Cero en discapacidad

"Aún no se evidencian suficientes desarrollos que garanticen el derecho a la igualdad, pues persisten limitantes en las oportunidades y en el acceso a las mismas", reza el informe de la Defensoría del Pueblo sobre percepción de políticas públicas para discapacitados.

Dicho de otro modo: pese a las iniciativas y los acuerdos suscritos por el Gobierno en los últimos años (entre ellos la Ley 1346 de 2009 y el Marco Legal de la Discapacidad de 2005), las personas con discapacidad tienen las puertas casi cerradas, porque la ley no las cobija en su totalidad y los desarrollos en materia educativa y laboral son mínimos.

De acuerdo con el DANE, 2’624.898 personas en Colombia tienen algún tipo de discapacidad. Eso corresponde al 6,4% de la población total. Con base en esos datos y el Registro de Localización y Caracterización, en 2010 la Defensoría realizó una encuesta entre las organizaciones que atienden a la población discapacitadas acerca de las barreras que han encontrado para acceder a salud, educación, trabajo, etc.

Cinco meses después de que Colombia ratificara la Convención de las Naciones Unidas para personas con discapacidad (que obliga al Estado no sólo a otorgar los mismos derechos, sino a incluir a esta población de manera permanente en la agenda pública), el informe revela que el marco normativo y jurídico colombiano, como afirma Miguel Polo, defensor delegado para políticas públicas de la Defensoría del Pueblo, “parte de modelos de rehabilitación, pero no hay una tarea en temas tan sensibles como movilidad y acceso”.

Para Karem Labrada, coordinadora general de Colombia Líder, el problema no es que el país carezca de políticas públicas. Lo que hace falta, dice, es socializar. “El Ministerio de Transporte tiene una normativa de movilidad, pero no todo el ministerio la conoce. ¿De qué nos sirve?”. Labrada también asegura que los discapacitados requieren ser incluidos de manera permanente en la agenda pública. Para eso, el Gobierno radicó hace un mes un proyecto de ley para que los municipios creen programas de acceso en todos los campos en el plazo de un año. “No hay que pensar en escuelas especiales, pero sí en escuelas regulares para niños discapacitados. ¿El sistema educativo puede responder a eso?”.

De hecho, la Defensoría asegura —como lo han hecho algunas organizaciones en varias ocasiones— que las estructuras de transporte y salud no son adecuadas y ha sido a través de fallos judiciales que los discapacitados han obtenido mejoras en los servicios. “Sin embargo —afirma el informe—, los entornos siguen siendo agresivos y excluyentes”.