Antesala al paseo de la muerte

En la primera mitad del año, la entidad recibió 104.774 reclamos de pacientes frente al sistema.

La Supersalud recibió 4.155 quejas, entre enero y junio, por la  ineficacia en la atención en salud. / David Campuzano
La Supersalud recibió 4.155 quejas, entre enero y junio, por la ineficacia en la atención en salud. / David Campuzano

En los primeros seis meses de este año la Superintendencia de Salud recibió 5.132 quejas y reclamos sobre la EPS Famisanar, la misma que está siendo investigada por el caso de Ana María Forero, la niña de 11 meses que fue remitida de urgencias a la Clínica Cafam de Chapinero, en Bogotá, donde, según sus familiares, murió esperando a ser atendida (la EPS insiste en que prestó la atención oportuna).

Claro que Famisanar no es la EPS de la que más se quejan los usuarios. Si se evalúa sólo el régimen contributivo, al que pertenece la entidad, el primer lugar sería para Saludcoop (15.027 quejas), que atiende a casi cuatro millones de colombianos. Y si se miran las EPS del subsidiado, el primer lugar es para Caprecom (3.056), que tiene tres millones de usuarios. En general, las EPS de este régimen, que hoy son las más emproblemadas por su situación financiera, presentan menos quejas.

Aquí habría que puntualizar que ninguna EPS se salva, como tampoco las empresas de medicina prepagada ni las secretarías de salud ni las clínicas y hospitales. Si se suman todas las quejas y reclamos que ha tenido que atender la Superintendencia en los primeros seis meses del año, estaríamos hablando de 104.774 pacientes que de alguna manera han sentido vulnerado su derecho a la salud.

El 42% de las personas que necesitan atención básica (nivel I) se quejan de que se les restringe el acceso a la salud “por falta de oportunidad para la atención” (en total hay 43.862 quejas por este motivo). Otro 15% reclama por las demoras en las autorizaciones y un 10%, por fallas en la afiliación (multiafiliación, desafiliación o traslados). En este último punto podría inscribirse la historia de José Chíquiza, el paciente diabético de 58 años que murió hace menos de dos semanas en Bogotá esperando una diálisis: su nombre nunca apareció registrado en la EPS Comfacundi, a la que supuestamente fue trasladado luego de la liquidación de Salud Cóndor.

La lista de lo que no funciona es larga: dificultad de comunicación con las líneas para citas, la programación de cirugías, la entrega de medicamentos, la autorización de exámenes de laboratorio o diagnósticos, el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas derivadas de licencias, la autorización para hospitalizaciones, la infraestructura física, la autorización de servicios de alto costo... y las quejas siguen.

En el listado hay también 2.999 usuarios de mayor complejidad (nivel II) que reclaman por la “demora de la referencia o contrarreferencia”. Aquí estaría enmarcada la historia de Ana María Forero, que murió luego de ser remitida (o referenciada) a un hospital que supuestamente sí tenía la capacidad de atender su dolencia.

¿Cuántas de estas quejas han terminado en “paseos de la muerte”? No hay cifras consolidadas. Cada Secretaría de Salud maneja sus datos (ver nota anexa). Pero basta con saber que en seis meses casi 105.000 colombianos se han quejado sobre el servicio de salud, advirtiendo, de alguna manera, que podrían correr la misma suerte de Chíquiza o de Forero.

En Bogotá van 55 casos desde 2009

 

El caso de Ana María Forero se sumaría al de las 55 personas que desde 2009 han fallecido en Bogotá en espera de atención médica.

Ayer, en horas de la mañana, el secretario distrital de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, visitó la clínica Cafam de Chapinero (que le presta los servicios a la EPS Famisanar, a la que estaba afiliada la niña de 11 meses), para conocer de cerca lo sucedido. Anunció que llevará este hecho hasta las últimas consecuencias, con el propósito de acabar con el llamado “paseo de la muerte”.

Durante su visita también hizo fuertes críticas al sistema de salud, al que, según dijo, le hace falta enfatizar en políticas de prevención y tiene un modelo que genera más posibilidades de enfermedades y muertes.

De igual forma, Gilberto Acosta, delegado de la Superintendencia de Salud, dijo que este caso será investigado a fondo, pues, al parecer, la niña no fue admitida de inmediato a pesar de haber sido trasladada después de una hospitalización.

En respuesta a los señalamientos, Cafam aseguró en un comunicado que no hubo negligencia y que se aplicaron todos los procedimientos médicos para salvar la vida de la bebé, “con pertinencia, continuidad y oportunidad”.

Por su parte, Lizet Villamil, la madre de la menor, afirmó que, en principio, a su hija le diagnosticaron una infección urinaria y finalmente falleció de un edema pulmonar.