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Esta semana los maestros del país participaron en nuevas manifestaciones. La razón es la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de salud de los profesores de colegios públicos del país, quienes han venido denunciando irregularidades en su atención, que van desde la falta de medicamentos hasta la demora en la asignación de citas y tratamientos para enfermedades crónicas.
La situación no es nueva. De hecho, en el pasado paro de maestros, uno de los puntos claves de la negociación fue el tema de la salud, y el acuerdo fue claro: se agilizaría el proceso, conforme a las recomendaciones que hizo la Procuraduría, de tal forma que en septiembre se comenzaría el empalme de pacientes entre los nuevos y los anteriores operadores.
¿Qué ocurre?
Actualmente, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) es el que se encarga de administrar los recursos para el pago de salud y prestaciones sociales de los maestros, a su vez esta entidad debe solicitar el presupuesto a la Fiduprevisora, la fiducia que administra los dineros del Ministerio de Educación.
El sistema de salud que opera ahora es complejo. El Ministerio dividió el país en cinco regiones, de tal forma que en cada una hay una empresa encargada de administrar los servicios de salud. Cada mes el Fomag está en la obligación de girarles a estas empresas lo correspondiente a los procedimientos que ha realizado, pero para hacerlo debe aprobar o rechazar el pago a través de una auditoría.
Aquí es donde entra la Fiduprevisora. Esta es la encargada de hacer el seguimiento a los gastos y decide que se glosa (que no paga el Ministerio) y es este proceso el que critican los operadores, ya que según ellos no pueden cumplir con todas las necesidades porque el Fomag no les gira los fondos suficientes. Por su parte, la entidad se ha defendido asegurando que está al día en sus pagos.
Con el fin de mejorar el servicio y ante la finalización del contrato, el Ministerio abrió en septiembre de 2016 la licitación para cambiar tanto a los operadores como el sistema de salud.
En la nueva licitación, que involucra un presupuesto de $5.277 billones para un contrato de cuatro años, se propuso dividir el país en 10 regiones, para que en cada una de ellas hubiera un operador diferente y así evitar cartelización en el proceso. Además se cambiaron las condiciones del contrato para garantizar mejor calidad en la prestación del servicio.
A pesar de que se presentaron 28 oferentes, la licitación se declaró desierta debido a que para la evaluadora D&G Consultores ninguno de los proponentes cumplía con las especificaciones técnicas, entre las que se encontraba la prestación de una red principal y una alterna de primer nivel en todos los municipios y otra red de farmacias para la entrega de medicamentos.
Ante esta situación el Ministerio tuvo que prorrogar el anterior contrato mientras se abría una nueva licitación, pero la Procuraduría suspendió el proceso en abril pasado, luego de que el Fomag no respondiera a los 28 requerimientos que le habían hecho tras declarar desierta la licitación. A la par, la Fiscalía abrió investigaciones contra miembros de Fecode que habrían intervenido en la contratación de la firma interventora y de ese modo el cambio del sistema de salud de los maestros quedó en el limbo.
Lo que viene
Uno de los acuerdos entre Fecode y el Gobierno, durante el pasado paro de maestros, fue agilizar el proceso para cambiar el sistema de salud. Para ello se acordó tener en cuenta las seis recomendaciones que hizo la Procuraduría, entre las que está garantizar la selección objetiva del evaluador y crear un sistema que permita comparar el comportamiento de los nuevos operadores.
Dados los parámetros, el Gobierno se comprometió a reanudar el proceso de licitación, para que el próximo 28 de agosto fuera la audiencia pública de adjudicación.
Pero hay cosas que han incomodado a Fecode, como el hecho de que el Ministerio de Educación haya decidido que la Fiduprevisora sea la que escoja unilateralmente las empresas que prestarán el servicio de salud y sea la que audite a los
contratistas.
Como respuesta, el Ministerio ha dicho que la decisión la tomó buscando agilizar el proceso y así evitar que se tenga que hacer una nueva prórroga al contrato anterior. Además, aclara que a pesar de que hizo dos invitaciones para cambiar al evaluador no se obtuvo ninguna propuesta.
Lo cierto es que el cambio se debe dar este año y a pesar de que no se adjudicará el contrato la próxima semana, la Fiducia se ha comprometido a tener los nuevos operadores de salud para septiembre y así aclarar la situación de alrededor de 900.000 suscritos al sistema de salud de maestros.