La crisis educativa del Caquetá

Un cambio en el modelo de contratación de docentes, que quedó en manos de la Iglesia, retrasó el inicio del año académico y generó inconformidad. Profesores denuncian amenazas.

Alrededor de 3.000 indígenas, campesinos y profesores se manifiestan  en Florencia contra  el nuevo modelo de educación, regido por la Iglesia. / Pedro Peña
Alrededor de 3.000 indígenas, campesinos y profesores se manifiestan en Florencia contra el nuevo modelo de educación, regido por la Iglesia. / Pedro Peña

Es mayo y alrededor de 9.500 estudiantes de Caquetá no han podido iniciar clases. Los poco más de cuatro meses de retraso en el calendario académico son “inadmisibles” para los cerca de 3.000 campesinos, indígenas y profesores que protestan en las calles de Florencia.

Inicialmente, tantas semanas con las aulas cerradas se deben a que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) autorizó la contratación de docentes en el departamento apenas el 7 de marzo.

Después, la tercera semana del mismo mes, Elizabeth Ojeda, asesora del Ministerio, hizo la advertencia a la Secretaría de Educación del Caquetá de que con su modalidad de contratación por prestación del servicio educativo, en la que contrataba a docentes privados y oficiales al mismo tiempo, estaba infringiendo la ley. Su estrategia iba en contra del artículo 9 del decreto 2355 de 2009, el cual prohíbe explícitamente que haya personal administrativo oficial y privado bajo esta modalidad en establecimientos educativos públicos.

La advertencia significaría tener que mover nuevamente las piezas, trasladar a cerca de 500 docentes y retrasar aún más el inicio de las clases. Por ello, el Ministerio le sugirió a la Secretaría que optara por acogerse al modelo de administración del servicio educativo por confesión religiosa, el único que permite tener a docentes oficiales y privados. La alternativa les puso los pelos de punta a varios sectores, entre ellos los indígenas, quienes de tener escuelas funcionando bajo proyectos de etnoeducación y alejadas del cristianismo, ahora tendrían que estar regidos por el mandato de Dios.

Según el secretario de Educación de Caquetá, William Renán, luego de analizar la propuesta, y pese al malestar de los profesores y las comunidades, empezaron a hacer los ajustes para el nuevo modelo: de los colegios donde había pocos profesores se encargaría la Secretaría; de los demás, el Vicariato de San Vicente del Caguán y la Diócesis de Florencia.

A partir de ese momento, y siguiendo lo que ordena el decreto 2355, la Iglesia sería la encargada de nombrar a los rectores de cada institución que administrara. Esto, sumado al traslado de 70 docentes, muchos a zonas apartadas de sus hogares y en condiciones preocupantes de salubridad y seguridad, generó tal inconformidad en el gremio de maestros que ocho instituciones se opusieron a acogerse a la nueva norma y 150 profesores, con los que ya se había pactado que iniciarían clases el 15 de abril, se echaron para atrás.

La Coordinadora de Organizaciones Sociales y Campesinas del Caquetá (Coordossac) agrupa a la mayoría de manifestantes. Su coordinador, Yesid Doncel, dice que su petición es ampliar la planta docente, ya que, según él, “la educación en el departamento está privatizada y el déficit de 850 profesores se está cubriendo con profesores no oficiales”.

Al respecto, William Renán reconoce que hay un déficit: “Desde 2003 no se ha aumentado la planta, pese a que la demanda de estudiantes ha crecido”. Por eso diseñaron un estudio de viabilidad de planta docente que entregarán al MEN el 6 de mayo. Su propuesta, según la viceministra de Educación, Roxana Segovia, quien se hizo presente esta semana en Florencia para escuchar las peticiones de la Coordossac, puede ser viable.

Sin embargo, fue tanta la presión de los manifestantes que el 24 de abril la Diócesis dijo que no podía seguir contratando a más docentes. De acuerdo con el sacerdote Alipio Guzmán, representante legal de la Diócesis de Florencia, la Coordossac les pidió en una carta que pararan la contratación mientras no hubiera un acuerdo con las autoridades, razón por la cual, dice, se sienten “presionados” y temen por la seguridad de los profesores contratados.

La tensión también la reportan los maestros que ya se encuentran dando clases. La Asociación de Institutores del Caquetá envió una carta a la Secretaría de Educación, denunciando que en zona rural y urbana de San Vicente del Caguán había “hombres en moto” informando a los docentes que “debían salir de sus lugares de trabajo con la orden perentoria de no regresar hasta que no se solucione la problemática educativa”. Asimismo se les pidió “enviar a los estudiantes para las casas y cesar las labores docentes”.

De acuerdo a Flora Macas, coordinadora de la Mesa de Concertación de Políticas Educativas Indígenas de Caquetá, la problemática tiene matices. Los indígenas, por su parte, piden que los 568 estudiantes de 30 instituciones ubicadas en resguardos puedan iniciar clases y que, como lo estipula el decreto 2500 de 2010, en sus comunidades se nombren docentes que puedan desarrollar proyectos de etnoeducación.

Sobre estas peticiones, los indígenas ya acordaron con la Secretaría de Educación y con el MEN un cronograma para dar cumplimiento a sus solicitudes, sin embargo, según dice William Renán, secretario de Educación de Caquetá, el acuerdo con los campesinos tiende a dilatarse y, mientras tanto, a miles de estudiantes se les vulnera su derecho a la educación.

[email protected]