“Somos y ricos y pobres a la vez: tenemos la mayor biodiversidad del Macizo colombiano y al mismo tiempo nuestra población vive en la extrema pobreza. Así es muy difícil entender para qué nos han servido los Parques Naturales”. La pregunta se la hace Eduardo Jiménez, alcalde de Santa Rosa (Cauca), uno de los 198 municipios que tienen Parques Nacionales en sus territorios.
Los 18 millones de colombianos que viven a kilómetros de distancia y que toman agua gracias a estas zonas protegidas tienen parte de la respuesta que busca Jiménez. Eso sin contar con la amplia biodiversidad que conservan estos santuarios y su alto valor ecológico y cultural. Pero para los 10 mil habitantes de Santa Rosa la mancha verde que se extiende por poco más del 40% de su municipio y que forma parte de los parques Serranía de los Churumbelos y Complejo Volcánico Doña Juana, sitios de interés de la Nación, a veces es más un obstáculo que una oportunidad. Esa misma percepción se repite en muchos de los municipios en los que han sido declaradas las 56 zonas protegidas del país (ver mapa).
¿A qué se debe esa sensación agridulce? Por un lado, las alcaldías de los 198 municipios que tienen parques no reciben impuesto predial por estas zonas, que ocupan casi el 12% del territorio nacional. Por el otro, cuando un parque es declarado, la zona queda blindada para cualquier tipo de actividad extractiva. Es ahí cuando los parques, que les sirven a todos los colombianos, terminan percibidos como barreras para el desarrollo de los municipios.
El caso de Santa Marta es uno de los más emblemáticos. Más de la mitad del municipio (52%) le corresponde al Parque Tayrona y a la Sierra Nevada de Santa Marta. En varias oportunidades el alcalde Carlos Caycedo ha manifestado su posición al respecto: “Nuestro territorio tiene grandes limitaciones, tanto para el desarrollo como para la expansión, y en estas zonas sólo se permiten actividades relacionadas con la conservación o la investigación”.
“Los municipios que tenemos parques naturales somos privilegiados, pero necesitamos que el Gobierno nos ayude”. Marcelino Chacón, alcalde del municipio de Uribe (Meta), resume así la idea que vienen cocinando varias alcaldías y el Fondo de Patrimonio Natural para darle un giro a esta situación y lograr un equilibrio entre la conservación y el bienestar de las comunidades.
En el país no hay ninguna ley que reconozca a los municipios por tener zonas protegidas, como sí ocurre en países vecinos como Brasil. Transformar esta realidad es la apuesta del director del Fondo de Patrimonio Natural, Alberto Galán Sarmiento. “Se trata de que el Gobierno reconozca que declarar un parque tiene implicaciones en las economías locales y en ese sentido debe propiciar alternativas”, explica.
La idea de varios alcaldes es que los municipios reciban directamente los recursos, que se calcularían de acuerdo con el porcentaje de los parques en los municipios y las actividades que están dejando de hacer.
Otra alternativa, según Patrimonio Natural, es que el Gobierno rodee a Parques Nacionales con recursos suficientes que le permitan implementar proyectos en las zonas de influencia de estos lugares. Esto generaría nuevas dinámicas en la economía local y otro tipo de relación con las comunidades.
La iniciativa la comparten expertos ambientalistas, como el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez y Julio Carrizosa Umaña, uno de los precursores de la creación de los Parques Nacionales en el país, para quien “si no se hace un reconocimiento, los municipios siempre verán las áreas protegidas como un problema”. El director de la Cepal en Colombia, Juan Carlos Ramírez, señala que “es importante que los municipios se involucren y entiendan que estas zonas también forman parte de su patrimonio”, agrega.
De los obstáculos que hoy tiene el Sistema de Parques Nacionales, el más crítico es la falta de financiación. Los recursos que le asignó el actual Gobierno al sector ambiental no llegan al 1% y el Sistema de Parques Nacionales es uno de los más afectados. Tanto así que, por ejemplo, este año el déficit es de $151.000 millones.
Pensar en apoyar nuevos proyectos con este reducido presupuesto sería imposible. Pero la propuesta plantea que los recursos para los municipios podrían salir de otras entidades del Gobierno, como el Departamento de la Prosperidad, el Incoder o el Ministerio de Industria y Comercio. Galán explica que ni siquiera se trata de destinar nuevos recursos, sino de focalizar los existentes.
¿Qué tanto le suena la propuesta del Sistema de Parques Nacionales? Julia Miranda, su directora, lo resume así: “En este momento no hay incentivos para la conservación. Hay una absoluta necesidad de compensar a los municipios porque están cuidando y protegiendo zonas que nos sirven a todos. Nos están garantizando el agua y los demás colombianos no les pagamos como deberíamos”.
La iniciativa requiere una reforma legal y debe ser presentada al Congreso. Por ahora ni el Ministerio de Ambiente ni algún congresista ha impulsado el proceso. Mientras tanto, en los municipios aumenta la difícil relación con estas zonas. El alcalde de Uribe lo explica en pocas palabras: “No tenemos cómo ofrecerles alternativas a las personas que usan la deforestación de los parques para sobrevivir”. La cifra de deforestación en Parques Nacionales demuestra que en otros municipios está pasando lo mismo: 18 mil hectáreas de bosque ya se han ido abajo.
@vivilond
Opinión
Municipios verdesEn algunos países de Latinoamérica la constitución de un área protegida es un motivo de alegría para los mandatarios locales y regionales. Esto significará una mejor capacidad para asegurar servicios ambientales estratégicos para su población (especialmente el agua). De igual manera, la posibilidad de utilizar los atractivos naturales para el desarrollo ecoturístico, y el fomento de procesos de inversión público-privada en las poblaciones y áreas de adyacencia, lo cual dinamiza y fortalece las economías locales.
Los procesos de investigación sobre usos de la biodiversidad también son fuente importante de transformación en la cultura educativa local, pues direccionan los mecanismos de formación. Existen importantes oportunidades que permiten una relación armónica entre los procesos de planificación territorial local, el desarrollo económico y la conservación como patrimonio de la nación. En síntesis, el desarrollo regional se proyecta en función de la conservación.
En Colombia aún hay un largo camino por recorrer. Los ingresos de muchos municipios dependen en gran medida del impuesto predial, el cual no se aplica a las áreas protegidas. Esto genera una percepción de que “se está restando área productiva” para el municipio (pues las restricciones a las actividades extractivas, por ejemplo, reducen la posibilidad de percibir regalías de proyectos minero-energéticos).
Adicionalmente, las zonas de influencia de los parques poseen poblaciones marginales que se han consolidado en medio del desorden de la planificación territorial, muchos de ellos como resultado de actividades extractivas o de la ampliación caótica de la frontera agropecuaria y, más recientemente, de cultivos de uso ilícito y minería informal. El resultado: zonas propicias para los grupos armados ilegales que ejercen presión territorial y económica; dura tarea para mandatarios locales con baja capacidad de maniobra.
Similar situación viven las corporaciones autónomas regionales que, en general, ven estas zonas como un problema y no como una oportunidad. Ocasionalmente, el gobierno central destina partidas significativas para la recuperación territorial y económica de estas zonas, y recientemente, en el marco de los proyectos de consolidación nacional, varios de estos municipios coinciden con un plan de inversión que podría cambiar la tendencia. En el largo plazo esta tarea deberá estar en cabeza de equipos interagenciales regionales y nacionales que sumen su capacidad operativa y financiera, y con una política de inversión que utilice el valor agregado del patrimonio natural y cultural de estas regiones.
Rodrigo Botero, Consultor en medio ambiente, desarrollo y conflicto.