Franco. El mismo Sánchez Cuesta señaló a Plazas Vega como la persona que le advirtió que no debía continuar averiguando por la suerte de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio, a quien vio salir con vida.
Según estos relatos, los propios militares a los que los familiares acudieron para indagar por los desaparecidos les respondían que ellos “eran unos guerrilleros y unos asesinos”. A la justicia le llamó particularmente la atención que una vez que estos familiares le reclamaron al coronel (r) Plazas por los amedrentamientos de los que venían siendo blanco, sorprendentemente éstos cesaron. “Hubo claro interés de ocultar los excesos de la Fuerza Pública al intimidar a testigos”, refirió la sentencia. El testimonio de Jorge Eliécer Franco fue bastante ilustrativo. Declaró que acudió a un general de la República para pedir ayuda e indagar por el paradero de Irma Franco y que después recibió razón de él en la que le decía que no insistiera: “A ellos los tuvieron 8 días en las caballerizas de Usaquén, luego los mataron”. Franco, como casi todos, abandonó la causa después del asesinato del abogado de las víctimas, Eduardo Umaña, en 1998.
“La finalidad de las llamadas intimidantes era que las personas cesaran la búsqueda de sus familiares. Tal cometido se logró, pues apenas 25 años después se han revelado estas situaciones”, dijo la jueza Jara. Del mismo modo, quedó claro que de acuerdo con un manual de inteligencia se les puso categorías a los sobrevivientes del Palacio que fueron sometidos a interrogatorios en la Escuela de Caballería. Antes eran llevados a la casa del Museo del Florero, donde el coronel (r) Plazas tuvo el control de lo que ocurría e interrogó a varios de los ex rehenes. Por ello el ex oficial estuvo al tanto, desde tres frentes, de lo que hacían sus subalternos: en el interior del Palacio, en el Museo y en la Escuela de Caballería.
Según la sentencia, el Ejército, “basado en una postura absolutamente radical encaminada a restablecer el orden a cualquier costo y sin importar los derechos de civiles o guerrilleros” acudió a todo tipo de medidas no sólo para acabar al M-19, sino para borrar cualquier rastro que los incriminara. La jueza analizó grabaciones de funcionarios de la Escuela de Caballería que, bajo el código ‘Azabache 5’, mantenían comunicación con subordinados de Plazas para el traslado al “dispensario” —la guarnición militar— de sobrevivientes. Se probó, además, que Plazas dio órdenes sobre el tratamiento de estas personas. El ex suboficial Édgar Villamizar declaró que en un momento alguien le preguntó a Plazas qué hacer con los sobrevivientes, a lo que respondió: “Cuelguen a esos hijueputas”.
Con lujo de detalles describió cómo fueron torturados. “Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad, tanto a hombres como a peladas; a una le rasgaron la blusa y le dejaron los senos a la intemperie”. Añadió que escuchó a un hombre rogar para que no lo mataran, que él decía ser de la cafetería. Entonces oyó a un uniformado decir: “Curso, se me fue este hijueputa, manito, la cagué”. El juzgado le dio total credibilidad a este testimonio. Como si fuera poco, el juzgado trajo a colación un casete aportado por ex integrantes del B-2 del Ejército en donde se denunció que Plazas pretendió hacerles firmar a los retenidos una carta que aseguraba que habían recibido $3 millones para comprar material de guerra que usó el M-19 en el asalto.
Uno de ellos le respondió con un madrazo, “por lo que fue torturado y ahogado en los bebederos que quedan en las caballerizas”. El juzgado resaltó que Plazas “debió conocer los censurables actos perpetrados por personal militar en contra de varios sobrevivientes”. El histórico fallo será apelado por el abogado defensor del coronel (r), Jaime Granados, quien alega que su cliente fue condenado sin pruebas y que las imputaciones fueron ilegales. Los familiares de las víctimas siguen insistiendo en la cadena de mando. En la sentencia se pide investigar al ex presidente Belisario Betancur y al general Rafael Samudio Molina, ex comandante del Ejército. Ambos, sin embargo, ya fueron beneficiados con sendas preclusiones. Más allá de la condena, lo cierto es que la justicia pide indagar los testimonios que refieren que hubo ejecuciones extrajudiciales y que el asalto a Palacio pudo haberse evitado. ¿Por qué no lo fue?