Análisis del caso AngloGold Ashanti en Cajamarca

La llegada de megaproyectos mineros y energéticos al país exige un Gobierno fortalecido y buen negociador. ¿Es el caso colombiano?

Ahora se avecinan grandes proyectos mineros y energéticos, que harán aún más complejo y exigente no sólo el manejo del río, sino el de la conservación de los recursos naturales del país. El inventario de nuevas inversiones de todo tipo que los afectarán y que a la vez podrían abrir oportunidades para su buen manejo, es alto y difícil de delimitar. Son muchas las instituciones y actores sociales que tendrán participación en el ordenamiento y el desarrollo de esa variedad de proyectos y actividades. Es necesario tener claras unas ideas básicas sobre el conjunto de las instituciones que deben asegurar los mayores beneficios y las menores consecuencias negativas de todos y cada uno de los proyectos e inversiones. Ilustro con el caso de un gran proyecto minero como el de La Colosa, en exploración en la zona de Cajamarca, Tolima. (Ver gráfico).

Lo primero es subrayar que el vínculo entre el proyecto minero en La Colosa y el río Magdalena existe, y es uno de los aspectos en los cuales se deben detener los análisis de su factibilidad. Un proyecto minero como este exige grandes cantidades de agua, implica riesgos y demanda extensiones importantes de terreno, de manera que, sin duda, los administradores de la cuenca del río Magdalena tienen que evaluarlo por sus posibles consecuencias ambientales en su zona de influencia inmediata y para las regiones más distantes.

De otra parte, la magnitud del proyecto, en caso de ser aprobado, sería del orden de los US$25.000 millones, que la empresa recibiría en un plazo superior a los 20 años y estarían en condiciones de generar recursos tributarios que podrían ser invertidos, en parte, en la recuperación de los recursos naturales renovables de la cuenca del río Magdalena. Ese potencial se ve más claro cuando se entiende que un 1% adicional de regalías puede significar, sólo en este proyecto, entre US$200 millones y US$250 millones de más ingresos para el país, con las actuales reservas estimadas para La Colosa, y que si se negociara mejor, como ha sido posible en otros países, el nivel de regalías podría ser de 6 a 10 puntos porcentuales más, o entre US$1.200 millones y US$2.500 millones más que las regalías proyectadas con el 4% que se viene cobrando. A eso se suman los otros impuestos.

Los colombianos debemos entender que el mejor desarrollo de un proyecto como el de La Colosa (de nuevo, si es que se aprueba, que es lo más probable) exige la efectiva y muy oportuna participación de una gran variedad de instituciones públicas, de sectores empresariales y de organizaciones ciudadanas. Entre estos se destacan, en el nivel nacional, la Presidencia de la República, en términos de las políticas generales, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contaduría y entidades como las superintendencias Bancaria y de Industria y Comercio, en lo relacionado con finanzas públicas y las exigencias tributarias que se establezcan para una empresa como Anglo Gold Ashanti, proponente del proyecto. Algunas de estas entidades miran con interés esta iniciativa por los ingresos potenciales y la economía que se espera generen. Obvio, esa mirada impone un sesgo particular a la hora de evaluar la conveniencia del proyecto para el país en todos los sentidos.

Otras entidades nacionales de importancia son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en principio por obvias razones, pero según asuma sus responsabilidades, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la medida que sectores como el arrocero en el Tolima afrontan riesgos por los posibles impactos del proyecto minero. Además, como ya se ha visto en el país, las regiones mineras están expuestas a situaciones de conflicto armado o conflictos sociales en general, por las cuales las instituciones responsables de velar por la seguridad ciudadana también tienen que tomar decisiones y hacer gestión en sus diferentes ámbitos territoriales.

Todos estos sectores tienen sus contrapartes en los niveles regionales y municipales, por lo que es claro que instituciones como las corporaciones autónomas regionales y las diferentes dependencias de las gobernaciones y las alcaldías tendrán que estar en condiciones de asumir sus responsabilidades frente a las empresas mineras y a la ciudadanía, que tendrá expectativas de todo tipo (sociales, económicas y ambientales).

La relación entre estas instituciones, empresas y organizaciones está mediada por reglas como los códigos de minas y de recursos naturales y las leyes que regulan la distribución de regalías y las exigencias ambientales, el desarrollo rural y la inversión social en general. Estas reglas existen o tienen que ser ajustadas o complementadas. Frente a los procesos que conducen a dichas normas tienen lugar intervenciones abiertas y otras a menudo desconocidas, en las que los diferentes sectores de la sociedad actúan para hacer valer sus intereses.

Qué tan bien concebidas sean estas reglas de juego en torno al aprovechamiento de unos recursos naturales como los de la minería, dependerá de los balances de poder hoy existentes entre esta diversidad de actores sociales, de las coordinaciones o las tensiones que se den entre éstos y del papel que cumplan otras instituciones, como el Congreso de la República y las altas cortes y demás organismos judiciales.

La formación de instituciones capaces de distribuir en forma justa y equitativa los beneficios y los costos económicos y ambientales de las explotaciones mineras, toma tiempo, pero a la vez demanda actuar de manera oportuna y debe ser comprendida con un alcance de largo plazo, de 40 y más años. Esta perspectiva temporal se debe entender muy bien, porque mientras las empresas cuentan con los recursos, la planificación y la estabilidad institucional para responder a procesos de largo plazo, las entidades públicas y la iniciativa ciudadana a menudo carecen de esa continuidad y de los recursos para mantener su responsabilidad, en el caso de las primeras, y hacer sentir sus necesidades e intereses, en el caso de la segunda.

La semana pasada, el economista Guillermo Rudas analizó en el artículo “El níquel de quién”, publicado por este medio, los vacíos en las negociaciones que regulan la explotación del níquel de Cerro Matoso (Córdoba) y los costos que nos ha representado la falta de rigor del Gobierno Nacional y de los organismos de control, que permiten el pago incompleto de las regalías en magnitudes ubicadas en los cientos de miles de millones de pesos adicionales que, en justicia, le corresponden al país. Son negociaciones que tendrán efectos por los próximos 30 años y para las cuales las instituciones parecen no estar preparadas, mucho menos las movilizaciones ciudadanas.

El incumplimiento en el pago de regalías significa pérdidas de recursos para la Nación que equivalen a entre 10 y 20 veces el presupuesto del Sistema de Parques Nacionales Naturales, uno de los frentes de inversión que podrían contribuir en la Zona Andina a recuperar el río Magdalena y prevenir en alguna medida las recurrentes inundaciones y desastres que ocurren en esta cuenca. Con frecuencia, el argumento frente a las solicitudes de recursos que hacen estas instituciones es la falta de ellos por parte de la Nación, que no parece estar haciendo las gestiones posibles en negocios mineros que vienen explotándose desde hace más de 30 años.

Con frecuencia el Gobierno Nacional, los empresarios y los gremios mineros argumentan que la gran minería es mejor por los estándares que tiene para la explotación de los minerales y, en general, en sus negocios. El tema de los estándares es el referente central para medir la efectividad y oportunidad de la gestión de las instituciones que tienen que concurrir para asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios y los costos ambientales, económicos y sociales de la minería en Colombia. Hay referentes que indican el largo camino por recorrer para que el sector minero cuente con los mejores estándares, pero el que en particular tiene que recorrer la gran minería, en cuanto al pago de impuestos, de la prevención y la compensación de la variedad de impactos ambientales, de las relaciones transparentes con las comunidades y los gobiernos locales, y también de hacer contribuciones significativas a la superación de las recurrentes violencias en este país.

Colombia tiene que entender esto y actuar frente a los cambios que vienen en el Código Minero, en las nuevas reglamentaciones ambientales, en futuras revisiones de los niveles de regalías y en la reforma tributaria, así como en el papel de instituciones como el Departamento de la Prosperidad Social, que trabaja por el fortalecimiento de las organizaciones sociales, y en la orientación de lo que en forma algo pretenciosa se denomina el desarrollo rural y el desarrollo sostenible. Y digo algo pretenciosa, porque los lugares comunes en la aplicación de tales conceptos de desarrollo reflejan la incapacidad de nuestra sociedad para coordinarse en torno a objetivos comunes.

A medida que consolidemos nuestras instituciones, bajo la tutela de la Constitución, las bonanzas mineras temporales o de más plazo contribuirán a cumplir diversos objetivos sociales, entre los que tenemos que destacar los ambientales y, de forma muy especial, la recuperación de recursos tan valiosos como el río Magdalena. Esa base institucional, expresión de esfuerzos colectivos, nos permitirá ir superando diferentes pobrezas.

Los colombianos llevamos décadas tratando de organizar la cuenca del río Magdalena, uno de los principales recursos naturales con que cuenta el país, y el balance es poco alentador. Si hay alguna duda al respecto, sólo hay que tener presentes las olas invernales recientes.

* Director Fondo Patrimonio Natural.

 

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