En Recife, los expulsados de la Copa siguen esperando justicia

Entre la construcción del estadio de Recife y las infraestructuras adyacentes como el Ramal da Copa, el fiscal general del estado de Pernambuco tiene registradas 457 expulsiones.

"¿Ven la línea amarilla? Era mi casa", dice Jeronimo Sebastiao de Oliveira mientras señala la nueva carretera que lleva al estadio de Recife, y para cuya construcción el gobierno ha expulsado a un centenar de familias de una comunidad vecina.

Con el único brazo que le quedó tras un accidente de trabajo, Jeronimo apunta hacia su antiguo jardín, donde estaban sus bananeros, las dos grandes habitaciones que tenía; hoy tierra rastrillada, fangosa y condecorada con la señalización de "Ramal da Copa", la vía hacia el estadio mundialista en esta ciudad del noreste.

Expulsado a finales de 2013 de la comunidad de Camaragibe, este frágil hombre de 72 años se fue a vivir a casa de su hermana, antes de comprarse su nueva vivienda en una favela con el dinero que recibió en compensación.

- Del jardín a la favela -

Sus antiguas posesiones fueron evaluadas en 44.000 reales (unos 19.920 dólares), aunque por el momento sólo ha recibido 30.000 reales. Según una evaluación independiente, su antigua casa valía 150.000 reales (unos 67.940 dólares).

"Con mi primera mujer, ya fallecida, ahorramos para invertir en nuestro futuro. Yo tenía un gran terreno, podía cuidar de mi jardín, tenía una sala amplia y la estructura estaba pensada para albergar un piso arriba. No se puede comparar en absoluto a esta casa", explica en su minúsculo salón-entrada, donde ni la televisión ni las fotos de sus hijos pueden tapar las inmensas manchas de humedad de las paredes.

Desde 2010, entre la construcción del estadio de Recife y las infraestructuras adyacentes como el Ramal da Copa, Thiago Noroes, el fiscal general del estado de Pernambuco, cuya capital es Recife, tiene registradas 457 expulsiones, lo que se traduce en más de 1.500 afectados según sus cálculos.

Menciona los casos de ocupación irregular, los documentos de propiedad sin presentar o a nombre de personas desaparecidas. Pero "el 67% de los casos se han resuelto de forma amistosa", asegura.

"Teníamos un presupuesto de 100 millones de reales, que gastamos en un 90%. Hemos pagado compensaciones según las modalidades definidas por la ley, el precio justo, después de realizar análisis individuales. Y la gente puede apelar si estiman que han salido perjudicados", explica.

- Mal necesario -

"El fiscal habla todo el tiempo de un 'mal necesario'. No tienen corazón. El Estado y la Justicia nos han menospreciado desde el principio", afirma de su lado Ana Paula Oliveira. Esta mujer forma parte de los desposeídos de Camaragibe. En el proceso de expropiación perdió su casa y el salón de belleza que alquilaba.

"El día que derrumbaron mi casa yo no estaba allí, estaba en estado de shock", cuenta mientras enseña el video grabado por su sobrina. En cinco segundos, la máquina bulldozer se lleva por delante las paredes rojas, mientras la estructura vuela hecha pedazos y una nube de polvo tapa el vacío dejado atrás.

Desde entonces, la vida de Paula transcurre entre un nuevo salón de belleza, cuyo alquiler le cuesta tres veces más caro que el de antes, el Tribunal, donde pasa horas intentando regularizar su situación, y la casa de su madre, donde duerme.

Su marido y sus hijos, de 13 y 15 años, viven con sus suegros en una casa humilde, construida sobre el único trozo de terreno que les queda, al borde de la nueva carretera.

- Ya no queda nada -

"Para la gente pobre, nosotros teníamos todo. Agua corriente, electricidad. Alegría, paz. Hoy ya no queda nada", se lamenta Paula, una mujer de 37 años segura de sí misma, que parece que nunca va a bajar los brazos.

"Me gusta el fútbol, ¿pero una Copa del Mundo para quién? Tenemos estadios millonarios por encima de nuestras casas, de nuestra desgracia, de nuestras ruinas. Es buenísimo para los patrocinadores, para la FIFA, pero para nosotros no ha traído más que destrucción", asevera.

"El Estado ha hecho lo que era necesario legalmente y al menor coste para evacuar lo más rápido posible a la gente que molestaba", analiza Perry Scott. Este investigador de la Universidad Federal de Pernambuco ha trabajado sobre las expulsiones de Camaragibe y en otras antes, también ligadas a proyectos deportivos o industriales.

"Los valores de las propiedades son calculados a partir de la tasa inmobiliaria, que es muy inferior en todo Brasil al valor de mercado", explica. "Las casas son entonces intencionadamente subvaloradas".

Con camisa amarilla y zapatos de ciudad --la visita al Tribunal lo impone-- Jeronimo recorre la tierra fangosa sorteando la caída de dos aguaceros.

"Si me devuelven mi terreno y el dinero reconstruiría aquí mi casa como era antes. Para asegurar el futuro de mi segunda mujer y el de mi hijo cuando yo ya no esté aquí", zanja.

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