"Vamos un paso adelante del Estado"

El grupo de jóvenes responsables de las políticas más progresistas de mitigación del riesgo y daño en consumidores de sustancias psicoactivas en Colombia

Hombres y mujeres que conforman la corporación Acción Técnica Social. / Gabriel Aponte
Hombres y mujeres que conforman la corporación Acción Técnica Social. / Gabriel Aponte

Cuando el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anuncia que el Distrito tiene el proyecto de reducir los daños y riesgos asociados al consumo de bazuco mediante el suministro controlado de marihuana, hay gente detrás. Cuando el gobierno nacional afirma que está avanzando en la mitigación del riesgo para consumidores de heroína a través del intercambio de jeringas y la prevención, hay alguien que sabe cómo hacerlo. Se trata de un grupo de jóvenes que trabajan para la Corporación Acción Técnica Social (ATS).

Ya son más de seis los años en que ATS ha trabajado en innovación social para el abordaje del consumo de drogas y en transferencia metodológica internacional para el desarrollo de políticas dirigidas a los consumidores de sustancias. Una iniciativa que surgió de convicciones filosóficas directamente enfrentadas con las tesis que el Estado tenía sobre el consumo de drogas.

“Nuestro interés en el tema surge desde enfoques académicos, muchas veces mediante la experiencia como usuarios de sustancias, y otras, de procesos identitarios que se relacionan con grupos sociales que están vinculados con el consumo”, dice Vannesa Morris, una socióloga que, junto a trabajadores sociales, antropólogos, químicos, sicólogos, administradores de empresas, diseñadores gráficos, abogados y politólogos, hace parte del equipo técnico de ATS.

Cuando la corporación comenzó a presentar proyectos, basada en el conocimiento directo de los consumidores y las experiencias internacionales más exitosas frente a los usuarios, llamó la atención del gobierno de Álvaro Uribe. “Con él fue muy divertido. Mientras hacía discursos prohibicionistas, de criminalización del consumidor y de profundización en la guerra contra las drogas, la política de reducción del consumo y mitigación de sus riesgos y daños (liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social) iba avanzando en términos muy diferentes a los que contenían esos discursos. Puedo afirmar que la política pública de 2007 es de las más progresistas de América Latina”, dice Julián Quintero, quien actualmente dirige la ONG.

Y es que con esa política, ATS se ha convertido en un socio estratégico del Estado para aplicar modelos de prevención, como el que desarrollaron en asociación con la Organización Panamericana para la Salud frente al consumo del alcohol y la marihuana, o el que hicieron sobre heroína con el apoyo del Ministerio de Salud. Pero también han apoyado proyectos de mitigación.

“Échele cabeza cuando se dé en la cabeza” es, para los muchachos de ATS, su “hijo” más querido. Este proyecto, desarrollado durante los últimos tres años con el apoyo del Minsalud, consiste en piezas comunicativas con información fáctica sobre las sustancias e intervenciones en espacios públicos para generar conciencia sobre el consumo y sus diferentes perspectivas y, lo que es más importante, llegarle al consumidor con el fin de que sepa cómo manejar su estado alterado de conciencia tanto en lo que respecta a la salud como en el respeto a las libertades de los demás ciudadanos.

“Para nosotros fue sorprendente ver que, el mismo día que en una fiesta electrónica masiva en Buenos Aires morían dos muchachos por el desconocimiento de las autoridades sobre cómo tratar a quien ha consumido abusivamente una sustancia, nosotros, sólo con un stand informativo y personal calificado para atender a quienes presentaban graves alteraciones por el consumo, logramos que ninguno de los asistentes al Bogotrax, una fiesta igualmente masiva, tuviera que salir para un hospital. Algo estamos haciendo bien”, dice Álix Lesmes, que está al frente de “Échele cabeza”.

“El Estado no sabe cómo hablar con el consumidor. Sólo se acerca a él mediante el médico, el patrullero o el profesor, y, por lógica, está claro que ninguna de esas tres instancias entiende la complejidad del usuario”, afirma Quintero. Por eso, más allá de estar haciendo el trabajo de mitigación y prevención que, por definición jurídica, debería hacer el Estado, ATS considera que su tarea es de intermediación entre la rigidez del aparato estatal y la complejidad del individuo.

Lo que estos jóvenes han encontrado es que los funcionarios, quienes por lo general están sometidos a los vaivenes políticos de las entidades, por más que estén de acuerdo, no se animan a aplicar lo que ya está consignado en la ley. Y, en consecuencia, terminan dejándole el trabajo a la sociedad civil. Seguramente porque el costo político que deben pagar estas organizaciones es mucho menor al que asume el Estado.

Los jóvenes de ATS le han demostrado a muchos grupos y organizaciones que pararse en la frontera no sirve de mucho. “Poco hacemos nosotros, que conocemos el tema porque lo hemos estudiado, parándonos desde la barrera a criticar y a decir que lo que está haciendo el Estado está mal. Más cuando tenemos una política pública que nos permite poner nuestras investigaciones a su servicio y, desde la ciudadanía, definir la complejidad de la sociedad y lo que ella necesita”, dice Quintero.

En ese panorama se inscriben los nuevos proyectos de ATS. No sólo están asesorando al Distrito en un proyecto piloto que busca proveer de marihuana u hoja de coca, de manera controlada, a los consumidores problemáticos de bazuco. Ahora quieren sacar adelante un proyecto que contempla la instalación de estaciones de análisis químico de sustancias en las zonas de rumba, para que el usuario se acerque con lo que va a consumir y ellos, mediante un estudio químico, le puedan advertir sobre la peligrosidad para la salud o la “pureza” de lo que ingieren.

Lo más interesante de estos chicos radica en su perspectiva filosófica sobre el consumo. Cuando se les pregunta sobre el carácter informativo o propagandístico de su trabajo sobre el consumo de sustancias ilícitas, responden, casi a coro, que “en nuestras culturas el placer, como experiencia de vida, de apertura mental y espiritual, ha sido vedado por una posición maniquea que todo lo pone en términos de bien y mal. Eso en gran parte proviene de la formación religiosa y del Estado, pero nosotros no partimos de ahí. Si quiere, se lo ponemos en términos de autodeterminación, de respeto a la individualidad y de una sociedad en la que la información y el conocimiento de determinadas prácticas, como el consumo, sean insumos que todos los ciudadanos deban tener para decidir, en libertad, si incurren en esas prácticas”.

Más allá de que “colombianicen” experimentos y políticas de otros países, o sean los ejecutores de la política pública, el aporte más contundente de estos muchachos a la sociedad, que ha vivido cuarenta años inmersa en una guerra contra las drogas que ve al consumidor como un delincuente y, más recientemente, durante la última década, como enfermo, está en que perciben al usuario como un ciudadano. Una categoría en la que el 90% de consumidores que no son problemáticos es entendido como constituido por seres conscientes de la decisión de proveerse placer mediante el uso de sustancias prohibidas, y que, para los muchachos, hace que ATS “vaya un paso adelante del Estado”.

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