De los 145 homicidios de periodistas ocurridos en los últimos 39 años, tan solo en 20 casos ha habido condenas contra los responsables, mientras que 70 han prescrito. Los datos son de la Fundación para la Libertad de Prensa y constituyeron el argumento de la Sociedad Interamericana de Prensa para pedir a la Fiscalía General de la Nación que fortalezcan los mecanismos de investigación para evitar la "impunidad absoluta" y que dé prioridad a casos emblemáticos, entre ellos el del asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano. "Se cumplen treinta años del asesinato de Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, caso que, a pesar de su importancia y significado, sigue en la impunidad y que se suma a los más de cien homicidios contra periodistas aún sin resolver", señala el informe del organismo.
En el marco de la 72 Asamblea General, que concluyó este lunes en Ciudad de México, la SIP el organismo destacó que solo este año 157 periodistas denunciaron haber sido víctimas de algún tipo de conducta violatoria de la libertad de información y expresó su preocupación por el aumento de las agresiones de miembros de la Policía Nacional contra periodistas: 13 casos en lo que va de 2016.
De acuerdo con el capítulo sobre Colombia del documento, aprobado este lunes por la Asamblea General, también existen riesgos en torno a los esquemas de protección al gremio. "Hay registro de dos casos en los que las personas asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para custodiar a periodistas amenazados tenían relación con quienes los amenazaron. Esta misma entidad ha sustituido el apoyo para el transporte de comunicadores en riesgo con un botón de pánico, dispositivo que al ser activado envía una señal a la UNP, instancia donde se toman decisiones para brindar atención inmediata. Tal desarrollo tecnológico ha generado dudas no solo sobre su efectividad sino también en relación con el hecho de que su tecnología permite la geo localización de quien lo porta, lo que abre una ventana de riesgo", señala el texto al recordar el compromiso del presidente Juan Manuel Santos de disminuir los tiempos de los protocolos y trámites en el sistema de protección.
En otro apartado la SIP también se refirió al relevo en el cargo de Fiscal General de la Nación asegurando que hay expectativa pues el anterior titular, Eduardo Montealegre, se había comprometido a priorizar casos de agresiones contra periodistas, algo que no ocurrió: " Hubo avances, en cambio, sobre la directiva de citación a periodistas que expidió dicha entidad y que contiene pautas más claras para los fiscales".
El organismo expresó asimismo su preocupación en torno a varios proyectos legislativos, entre ellos uno que restringe contenidos publicitarios y otro que obliga a los medios de comunicación a publicar todas las normas que se expidan a nivel nacional y regional (leyes, ordenanzas y acuerdos). "Esta imposición de contenidos constituye una modalidad de censura", sentenció.
Agregó, que han aumentado los derechos de petición dirigidos a los medios, que solicitan actualizar o eliminar contenidos, apelando al derecho al olvido, algo que, a juicio de la SIP, restringe la actividad periodística "Teniendo en cuenta decisiones confusas y a veces contradictorias por parte de los jueces, es de esperarse que la Corte Constitucional unifique la jurisprudencia y precise el alcance del mal llamado "derecho al olvido"", concluyó.