Bajos salarios y amenazas generarían paro de maestros

Se espera que la decisión definitiva sobre declarar o no un paro indefinido de maestros se tome hoy, luego de que los representantes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) les expongan a los sindicatos de profesores del país las conclusiones del encuentro que tuvieron este miércoles con los representantes de los ministerios de Educación, Ambiente y Hacienda.

Uno de los paros de maestros más multitudinarios de los últimos  años se vivió en Bogotá en mayo de 2007.  / Archivo - El Espectador
Uno de los paros de maestros más multitudinarios de los últimos años se vivió en Bogotá en mayo de 2007. / Archivo - El Espectador

A estos ministros les pidieron que el Estado les pague a los maestros salarios retrasados, protección para quienes son víctimas del conflicto armado, atención en salud oportuna y mejores condiciones laborales.

“Agotaremos los mecanismos del diálogo, pero si el Gobierno nos obliga, tendremos que irnos a paro nacional desde la próxima semana. Tenemos que hacernos sentir”, le dijo a El Espectador Pedro Arango, fiscal de Fecode, organización que congrega a 320.000 maestros estatales que podrían paralizar las actividades académicas en todo el territorio nacional.

Desde el pasado 20 de marzo el gremio le entregó al Gobierno un pliego de peticiones con cuatro puntos claves que se encuentran en discusión. El primero es que el Estado se ponga al día con las deudas históricas. Exigen que se les reconozca el pago de una prima de servicios (que equivale a 15 días de salario por cada año laborado), a la que los empleados del Estado tienen derecho pero que ellos nunca han recibido. Sobre este tema, ayer se conoció que el Mineducación hará efectiva la prima, que tendrá un costo anual de $420 mil millones.

Fecode insiste en que hay maestros que subieron de escalafón hace más de 7 o 10 años y que siguen sin recibir los aumentos en los salarios que les corresponden.

Otra de las quejas de los trabajadores se basa en la falta de protección ante las amenazas a las que se ven expuestos quienes trabajan en medio del conflicto armado. “Desde 1986 han asesinado a 970 de nuestros compañeros. No podemos permitir que sigan matando a 12 profesores cada año. El Ministerio del Interior lleva un año estudiando un decreto para aumentarnos la protección. No podemos esperar más”, dice Pedro Arango. Por su parte, el Ministerio de Educación ha dicho que podría expedir un nuevo decreto que busque garantizar una mayor protección.

Ayer el presidente de Fecode, Senén Niño Avendaño, advirtió que la organización ha registrado en los primeros cinco meses de 2013 más de 500 amenazas a docentes.

Los maestros denuncian también el aumento de estudiantes en los salones de clases, que debe ser atendido por la misma planta de docentes. “Tenemos salones de hasta 50 estudiantes, mientras el Gobierno dice que trabaja por la calidad. ¿Realmente se puede garantizar la calidad educativa en estas condiciones?”, se pregunta el representante de los profesores.

Pero quizá el punto que ha merecido mayor atención por parte del Mineducación es en el que los profesores piden que se mejore la calidad de su atención en salud.

Según los maestros, de los $1,6 billones que anualmente le aportan al sistema se están invirtiendo en su atención médica unos $900.000 millones y lo que resta se estaría desviando para pagar sus pensiones. “Queremos que, como es debido, el Estado asuma por su cuenta nuestras pensiones y respete en su totalidad los dineros de la salud para que las EPS que nos atienden puedan garantizarnos calidad. Vemos que los profesores que padecen enfermedades de alto costo se quejan porque no les brindan los servicios a los que tienen derechos y las citas con los especialistas se demoran semanas”.

“Hemos venido desarrollando estas conversaciones con una actitud totalmente propositiva, tenemos avances muy importantes y relevantes que van a incidir en la calidad de vida de nuestros maestros y de sus familias, principalmente en lo que tiene que ver con los servicios de salud”, dijo la ministra de Educación, María Fernanda Campo.

Lo cierto es que, de no llegar a un acuerdo, el paro anunciado sería inevitable y dejaría sin clases a cerca de nueve millones de estudiantes. “Si no actuamos perderíamos nuestra legitimidad ante la protesta, ante nuestra capacidad de exigir lo que nos corresponde por derecho”, concluye Pedro Arango.

 

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