"Denunciar me salió muy caro"

Después de que Stella García habló de acoso sexual en el trabajo, vinieron amenazas y un presunto engaño que podría llevarla a la cárcel. Hay vacíos en el país para tratar este problema.

Stella García denunció en noviembre acoso sexual de un superior del Fondo de Vigilancia y Seguridad.  / Gabriel Aponte
Stella García denunció en noviembre acoso sexual de un superior del Fondo de Vigilancia y Seguridad. / Gabriel Aponte

El 18 de septiembre del año pasado, a Stella García, una abogada de 49 años que en ese entonces trabajaba en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, la vida se le partió en dos. Asegura que Camilo Andrés Páramo, funcionario de la misma entidad, la hizo pasar a su oficina, le ordenó cerrar la puerta, se bajó la cremallera, se sacó los genitales y le dijo que tenía que practicarle sexo oral o, de lo contrario, “no respondería por lo que iba a pasar”.

García cuenta que en 2006 Páramo ya le había ofrecido mejores condiciones laborales en el Jardín Botánico (donde ambos trabajaban), a cambio de tener relaciones sexuales. En esa ocasión ella guardó silencio ante la indiferencia de sus superiores al contarles la situación, pero esta vez no dudó en acudir a otras autoridades.

A los dos días, pensando que la solución era hablar con el alcalde Gustavo Petro, fue hasta donde Jairo Rubio, un asesor del despacho, quien grabó la conversación y le prometió que “se encargarían”. Según ella, luego de un mes de espera la respuesta fue la siguiente: “Es un caso difícil, no observamos ninguna falta, son cosas normales que les pasan a las mujeres”.

El 10 de octubre, García optó entonces por interponer una denuncia penal por el delito de acoso sexual contra su agresor. Sin embargo, como ella misma lo expresa, denunciar le salió muy caro: recibió comentarios hostiles y burlas por parte de sus jefes, cada mañana encontraba su escritorio desbaratado y documentos perdidos; desconocidos llamaron a su familia solicitando la dirección de su residencia y el 12 de octubre un hombre la llamó a su celular y le advirtió que si no recogía un paquete negro de un teléfono público en el centro de Bogotá, asesinarían a su madre.

La mujer, asustada, obedeció las órdenes que le daban: “camine y ni se le ocurra avisarle a alguien, porque lo que usted lleva son explosivos”. Sin embargo, con apenas unos minutos de pesadilla, un séquito de policías la capturaron. Habían recibido un mensaje del mismo número del que llamaron a García, en el que denunciaban que una mujer con sus características llevaba una bomba para perpetrar un atentado.

Los policías la detuvieron y encontraron en la bolsa varios proyectiles de arma de fuego, razón por la cual fue detenida y luego dejada en libertad mientras se adelantaba la investigación que correspondía. El 30 de diciembre recibió la notificación de que su contrato en el Fondo de Vigilancia se terminaba, al igual que el de ocho compañeros que nunca le dieron la espalda.

Hoy, precisamente, se celebra la audiencia de acusación en contra de ella y se decidirá jurídicamente su situación. Según Nelly Osorio, su abogada, “la Fiscalía podría solicitar la revocatoria de la libertad. Podría ir a la cárcel”.

Así, mientras su caso por porte ilegal de municiones marcha a pasos de gigante, los avances de la denuncia que Stella instauró por acoso sexual son incipientes. “Se trata de una mujer doblemente vulnerada, porque denuncia un delito que sigue en la impunidad y es señalada de otros delitos. La culpable termina siendo ella”, afirma Martha Sánchez, secretaria de la Mujer de Bogotá.

De acuerdo con Viviana Rodríguez, investigadora de la corporación Sisma Mujer y quien ha acompañado a García en su búsqueda de justicia, en cinco meses se han asignado tres fiscales diferentes para el caso, quienes en promedio han tenido sólo un mes para conocer la investigación y por lo cual ninguno ha podido tomar decisiones. Esta misma advertencia la hizo la Procuraduría 24 Judicial de Bogotá en diciembre: el organismo detectó que no se contaba con un plan de investigación y dio órdenes para recoger elementos de prueba; sin embargo, el proceso sigue paralizado.

De otro lado, cuenta Rodríguez, “como suele suceder con las víctimas de delitos sexuales”, el tratamiento por parte de la justicia es “denigrante”. En el caso de Stella García —según Sisma—, funcionarios de la Fiscalía le han manifestado que los elementos de prueba recogidos no demuestran que el acoso sexual haya ocurrido (porque ninguna de las personas entrevistadas estaba presente) y que su relato es inverosímil.

Lo cierto es que el lugar de trabajo es un escenario recurrente de acoso sexual. De acuerdo con una encuesta de Ipsos Napoleón Franco sobre el tema, en 2012 el 85% de las mujeres colombianas reconoció esta forma de violencia en el ámbito laboral como una problemática vigente.

Sin embargo, la ley es débil al respecto. Aunque en Colombia el acoso sexual fue establecido como delito a través de la Ley 1257 de 2008, según Linda Cabrera, coordinadora del área de No Violencias y Acceso a la Justicia de Sisma, “la violencia contra la mujer aún tiene un importante subregistro, a lo que se suma que para la sociedad y las autoridades aún no es claro qué conductas corresponden a este delito”.

La misma ley establece que el Ministerio de Trabajo es el encargado de vigilar que las ARP (Administradoras de Riesgos Profesionales), los empleadores o contratantes tramiten las quejas de acoso sexual. También, el Decreto 4463 de 2011 estableció que dentro del Programa de Equidad Laboral se crearía un protocolo para recibir las quejas de acoso sexual y se proveería la asesoría jurídica y psicológica a las víctimas.

A la fecha no se conoce dicho protocolo ni las acciones que adelanta el Ministerio para hacer efectivas las medidas de prevención y atención del acoso sexual en el trabajo, tampoco se conocen las medidas incorporadas al sistema de riesgos laborales para atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual ni se sabe de planes para la prevención del acoso sexual en las empresas.

En cuanto a la respuesta del Fondo de Vigilancia por el caso de García, lo único que se conoce es un comunicado público de la gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, Natalia de la Vega, donde reconoce “la gravedad que reviste la violencia sexual a mujeres en el ambiente laboral en nuestro país” y confirma que camilo Andrés Páramo fue destituido.

Sin embargo, según ha indagado Sisma Mujer, en la entidad no se han adoptado medidas para atender el acoso sexual y laboral. Se espera que con el programa Justicia de Género, que impulsa la Secretaría de la Mujer para incentivar la denuncia en 20 localidades de la ciudad, la situación mejore para mujeres como Stella.

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@marianaesrol

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