Condenados por la crisis española

Más de 1.600 extranjeros que viven en España sin papeles y son VIH positivos dejarán de recibir los medicamentos que les permiten mantener el virus a raya y no morir prematuramente.

Chaouki Smaali es una de las caras de la crisis española. En 1996 se enteró, luego de un accidente automovilístico, de que es portador del virus de la inmunodeficiencia humana. Desde entonces, y a pesar de no tener “papeles” para vivir legalmente en España, el sistema de salud cubría los gastos de su tratamiento. Un privilegio que desaparecerá a partir del próximo 1º de septiembre por cuenta de la crisis económica.

Dentro del paquete de recortes impulsado por el gobierno español, una de las medidas fue la suspensión de atención médica, salvo urgencias, a la población inmigrante ilegal, que según algunos cálculos ronda las 153.000 personas. En ese grupo, de acuerdo con el Grupo de Estudio del Sida (Gesida) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, existen unas 2.600 a 4.500 personas portadoras del VIH.

“Si recortamos en el acceso a los servicios de salud a las personas sin tarjeta sanitaria, muchos de los cuales pueden estar infectados por el VIH, ¿cómo vamos a controlar la infección?, ¿cómo vamos a integrar al paciente con VIH en el sistema de salud?”, se preguntan hace unos días los expertos en salud, que temen un aumento en el número de personas con VIH en los próximos años y que la epidemia tome un rumbo incontrolable y desconocido.

El costo mensual del tratamiento para un paciente como Chaouki ronda los 850 euros (1’800.000 pesos colombianos) e incluye cuatro medicamentos que evitan la replicación del virus.

Sin el tratamiento, todos los pacientes se exponen a un aumento exponencial del virus en su cuerpo, al debilitamiento del sistema inmunitario y, tarde o temprano, al ataque de una infección oportunista que podría costarles la vida.

“Estoy sin trabajo, necesito las pastillas y no puedo pagar el tratamiento. Estoy muy preocupado”, se lamentaba Chaouki ante un periodista del diario El País, de España.

Enrique Ortega, presidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida, calificó la medida como “una barbaridad”, pues no sólo se pone en riesgo a los portadores del virus, sino a personas que podrían contagiarse a través de ellos.

La única posibilidad que queda a los pacientes “sin papeles” que decidan permanecer en España es tocar las puertas de la organización Médicos del Mundo, un servicio destinado a la población sin recursos, que también ha sido víctima de la crisis y atraviesa una difícil situación financiera, según lo reportó El País.

 

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