El montaje judicial que rodearía el caso de la juez de Saravena

A la juez Gaona la conocían en Saravena como “la dama de hierro”. Fue asesinada en una calle del municipio en marzo de 2011. / Foto cortesía Vice

 El martes 22 de marzo de 2011 la juez Penal del Circuito de Saravena, Gloria Constanza Gaona, salió del apartamento que compartía con otra funcionaria de ese juzgado. Faltaba poco para que fueran las 8:00 de la mañana y caminaban juntas las cuatro cuadras que separaban su despacho del lugar donde vivían. Antes de que atravesaran un anillo de seguridad de la Policía, que protege el centro del municipio, un hombre se acercó a ellas por la espalda y disparó cinco veces contra la juez. Después de cuatro años de juicio, este viernes se conoce la condena contra los tres supuestos guerrilleros del ELN implicados en el asesinato de la juez.

Ese homicidio, que en principio se relacionó con la violación y el asesinato de tres niños a manos de un subteniente del Ejército en el municipio de Tame, proceso que adelantaba la funcionaria, luego fue atribuido por las autoridades a milicias del frente Domingo Laín de esa guerrilla. Tres semanas antes de ser asesinada, la juez cuestionó los procedimientos de las dos abogadas de la Defensoría Militar que renunciaron durante una audiencia para forzar un aplazamiento. La funcionaria aseguró que se trataba de una maniobra dilatoria y compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigara a las defensoras del oficial del Ejército.

Sin embargo, el caso de uno de los tres hombres que fueron capturados cinco semanas después del crimen, da cuenta de lo que, según la defensa, sería un montaje judicial para culpar del asesinato a la guerrilla y evadir cualquier responsabilidad de agentes del Estado.

Ese procesado es José Diomedes Gamboa, un vendedor de pescado que se ha visto envuelta en lo que, a su juicio, ha sido una persecución sistemática de la Policía y la Fiscalía.

La historia de Gamboa no empieza con ese homicidio, menos con una diligencia programada para este viernes en Bogotá — ese día se leerá el fallo del Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca que el pasado 23 de junio anunció que la sentencia será condenatoria–. Con él, son cinco las personas de su familia que han sido capturadas y acusadas por rebelión. En su caso se suma el delito de homicidio en persona protegida por el cual podría pagar una pena de hasta 60 años de cárcel.

De sus familiares, tres fueron absueltos, su hermano menor permanece preso en la cárcel de Arauca y él será el primero en ser condenado. En unas pocas horas, junto a los otros dos acusados, conocerá los detalles de la pena por rebelión y homicidio en persona protegida.

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