Resulta irónico, pero los que esta vez se resisten a cuidar el Parque Arqueológico de San Agustín, declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1995 por albergar una rica y única colección de esculturas en piedra de pueblos precolombinos, son las comunidades indígenas asentadas en el lugar.
Un grupo de 50 a 60 familias yanaconas, a quienes años atrás se les adjudicaron terrenos aledaños al Parque de San Agustín, insisten en mantener abierta una trocha convertida en carretera y que atraviesa parte del parque arqueológico. Ni las autoridades locales, ni los reclamos de la comunidad de San Agustín, tampoco las peticiones del Instituto de Antropología e Historia de Colombia ni la solicitud de la Unesco en 2007 para cerrar la vía han surtido efecto. Los indígenas se mantienen firmes en su decisión de conservar abierta la carretera.
“Tenemos la responsabilidad de cuidar ese patrimonio y estamos en la obligación de cerrar la vía”, dice Diego Herrera Gómez, director del Instituto de Antropología e Historia de Colombia. El asunto se ha convertido en un dolor de cabeza para los directivos de la institución porque no sólo han sido rechazadas una tras otras las alternativas que le han ofrecido a la comunidad de indígenas, como crear un sendero peatonal adoquinado para atraer los turistas del parque, sino que cada vez que se ha intentado el cerramiento, las vallas colocadas son retiradas.
Según los indígenas, la trocha les sirve para comunicar una escuela y un centro cultural con la vía principal que conduce al parque. El argumento ha sido desmentido por la Alcaldía y el Instituto de Antropología e Historia, pues si bien es cierto que reduce la distancia, existen vías alternas para llegar a la escuela.
El ahorro de distancia es apenas de un kilómetro, por lo que no se justificaría mantener abierta la vía por la que pasan carros y camiones que atentan contra el patrimonio arqueológico disperso por todo el parque y el que aún podría estar bajo tierra.
El viejo pleito regresó a los medios de comunicación este mes luego de que el alcalde de San Agustín, Carlos Andrés Facundo, ordenara el cierre físico de la vía. “Esa medida fue respondida por la comunidad indígena interponiendo una acción de tutela con el argumento de que se violaban derechos a movilidad y educación de sus hijos”, cuenta Herrera. La tutela, sin embargo, les fue negada por el juez que atendió el caso.
Hace unos días, Germán Liévano, quien coordina a través de internet una tertulia y discusiones sobre temas de la región, escribía: “Este es un llamado para que toda la dirigencia regional y la sociedad civil nos movilicemos en defensa de nuestro querido San Agustín”.
Rosario Fernández Aljure, una asidua turista del parque desde 1968, y quien durante los últimos meses ha realizado gestiones para llamar la atención de las autoridades, pero también del público general sobre el problema, dice que le duele el poco interés que las autoridades regionales y nacionales le dedican a San Agustín: “Ni siquiera desde el punto de vista turístico le han dado el reconocimiento que se merece”.
En un artículo publicado por el periódico La Nación de Neiva se advirtió que los yanaconas contrataron abogados y prometen hacer respetar la vía. “La Policía a bala no nos van a echar, si viene la Fuerza Pública nosotros de inmediato llamamos a nuestros colegas indígenas para que nos acompañen”, fue el anuncio que hicieron los voceros de la comunidad.
Para el alcalde de San Agustín, el asunto es preocupante, como lo hizo saber en medios locales, porque San Agustín podría ser retirado de la lista de lugares declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco. Un golpe para el turismo regional, que recibe cada año a cerca de 70.000 visitantes.
En 2007 expertos de la Unesco sirvieron de intermediarios entre los indígenas y las autoridades locales para resolver el problema de la carretera. Luego de visitar el lugar y analizar el caso, pidieron clausurar la carretera porque afectaba el patrimonio arquitectónico. Los indígenas, aunque habían aceptado la mediación, hoy siguen desatendiendo la petición. De no encontrarse pronto una solución, el caso podría volver a ser analizado por la Unesco.